Columna de opinión de Antonio Lara, investigador del (CR)2 y académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile. Publicada en El Desconcierto.
Nuestro país está ad portas de redactar una nueva Constitución donde se espera que se plasmen las necesidades y los requerimientos de una sociedad que exige una Carta Fundamental acorde a nuestro tiempo. Uno de los ámbitos que necesita ser abordado es el del medioambiente y el cambio climático, que están cercanamente relacionados y sobre los cuales existe un interés y preocupación crecientes. El pilar que cohesiona y da sustento a los contenidos de la Constitución en materia ambiental y de cambio climático es el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, y el deber del Estado es crear instancias y mecanismos para defender estos derechos (por ejemplo, una procuraduría). Estas ideas fueron planteadas en forma pionera desde comienzos de la década de los 80 por Godofredo Stutzin (1917-2010), abogado de profesión, uno de los padres de la conservación en Chile y quien además recibió el Premio Luis Oyarzún de la Universidad Austral de Chile en 2001.
Como seres humanos necesitamos cada día de la Naturaleza, la cual está formada por los ecosistemas, los procesos ecológicos tales como la captura de carbono, el flujo de energía, el ciclo del agua y los nutrientes, la biodiversidad, etc. Como sabemos (aunque con frecuencia se nos olvide) el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, nuestros sistemas de producción, recreación en Parques Nacionales y, en definitiva, nuestro bienestar depende de la Naturaleza. El clima es parte de esta Naturaleza y los procesos y componentes mencionados y nuestras actividades afectan al clima. Por lo tanto, somos parte de la Naturaleza y no sus enemigos que la maltrata y la destruye, pues al hacerlo nos estamos dañando a nosotros mismos e hipotecando nuestro futuro y el de las futuras generaciones.
Lo anterior plantea la necesidad de proteger y manejar adecuadamente los ecosistemas y el medioambiente donde vivimos, o en áreas remotas de donde extraemos diferentes recursos y materias primas, no sólo desde una visión antropocéntrica, sino entendiendo que nuestras acciones u omisiones afectan otros componentes, procesos y formas de vida que son parte de la Naturaleza que tenemos el deber de resguardar. En una forma similar, el cambio climático, originado por las emisiones antrópicas de CO2, metano y otros gases, está llevando al calentamiento del planeta con graves consecuencias para los procesos y las múltiples formas de vida, no sólo para la humanidad.
Además de ser un tema de principios reconocer los derechos de la Naturaleza (de la cual el medioambiente y el clima forman parte), nuestro conocimiento actual siempre nos va a jugar en contra de la ilusión de que hay un límite en que podemos afectar a otros componentes de los ecosistemas sin vernos afectados. La investigación científica y otras formas de conocimiento nos muestran cada día que ese límite se desplaza y nos vemos afectados/as: simplemente era una cuestión de tiempo.
En conclusión, una nueva Constitución que contenga una visión de futuro del país que queremos construir debe reconocer que la Naturaleza tiene derechos. Este sería un gran paso en su beneficio… y de nosotros/as.