Análisis: Procesos de consulta pública en los Planes de Descontaminación Atmosférica | (CR)2

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    Luis Cordero y Ximena Insunza[1]

    Según la evidencia levantada en relación con la creación de los Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PP y/o DA) y los procesos de consulta pública de los mismos, es posible constatar que en ellos participan personas naturales y jurídicas , cuyo porcentaje varía dependiendo de la zona en la que se esté elaborando el plan. En el caso de las personas jurídicas, estas son regularmente incumbentes u organizaciones sociales en la defensa de intereses ambientales, mientras que, en el caso de las personas naturales, la participación es muy diversa, encontrándose desde personas que tienen una preocupación por la afectación de su propio modo de vida hasta aquellas con vocación de protección ambiental.

    Las observaciones realizadas en los procesos de consulta evidencian nítidamente la distancia entre la pretensión de la normativa y su ejecución. El análisis muestra que las observaciones hechas por los participantes se caracterizan por: (a) requerir más información al regulador sobre las medidas, (b) desconfiar de la utilidad de estas e (c) informar sobre situaciones históricas. Así, la mayoría de las observaciones no tienen que ver con el contenido de las medidas de los PDA, sino que sostienen opiniones sobre otras cuestiones vinculadas, en general, a la calidad de vida de la zona afectada.

    En relación con el nivel de participación, la cifra resulta particularmente baja, alcanzando en la mayoría de los casos menos del 5 % de la población de cada comuna. Lo anterior podría encontrar su explicación en problemas de difusión de la información y educación ambiental, y una ausencia de herramientas adecuadas debido a la brecha de conocimiento, lo que podría limitar el acceso de determinados grupos de la población. A su vez, en términos de efectividad de la participación, es posible afirmar que no existe una incidencia real de la ciudadanía en el texto final de un PP y/o DA, lo que podría explicarse tanto por los problemas antes mencionados, como por la postura pasiva y crítica de los participantes, quienes no asumen un rol co-constructor en el proceso. Lo anterior resulta en que las observaciones que tienen una pretensión de modificación de la redacción del articulado del plan son escasas y manifiestan más bien desconfianza respecto de la institucionalidad y del mecanismo de elaboración del instrumento (Cordero et al., en revisión).

    En resumen, hoy en día la estructura, diseño, aplicación y fiscalización de los PDA posee una serie de problemas, específicamente en términos de participación social, consideración del conocimiento científico y capacidad de reformulación, que reflejan la creciente tecnificación del proceso político de toma de decisiones. Como consecuencia, los planes corren el riesgo de convertirse en herramientas inadecuadas para la toma de decisiones, sea por su falta de legitimidad social, su desconexión con los últimos hallazgos científicos con relación al problema de la polución o su restringida capacidad de respuesta.

    Notas

    [1] Agradecemos el trabajo de Antonio Pulgar y las memorias de pregrado y postgrado elaboradas por Débora Quiero y Susana Figueroa.