Columna de opinión de Maisa Rojas, directora del (CR)2 y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Publicada en La Tercera.
El denominado “estallido social” de octubre de 2019, un movimiento multifacético y transversal que ha puesto en jaque al sistema político y a las instituciones, ha dejado 23 muertos, miles de heridos y numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. Además de estos lamentables y condenables hechos, la crisis ha tenido consecuencias significativas en la agenda país. Por ejemplo, la cancelación de las cumbres APEC y COP25 que tendrían lugar en Santiago en los meses de noviembre y diciembre, respectivamente.
Las demandas sociales más escuchadas en estos días han sido la mejora de las pensiones y del salario mínimo, y el acceso a educación y salud. Pero también terminar con las “zonas de sacrificio” y los derechos de agua privatizados, todo apuntando a una sociedad altamente desigual que se remonta a la dictadura y que se ha profundizado desde el regreso a la democracia.
La crisis es un ejemplo de lo que el Informe Global de Riesgos 2019 del Foro Económico Mundial denomina “inestabilidad social profunda”, considerado el tipo de riesgo más interconectado a otros, debido a su complejidad y a que además ocurre en un contexto de cambio climático. Sabemos por la literatura que el cambio climático amplifica las inequidades sociales, afectando a las poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, y en concordancia con las proyecciones climáticas, solo podemos esperar más de estas crisis sociales en el futuro.
La demanda por equidad ilustra también lo que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) identifica como la necesidad de realizar transformaciones sin precedentes en la historia de la humanidad para así limitar el calentamiento global a 1,5°C. Claramente, estas transformaciones no solo deben considerar el ámbito técnico práctico, sino también en las esferas personales (valores, cambios de paradigmas) como políticas (instituciones y gobernanza).
La crisis nos enrostra claramente que cualquier decisión tomada por Chile en relación al cambio climático deberá implementarse con un amplio acuerdo social: como la carbono neutralidad al 2050 o la Estrategia de Largo Plazo ante el Acuerdo de París, para lograrla. En otras palabras, y en coherencia con el objetivo general de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo fundamental para abordar el cambio climático es “no dejar a nadie atrás”. En ese sentido, y gracias al acuerdo alcanzado la semana pasada, la posibilidad de cambiar nuestra Constitución asoma como una iniciativa acorde a la necesidad de realizar estas transformaciones profundas de manera participativa.
Es crucial que esta conexión entre las crisis sociales y climáticas se pueda establecer en la COP25 en su nueva sede en Madrid, de lo contrario se perderá la oportunidad que cada crisis puede y debe traer. Aunque complejiza aún más la implementación de cambios, enfrentar bien esta crisis permitirá construir un piso sólido de cohesión social sobre la cual construir una sociedad más justa y resiliente a todos los desafíos el siglo XXI, incluido el cambio climático. Y también para mostrar a los chilenos y a las chilenas que mantener la presidencia de la COP valdrá la pena en estos tiempos inciertos, pero también llenos de esperanza para las generaciones presentes y futuras.