Investigadora (CR)2 participa en reuniones internacionales para abordar el cambio climático y los riesgos de desastres

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    Panamá y Colombia fueron las sedes de ambas actividades, en donde se buscaron generar instancias de conversación para promover la incorporación del cambio climático en los diferentes aparatos legislativos de los países de la región.

    Por Michelle Ferrer Solar

    Promover la discusión y generación de espacios vinculantes en materia de jurisdicción medioambiental a nivel internacional es lo que buscaron las dos actividades en donde participó Pilar Moraga, investigadora (CR)2 y del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

    Bajo el título de “Diálogo sobre la reducción del riesgo de desastres”, se realizó este 22 y 23 de febrero en Panamá, un encuentro organizado por ParlAmericas y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), en donde se invitó a parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe a discutir en torno al llamado realizado por los países signatarios del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

    De acuerdo a los organizadores, las y los participantes compartieron información sobre legislación existente o en proyecto de formulación que aborden esta materia en sus respectivos países; de manera que apoye el diálogo sobre el rol fundamental de los parlamentos en la implementación de planes de acción en la reducción del riesgo de desastres.

    Esta reunión, además de ser un espacio en donde se presentaron conocimientos técnicos y diversas formas en las que se puede contribuir a la reducción del riesgo de desastres en los países del hemisferio, marcará el inicio de la elaboración de un nuevo protocolo parlamentario sobre reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.

    En esta oportunidad, Pilar Moraga participó como expositora en la sesión 1 del encuentro, presentando una introducción a los conceptos claves de la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Al respecto señaló que “este tipo de espacio es fundamental porque tiene un enfoque regional y en la región hay un nivel de vulnerabilidad alto en muchos países, por lo que el trabajo parlamentario es fundamental para integrar un enfoque preventivo en la reducción de desastres y mejorar las condiciones de adaptación, resiliencia ante fenómenos intensificados por el cambio climático”.

    Pacto Global en Colombia

    Continuando con la agenda de la investigadora, también tuvo oportunidad de asistir este 1 de marzo en Bogotá, Colombia, al Simposio Internacional “Pacto Mundial para el Medio Ambiente”, en donde se conversó sobre la importancia de redoblar esfuerzos para la protección de los ecosistemas del mundo que están siendo amenazados por la degradación ambiental, la destrucción de los recursos naturales y el cambio climático.

    En este sentido, la Procuraduría General de  Colombia señaló que este evento se sustentó en el lanzamiento del Pacto Mundial para el Medio Ambiente y los esfuerzos diplomáticos para el Pacto que se realizaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017, teniendo como objetivo otorgar un valor jurídico vinculante a los principios generales del derecho internacional del medio ambiente existentes para ponerlos al alcance de los ciudadanos a través de un Tratado Internacional.

    Durante la jornada el tema de “Constituciones Verdes” fue abordado en el primer panel,  integrado por la exministra de Brasil, Marina Silva; el profesor emérito de la Universidad de los Andes, Manuel Rodríguez Becerra; el magistrado de la Corte Suprema de Hawaii (EEUU), Michael D. Wilson; la investigadora (CR)2, profesora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y miembro del equipo redactor del Pacto, Pilar Moraga, y el exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Mayr.

    En cuanto al pacto mundial de medio ambiente, Pilar Moraga destacó que “actualmente se está elaborando un texto de borrador para el proceso de negociación, lo que significaría contar con un tratado vinculante en materia de derecho a un medio ambiente sano, pasando a ser obligatorio para los Estados una vez sea aprobado.”

    “Esto vendría a contribuir a la consagración de este derecho en los textos constitucionales de los países, de manera de dar un contenido más preciso o bien dar carácter obligatorio a los principios que no necesariamente están reconocidos en la legislación nacional, como es en el caso de Chile con el principio precautorio”, concluyó la investigadora (CR)2.