“Candidaturas presidenciales y cambio climático” por Maisa Rojas

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Columna de Opinión de Maisa Rojas, investigadora asociada de la línea de Modelación y Sistemas de Observación del (CR)2 y académica del Departamento de Geofísica U. de Chile. Publicada en El Mercurio.

Estamos a poco más de dos meses de la próxima elección presidencial y aún tenemos poca información sobre cómo pretenden los distintos candidatos enfrentar el cambio climático y sus consecuencias, cada vez más evidentes. Y es que sigue primando una percepción generalizada de que el problema debe ser abordado desde una visión científica y ambiental. Sin embargo, por la transversalidad de los desafíos que nos presenta el calentamiento global, estos son también políticos y económicos, ofreciéndonos la gran oportunidad de transformar nuestras sociedades y mejorar políticas públicas ligadas a la salud, economía, descentralización, educación, reducción de pobreza y, en última instancia, igualdad.

El contexto nos obliga a tomar medidas. En la institucionalidad mundial nos hemos propuesto limitar el calentamiento del planeta a 2 °C por sobre la temperatura promedio del período preindustrial. Estos 2 °C “extras” permitirían al cambio climático y evita sus impactos más nocivos y extremos, como la desaparición de islas con el aumento del nivel del mar, mayores sequías y olas de calor. Para lograr estos objetivos, la ciencia nos dice que queda una cuota finita de gases de efecto invernadero que podemos quemar.

Con este panorama, Chile, como el resto del mundo, deberá implementar medidas para mitigar y reducir sus emisiones de carbono y, eventualmente, eliminarlas en unas décadas, tal como se pactó en el Acuerdo de París.

¿Pero dónde están las oportunidades? Pensemos, por ejemplo, que una matriz energética no basada en combustibles fósiles (termoeléctricas) no solo nos permitiría reducir las emisiones, sino que además traería beneficios a la salud de la población, al asegurar el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Y si esto se complementa con la introducción de transporte eléctrico y fuentes más limpias de calefacción, se reduciría aún más la contaminación de ciudades, haciéndolas más justas e integradas.

Por otra parte, en un abastecimiento más local de energía permitiría reducir considerablemente los costos de distribución y cubrir de mejor forma las necesidades energéticas específicas de las distintas localidades. Esto aportaría a una verdadera descentralización y ordenamiento territorial para mejorar las potencialidades de cada región, y de paso, supera conflictos socioambientales.

La economía también se verá beneficiada. La construcción de infraestructura resiliente a eventos ambientales extremos supondría una fuerte reactivación, al requerir inversión y mano de obra especializada. Empleos verdes que también serían necesarios para desarrollar las múltiples oportunidades para desarrollar las múltiples oportunidades de energía renovable que nos entrega la geografía de nuestro país.

Chile ha tenido profundas discusiones sobre educación en los últimos años, incluyendo la necesidad de contar con una educación de calidad en todos los niveles, que permita a nuestros niños y niñas enfrentar los desafíos del siglo XXI. Pasar de una economía basada en la explotación  de materias primas a una con mayor valor agregado, a través de la tecnología e innovación, implicaría desarrollar estas habilidades para un desarrollo sustentable. Y asimismo, porque existe una estrecha relación entre pobreza y degradación ambiental, y el cambio climático viene a exacerbar esta relación, nuestras aspiraciones de crecimiento y de erradicación de la pobreza no se alcanzarán sin enfrentar el cambio climático, y viceversa.

Esas oportunidades se podrán ir concretando en el mediano plazo, en la medida en que como sociedad vayamos entendiendo los efectos del cambio climático. En el corto plazo, el Acuerdo de París incluye la medición y el monitoreo de los avances en mitigación de cada país según sus compromisos, los que deben ser revisados cada cinco años para hacerlos más ambiciosos. Esto claramente requiere de un plan intersectorial, para evaluar el costo y beneficio de las medidas que se vayan implementando. Para esto parece dudoso que el carácter voluntario que actualmente impera en nuestros gobiernos sea suficiente. Tal como varios estudios han sugerido, una ley marco de cambio climático que les asigne presupuesto y obligaciones a los distintos sectores parece una medida fácil y efectiva de adoptar, y de paso, aportar a la modernización del Estado.

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