Desarrollo sustentable: la clave medioambiental en el proceso para crear una nueva Constitución (Noticias U. de Chile)

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    Académicas y académicos de la Universidad de Chile plantean que las demandas ciudadanas asociadas al medio ambiente están cruzadas principalmente por el actual modelo de desarrollo del país. Las zonas de sacrificio, el acceso de la población al agua y la conservación de los ecosistemas, señalan, son materias que dan cuenta de deficiencias en la gestión de nuestros recursos derivadas de principios consagrados en la Carta Fundamental de 1981.

    Por Cristian Fuentes

    La sequía más grande de nuestra historia y la gestión deficiente del recurso por parte del Estado; los problemas de salud de la población y el estado de los ecosistemas en las zonas de sacrificio; o la depredación de nuestro entorno y biodiversidad por un modelo extractivista con escasos límites a la actividad económica son algunos de los temas que han puesto al medio ambiente en la primera línea de las demandas ciudadanas frente al proceso constituyente. La alerta en esta materia la dio recientemente también el Informe País sobre medio ambiente, estudio desarrollado por la Universidad de Chile que alertó del grave, progresivo y generalizado deterioro de los ecosistemas chilenos.

    La discusión sobre medio ambiente y nueva Constitución es central, particularmente en momentos en que se desarrolla la COP25 en Madrid, instancia donde nuestro país tiene un rol fundamental en los compromisos que se adoptarán. Académicas y académicos de la Universidad de Chile, de distintas disciplinas, explican que la relación entre las inequidades sociales y los problemas medioambientales, el rol subsidiario del Estado y el concepto de desarrollo sustentable son algunas de las claves para entender la situación actual y formular respuestas en el camino hacia una nueva Carta Fundamental.

    Pilar Moraga: Medio ambiente v/s libertad económica

    El artículo 19 de la Constitución, en su punto N°8, establece “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, que se encuentra en la mayoría de las constituciones del mundo y debiera ser el piso de la futura Carta Fundamental chilena, no ha impedido la continuidad de las “zonas de sacrificio”. Esta situación, explica la profesora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Pilar Moraga, tiene “relación con la predominancia del desarrollo de la actividad económica por sobre la protección real y material del bien jurídico medio ambiente. Vemos que hoy la libertad económica tiene como límite la moral, el orden público y la seguridad nacional. En ese sentido, el medio ambiente queda fuera de los límites de esta libertad económica”.

    La discusión de esta materia en la futura Constitución, plantea, debiera resolver “a qué pacto social vamos a llegar en el tema de desarrollo y qué lugar va a ocupar el medioambiente en ese contexto, si vamos a buscar realmente un equilibrio entre los tres pilares de la sustentabilidad que son el desarrollo social, económico y medioambiental. Hoy el medio ambiente es una molestia o una barrera al desarrollo”. Destaca además que “la definición política de la gestión del territorio es muy importante para efectos de cómo vamos administrar el entorno y el medio ambiente a nivel territorial, qué rol vamos a dar a los gobiernos locales, regionales y a nivel central”.

    Pilar Barría: La urgencia hídrica

    Los 10 años de sequía han evidenciado con brutalidad, particularmente en Petorca – La Ligua, las deficiencias del sistema de manejo del agua en Chile, comenta la académica de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza y directora del Grupo Internacional de Investigación Hidrológica (GIIH), Pilar Barría. “En Chile hay muchas fallas del mercado principalmente por información y falta de transparencia, en cuanto a cómo se gestiona y cuál es el grado de intervención del Estado para poder satisfacer y asegurar el consumo humano de agua potable y también para asegurar la conservación de nuestros ecosistemas”.

    Uno de los grandes problemas de este modelo, afirma la académica, tiene que ver con la gestión del recurso por parte del Estado, principalmente por las distintas instituciones que otorgan derechos de agua sin mayor control y con valores de caudal fijo. Por esto, propone como medida urgente “cambiar cantidades fijas por porcentajes de lo que hay disponible y de esa manera ajustarse a las variabilidades climáticas”. Actualmente, señala, existe un instrumento para que el Estado pueda mantener reservas de agua, pero que opera sólo para derechos de agua de 2005 en adelante. “Creo que esas reservas deberían operar incluso para las cuencas que estaban agotadas antes del año 2005, que estas medidas fueran retroactivas. Me parece que es fundamental tener asegurada una reserva para consumo humano y para el ecosistema”, sostiene.

    Claudia Heiss: expresión de la desigualdad

    El tema medioambiental se presentó como una inquietud muy transversal en los Encuentros Locales Autoconvocados y en los cabildos provinciales y regionales del proceso impulsado durante el gobierno de Michelle Bachelet, asevera la académica del Instituto de Asuntos Públicos e integrante de la Comisión Técnica del proceso constituyente, Claudia Heiss. La prioridad de esta materia para la gente, asegura la académica, se debe a que “la actual Constitución ha protegido un modelo de mucha prescindencia estatal, que en el fondo ha sido la causa tanto de la precarización de la vida de las personas como de la fragilidad del medio ambiente. Los problemas relacionados con el medio ambiente son otra expresión de la desigualdad en Chile, que debería corregir la nueva Constitución”.

    “Esta idea del Estado subsidiario y el reforzamiento que la Constitución hace del derecho de propiedad y el libre emprendimiento termina poniendo estos derechos por sobre otros que tienen que ver con el bien común, como el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, señala la académica, quien agrega que “la protección del medio ambiente hoy día requiere una acción mucho más fuerte del Estado. No tengo duda que una Constitución elaborada en forma democrática va a generar criterios mucho más robustos de bien común y de primacía del interés público”.

    Alvaro Promis: el medio ambiente sobre todo

    El año 2008 fue publicada la ley para la protección, conservación y recuperación del bosque nativo chileno. Tres años después, el académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza, Álvaro Promis, fue parte del estudio que dio a conocer que se estaban perdiendo cerca de 27 mil hectáreas de bosque al año por cambio de uso de suelo. Esta situación continuaría produciéndose a una tasa de 20 mil hectáreas anuales, de acuerdo al Informe País, a lo que se sumarían otras 20 mil hectáreas que estarían en proceso de degradación.

    Por esta razón, el académico plantea que en el marco de una nueva Constitución “la sustentabilidad debe ser el modelo en el cual se base nuestra relación con el medio ambiente, pero hay que establecer qué vamos a entender por sustentabilidad. Debemos aspirar a una relación distinta a la que equipara economía, medio ambiente y sociedad. Esto lo digo porque la sociedad no es ajena al medio ambiente y una acción de la sociedad es desarrollar la economía. La economía puede crecer hasta que la sociedad la necesite y la sociedad puede crecer tanto como el medio ambiente lo permita”. Asimismo, plantea que uno de los temas centrales es discutir sobre el concepto de Estado subsidiario presente en la actual Carta Fundamental, a través del cual el Estado ha dejado de hacerse cargo de su rol social sobre el territorio.

    Reinalina Chavarri: Hacia un nuevo modelo

    La senda que pueda marcar la COP25 respecto a la transición hacia un nuevo pacto en medio ambiente es fundamental para la profesora de la Facultad de Economía y Negocios, Reinalina Chavarri. “El desarrollo sostenible es el modelo que hoy va orientando las definiciones de los países, si nos queremos comparar con la OCDE. Ahí tenemos un gran camino y los mejores casos para ver cuáles son las prácticas que más nos acomodan”, afirma. Este cambio hacia una economía circular, agrega, debe ser una transición armónica y con una visión de largo plazo a 20, 30 y 40 años.

    A nivel local, indica, el tema que tensionará la discusión y en el que no habrá una convergencia inmediata es el de la propiedad, particularmente sobre el agua y su consideración como bien público y derecho humano. “Aquí viene la discusión sobre los principios, si vamos a ir de un estado subsidiario a uno que tenga una mayor capacidad de cooperación o de compartir los costos y beneficios”.

    Hasta ahora los impactos medioambientales han sido considerados sólo como una externalidad de la actividad económica. “Esto no ha sido prioridad, lo que ha generado unas brechas sociales que no son recogidas por los modelos de negocios, ni por la política, ni por quienes se tienen que hacer cargo de la fiscalización”, señala la profesora Chavarri, agregando que “el medio ambiente nos ha venido hoy a demostrar que es una parte sustantiva al pensar en negocios de largo plazo y en economías que sean sostenibles, integradoras e inclusivas, y que generen desarrollo y crecimiento para todos”.

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