Los gigantes del bosque en Chile están comenzando a deshacerse de grandes hectáreas de terreno para emprender en un proyecto de mayor eficiencia y sostenibilidad. Para los fondos de inversión y de pensiones que han aprovechado de esta oferta, las oportunidades son múltiples, desde la participación en un mercado financiero que cada vez requiere más activos verdes, hasta la creación de innovadores verticales en los terrenos.
Por Sol Park
El 7 de mayo de 2021, el mercado de futuros de la madera cerró en US$ 1.670,50, alcanzando un máximo histórico sin precedente en los gráficos y un aumento de casi 543% respecto al mínimo de 2020 (U$ 259,80 el 4 de abril). Pese a este escenario, las mayores compañías forestales y de celulosa en Chile han comenzado a desprenderse de miles de hectáreas de bosques.
Uno de los anuncios más recientes fue realizado en marzo de este año por la compañía de origen chileno Arauco, el área de celulosa y madera de Empresas Copec, cuando anunció la venta de 461 predios forestales que suman 80.489 hectáreas entre la región de O’Higgins y Los Lagos, al sur de Chile, por US$ 380,5 millones más IVA.
El consorcio que efectuó la compra fue representado la administradora de fondos BTG Pactual Asset Management y también participaron el gestor de inversiones en tierras forestales Timberland Investment Group (TIG), el gestor canadiense de activos British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y el fondo holandés de pensiones APG.
La compañía perteneciente al grupo Angelini y posicionada en el puesto 44 del raking multilatinas de AméricaEconomía afirmó que la razón por la venta de estos terrenos fue una decisión estratégica que busca poner foco, vendiendo ciertos activos forestales que se encuentran en zonas más alejadas de las principales operaciones industriales de la compañía.
Arauco no fue la única en realizar este tipo de compra-venta forestal. En principios de abril de 2020, Forestal Masisa puso a la venta todos sus terrenos en Chile y ese mismo mes anunció el traspaso de 78.220 hectáreas a Forestal Tregualemu, propiedad de GFP Chile Timberland Holdings que tiene como inversionistas a PSP Investments, uno de los mayores fondos de pensión para el sector público de Canadá, y Global Forest Partners, de Líbano.
Por su parte, el holding forestal y papelero chileno Empresas CMPC decidió traspasar cinco predios a comunidades indígenas y su presidente, Luis Felipe Gazitúa, fue claro al enfatizar, durante el Encuentro Nacional de la Agricultura del año pasado, que “no tenemos intereses en tener tierra por tener tierra. Nosotros tenemos tierra para producir celulosa y es perfectamente posible que el mundo mapuche se integre a la producción».
“El negocio de las forestales no es necesariamente poseer tierra”, dice Rodrigo Arriagada, el director del Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP) y profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Chile. “Lo que Forestal Arauco necesita es un flujo continuo de materia prima que permitan alimentar sus plantas y desarrollar sus actividades”, añade.
Según Arriagada, las grandes empresas dejaron de adquirir tierra desde hace varios años y una de las principales razones es la financiera, ya que concentrar la actividad en un espacio geográfico hace que la operación sea más eficiente.
Este fenómeno registrado en Chile no es independiente de los sucesos internacionales. Según Michael Craig, líder para la industria forestal de Accenture Norteamérica, “muchas compañías en América del Norte y Europa ya no amarran sus activos financieros en la tenencia de tierras, sino que en cambio se abastecen de materiales de madera de otros terratenientes y prefieren tener operaciones enfocadas en producir productos finales como una compañía de productos forestales”.
Valor de un bosque
A la hora de valorar un bosque, tradicionalmente, se toma en cuenta el precio del recurso económico, como la madera y la leña que se pueden extraer del terreno. Pero estas áreas silvícolas, a su vez, ofrecen beneficios que hasta el momento no son cuantificables; son denominados en la academia como “servicios ecosistémicos” y que van más allá de la madera.
Entre estos servicios se encuentran la regulación climática, protección de biodiversidad, la belleza escénica, el almacenamiento de carbono, la regulación hidrológica, ofrece fertilidad del suelo, polinización y mucho más.
“Tasar un bosque hoy puede ser algo súper complicado, pero aquellos que están comprando las tierras forestales están comenzando a ver este aspecto, lo que convierte a los bosques en activos aún más interesantes”, dice Rodrigo Arriagada.
Pese a que es una tendencia bastante reciente, ya no es raro que las administradoras de fondos de inversión o de pensiones se vean presionadas por sus clientes y reguladores a realizar inversiones de impacto en términos ambientales o sociales. Es decir, ya no prima solo la rentabilidad, sino que los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) se han añadido como un factor importante a la hora de tomar decisiones sobre futuras inversiones.
“Para un fondo de pensión, las plantaciones forestales pueden ser una gran compensación de inversiones de riesgos más tradicionales, y proveen oportunidades de inversión de tipo ASG para aquellos que buscan estos criterios”, dice Michael Craig. “Se espera que las tendencias en inversiones ASG sigan creciendo, llevando a que los bosques plantados sean la fuente importante de estas inversiones verdes”, agrega.
Los activos globales en ASG están en el camino de exceder US$ 53 billones para 2025, representando más de un tercio de los US$ 140,5 billones de activos totales bajo administración, según Bloomberg Intelligence.
De este universo, América Latina representa el tercer destino de inversión (12%), después de Estados Unidos/Canadá (30%) y Europa Occidental (15%), según la encuesta anual de inversionista de impacto 2020 de Global Impact Investing Network, la organización sin ánimo de lucro que aboga por la inversión de impacto. El mismo estudio afirma que la región experimentó un crecimiento de 21% en inversiones ASG para el período 2015 y 2019, pasando de US$ 6.216 millones a US$ 13.167 millones.
La narrativa cuadra con las razones que expuso TIG al firmar la adquisición de los bosques de Arauco en el sur chileno. El jefe del grupo inversor y partner en BTG Pactual, Gerrity Lansing, dijo que “esta transacción ofrece tanto la escala, como también los requerimientos de alta sostenibilidad que hemos estado buscando”. “Los activos forestales que estamos comprando están todos certificados bajo la certificación FSC del grupo Arauco para asegurar que están siendo administrados de tal forma que es medioambientalmente responsable, conserva la diversidad biológica y beneficie la vida de las personas locales y trabajadores”, añadió el administrador de cartera senior de APG, Vittor Cancian.
Bosque nativo vs. bosque plantado
La certificación FSC mencionada por Cancian hace referencia al instrumento de gestión entregado por la organización no gubernamental con sede en Alemania, el Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés). Al ser acreditados con esta herramienta, los propietarios o administradores de bosques pueden demostrar que están manejando sus terrenos de manera responsable, y que sus productos provienen de las mejores prácticas.
La forestal del grupo Angelini también tiene otros certificados, como el de carbono neutralidad, logrando ser la primera compañía forestal del mundo en conseguir el título. Esto significa que los niveles de dióxido de carbono (CO2) que libera la empresa es menor a la que ésta captura. La compañía afirma haberlo alcanzado a través del mejoramiento de la eficiencia a nivel operacional, retención de carbono en sus activos y productos forestales y la incorporación de energía limpia y renovable.
“Hay que apoyar los instrumentos de certificación, porque han contribuido a que las cosas sean mejores. Pero a veces queda la duda de cómo se logran ciertos sellos cuando ves que lo que sucede en los territorios es otra cosa”, cuestiona Enrique Aliste, premio Nacional de Geografía 2018 y profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. “Mi hipótesis es porque más bien se estudian tablas, cifras, documentos e informes, y no necesariamente a los territorios que viven estas experiencias”, agrega.
En este contexto, los expertos consultados para este reportaje afirman que hay que analizar el real impacto socioambiental de los terrenos de las industrias forestales, como también el beneficio que representaría la inversión realizada por los inversionistas. No solo porque los estudios de las certificadoras sean menos rigurosas que aquellos realizados académicamente, sino porque tampoco existe un claro vínculo entre inversiones ASG y el mejoramiento medioambiental o social de la localidad.
Una de las falencias está relacionada con el hecho de que no existe una forma oficial de medir el valor del servicio ecosistémico de un bosque. En especial, no hay una diferenciación clara entre bosques nativos y bosques plantados, que es clave a la hora de analizar el verdadero impacto socioambiental, según el informe “Biodiversidad y cambio climático en Chile: evidencia científica para la toma de decisiones” elaborado por la mesa Biodiversidad del Comité Científico creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile para la cumbre internacional de cambio climático (COP 25).
En el caso de las plantaciones forestales, pueden capturar carbono en forma rápida, sin embargo, un porcentaje de ese carbono es liberado de nuevo a la atmósfera durante el proceso de producción y de procesamiento industrial, al usar combustibles, fertilizantes, herbicidas, transportes y otros. Por su parte, los árboles de los bosques naturales nativos logran un mayor almacenamiento promedio de carbono. “Para los bosques antiguos de alerce de la cordillera de los Andes, se estima un periodo de residencia del carbono de más de 1.300 años, el periodo más largo en el mundo”, dice el informe.
La diferencia también es crucial en el aspecto de recursos hídricos, especialmente en un contexto en el que se estima que la disponibilidad de agua podría bajar hasta 50% en la zona centro-norte y hasta 25% en el sur de Chile para el periodo 2030-2060, según la investigación de la Universidad de Chile. Por ejemplo, el informe advierte que los terrenos del país donde están plantados eucaliptus y pino consumen, en promedio, casi todo el porcentaje de precipitaciones anuales de la zona, mientras que un bosque nativo adulto requiere niveles mucho menores.
“No existen estudios científicos que atribuyan la causa de la sequía a la industria forestal, aunque se sabe que la demanda hídrica de los pinos y eucaliptos es alta”, explica Aliste. “Pero no deja de ser interesante que, cuando se le pregunta a las personas por qué los esteros están secos, responden que la culpa es del cambio climático. La culpa es de la naturaleza y no de las acciones que hemos desarrollado como humanos, y eso lo encuentro fascinante”, agrega.
Valor agregado e innovación
Más allá del valor que un bosque representa en un mercado global de activos, Antonio Lara, docente de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile e investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, destaca que el traspaso de terrenos a inversionistas internacionales es una oportunidad para diversificar la industria altamente concentrada en aspectos de propietarios, paisaje y de actividad industrial.
El doctor en geografía explica que, en el país, la industria forestal está concentrada en solo dos actores: Arauco y CMPC. Ambos conglomerados integran verticalmente su negocio, desde plantaciones, la industria y exportaciones, y ha llevado a generar distorsiones en el mercado, como el oligopolio y oligopsonio. De esta manera, controlan tanto la venta y exportación, como también la compra de materia prima y servicios, perjudicando a los consumidores, proveedores de metros ruma y trozos, contratistas forestales, transportistas, pequeñas y medianas empresas y potenciales competidores.
“Es sumamente favorable la introducción de nuevos inversionistas, porque contribuye a la entrada de nuevos actores y disminuye las características que da un mercado tan concentrado”, dice Lara. “No solo porque aumenta la competencia, sino sobre todo, porque es una fuente de innovación y de posible financiación a distintas actividades más sostenibles”, agrega.
Por ejemplo, si solamente existen dos actores que consumen productos forestales y son celulosas, estas solo necesitan madera sin mayor procesamiento. En el momento en el que surgen distintos consumidores, se crea la oportunidad de generar una industria de madera con mayor valor agregado, tales como la madera aserrada, tableros, fibra textil y otros productos innovadores.
También se desarrolla un ambiente propicio para generar nuevas industrias dentro de los mismos terrenos. En vez de utilizar todas las hectáreas para pinos o eucaliptos para la industria de celulosa, se puede destinar partes de bosques nativos para actividades como praderas, terrenos agrícolas o turismo.
“De todos los predios que compra BTG Pactual, no todo es plantación (de las 80.489 hectáreas adquiridas por TIG, 61.742 son productivas), siempre hay partes que no fueron plantadas, son bosques nativos o áreas de protección de cursos de agua. Entonces, con una perspectiva innovadora, se podría decir que aquí hay una oportunidad de negocio no solo relacionado a las plantaciones, sino también sostenible en carbono, conservación y biodiversidad”, dice Lara. “Y, si se diversifica el paisaje, disminuyendo las hectáreas de plantaciones continuas, se puede reducir mucho el riesgo de incendio y su propagación”, añade.
De hecho, TIG posee una unidad de negocio llamada Hunting Leases que entrega servicios de obtención de licencia de caza para ciertos terrenos, como también ofrece arriendo de cabañas en bosques que el grupo de inversión posee en Estados Unidos (con posibilidad de acceder a áreas exclusivas para la caza). Según reportó el Diario Financiero, todavía no está definido si esta actividad se llevará a cabo en Chile, pero no está descartado.
Por otra parte, actores de la industria como Masisa están tomando medidas más drásticas. En el especial de Corporate Venture Capital de AméricaEconomía, Rafael Wadnipar, el gerente de innovación, negocios y plataformas de la empresa chilena afirmó que la compañía estaba en un proceso de concebir una Masisa 2.0, con una estrategia comercial orientada hacia el cliente final, con un fuerte enfoque en soluciones digitales y tecnológicas y de transformación del negocio tradicional.
Con este objetivo en mente, la forestal comenzó a vender sus activos forestales desde 2014, realizó actividades de innovación interna, como también desarrolló su brazo de inversión en Venture Capital, Masisa Capital Ventures, que invirtió en startups que crean innovaciones disruptivas. El ejecutivo afirmó que están realizando esta transformación para que, en 10 años, las soluciones desarrolladas junto a las startups representen el 20% a 30% del Ebitda de Masisa.
Si un árbol cae y nadie está cerca, ¿es de un privado?
Tal vez el lector que haya leído el reportaje hasta este bloque se pregunte: ¿y el Estado? En este aspecto, todos los expertos consultados son enfáticos al afirmar que la autoridad pública está ausente en la industria forestal.
“Está clarísimo que, como vamos, en la forma que manejamos los paisajes y plantaciones, vamos por pésimo camino. Cada década se han quemado superficies increíbles y sus daños van más allá de la plantación, es como si se invitara problemas a otros sectores que nunca lo pidieron y son víctimas de un modelo de desarrollo forestal que hay que definitivamente cambiar”, dice Antonio Lara.
Por ejemplo, el manejo de bosques y su regulación está bajo la tutela de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que es una entidad de derecho privado y no es un organismo público en sí. Esta realidad creó una serie de trabas para llevar adelante una administración sostenible de tierras forestales. Una de ellas es que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, elaborado en 1984, nunca pudo entrar en vigencia, porque solo lo haría una vez que la Conaf pase a ser un organismo público. Otra es que, en 2008, el Tribunal Constitucional rechazó por inconstitucional las facultades que la Ley de Bosque Nativo le otorgaba a la Conaf, tales como fiscalizar al interior de terrenos de particulares.
Por otro lado, en una geografía siempre existe un ordenamiento del territorio y políticas asociadas para llevar a cabo el uso del suelo o el cambio de su finalidad, que normalmente son llevadas a cabo por autoridades locales. En Chile, recién desde este año los gobernadores regionales tendrán la competencia en esta materia, como el fomento a las actividades productivas y el desarrollo social y cultural.
Además, existen leyes que están en el congreso local desde hace años, como la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas que está siendo discutida en el parlamento desde 2011, y la Ley de Cambio Climático, que fue propuesta a inicios de 2019. Y, si existen leyes promulgadas relacionadas a la protección, Rodrigo Arriagada, de la Universidad Católica, dice que son muy ineficientes.
“En prácticamente todos los países de América Latina tienen esquemas de pago directo por servicios ambientales, pero en Chile prácticamente no existen”, dice Arriagada. “Estamos muy atrasados en muchos aspectos y en eso soy muy crítico”, agrega.
El minimalismo estatal no sólo se manifiesta en el plano medioambiental, sino que Enrique Aliste, de la Universidad de Chile, advierte que, ya que la industria forestal es un oligopolio en el país, en la práctica impide el desarrollo de cualquier otra actividad en las zonas donde están ubicadas.
Por el otro lado, ya que el Estado chileno no fue capaz de prestar asistencia y ayuda a las personas, Aliste comenta que ese rol lo toman las compañías, prestando apoyo en distintas necesidades. Por ejemplo, Arauco tiene proyectos relacionados a la creación de viviendas y calidad de vida para sus trabajadores y vecinos, educación, comunidades mapuches, como también de mejora de la infraestructura y acceso al agua.
“Muchas de estas políticas nacen bien intencionadas y en términos concretos lo son. Pero pocas veces tenemos el espacio para ver si es lo que debiera ser frente a una idea de país soberano”, cuestiona Aliste. “El sector privado, las organizaciones sin fines de lucro y los académicos estamos todos jugando un papel muy importante, pero aquí hace falta el Estado”, concluye Lara.
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