- Este año se cumple el plazo para que todos los países firmantes de las Metas Aichi protejan al menos el 10 % de sus mares territoriales.
- Los océanos comenzarán a ser incluidos en las discusiones de la Convención Marco de las Naciones Unida sobre el Cambio Climático y un nuevo acuerdo para poner reglas en alta mar debería firmarse en 2020.
Por Michelle Carrere
El 2020 será un año clave para los océanos. Varios objetivos planteados por la comunidad internacional para proteger los ecosistemas marinos y la seguridad alimentaria de la humanidad deberían cumplirse este año. Entre esas metas figuran, por ejemplo, la obligación de que los países protegan por lo menos el 10 % de sus mares y de que se prohiban las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal y excesiva.
Además, 2020 será el momento para evaluar cuál es el avance y cumplimiento de diversos tratados internacionales que han buscado proteger a los océanos y, finalmente, el mar será considerado en las discusiones más importantes sobre cambio climático.
Los océanos en la próxima COP y la necesidad de un acuerdo latinoamericano
La vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, logró que por primera vez se incluya a los océanos como ecosistema clave al discutir las estrategias formales de mitigación y adaptación al cambio climático.
Así, en junio de este año, los océanos formarán parte de las discusiones formales del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA), encargado de prestar asesoría a la COP, cuando se reúna en Bonn (Alemania). Será un momento crucial, aseguran los expertos, porque de ese encuentro saldrán conclusiones que serán llevadas a la próxima COP, la número 26, que se desarrollará en Glasgow (Escocia).
Los expertos consideran que reconocer la importancia crítica de los océanos en el sistema climático de la Tierra, y por ende en el calentamiento global, ayudará significativamente a impulsar la ambición climática. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) señala que los océanos cumplen un rol fundamental en la regulación del cambio climático y, al mismo tiempo, sufren las consecuencias ocasionadas por él. “El océano absorbe casi el 30 % de todo el CO2 emitido y el 90 % del calor adicional causado por el cambio climático. El océano está sufriendo consecuencias devastadoras que debemos abordar con urgencia”, señaló la ministra chilena de medio ambiente Carolina Schmidt, durante la COP 25. Entre esas consecuencias se encuentra el aumento de la temperatura del agua, la acidificación y la pérdida de oxígeno; todos estos fenómenos con impactos que ya es posible percibir en los ecosistemas.
A excepción de Brasil, los países latinoamericanos no son grandes emisores de gases de efecto invernadero. Las acciones que, por ende, provengan de ellos no tienen el alcance que pudieran tener aquellas impulsadas por países como China, Estados Unidos, India, Rusia o Japón. “Es por ello que existe gran frustración porque no se está llegando a acuerdos globales. Estados Unidos se está saliendo de los Acuerdos de París y hay países que no quieren participar”, dice Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) en Chile. Sin embargo, en opinión del oceanógrafo, los países latinoamericanos deberían ser capaces de responder a otros impactos igualmente graves como la contaminación y la sobrepesca.
“El océano se está deteriorando no solamente por el CO2. Si bien eso es muy importante, nosotros en Latinoamérica tenemos que preocuparnos sobre todo de lo inmediato y de cómo esto afecta a las comunidades costeras. Hay mucho que nosotros podemos hacer como comunidad de países que no pasa por los grandes acuerdos de la COP”, asegura Ulloa.
Sin embargo, el experto advierte que es necesario seguir insistiendo para llegar a acuerdos globales. “Nosotros debiéramos hacer acuerdos regionales a nivel latinoamericano o sudamericano. Hacer esfuerzos en forma paralela a lo que se pueda estar haciendo con las grandes potencias”. Según el experto, esos acuerdos regionales son un pendiente que desde la comunidad científica y civil se debe impulsar. “Yo creo que ahí estamos al debe tremendamente. Europa lo está haciendo y se pone metas, está trabajando y nosotros no tenemos nada en ese sentido como región”, asegura.
Se cumple el plazo para las áreas marinas protegidas
El Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) definió, en 2010, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, más conocido como Metas Aichi, un marco de acción con 20 metas que deben ser implementadas por los 196 países firmantes, a más tardar el 2020, con el fin de proteger la biodiversidad del planeta.
En la meta número 11, los países se comprometen proteger el 17 % de la superficie de la tierra y el 10 % de sus mares.
La oceanógrafa Laura Farías, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR) en Chile y líder de la mesa de océanos durante la COP 25, asegura que “América Latina y el Caribe han avanzado notablemente en la superficie protegida de océanos desde el año 1990”. Según la plataforma Protect Planet, administrada por el Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la región tiene un 13,09 % del océano protegido correspondiente a 5 199 402 km2 . “La tasa de aumento [en Latinoamérica] es superior a otros continentes y Chile ha sido un buen ejemplo de ello”, agrega Farías.
El país sudamericano tiene el récord de áreas marinas protegidas con el 42,4 % de su territorio marítimo bajo alguna categoría de protección. Perú, en cambio, que posee junto con Chile uno de los mares más biodiversos del mundo gracias a la corriente de Humboldt, solo tiene el 0,48 % de su territorio marítimo protegido. A un año de cumplirse el plazo, proyectos de protección como el del Mar Tropical de Grau aún esperan ver la luz.
Centroamérica, por su parte, también está en un gran debe puesto que, a excepción de Belice, ninguno de los países que conforman la región ha cumplido con la meta. Según Protect Planet, Costa Rica solo tiene un 2,61 % de su mar territorial protegido. El Salvador un 0,71 %, Guatemala un 0,9 %, Honduras un 4,16 %, Nicaragua un 2,97 % y Panamá un 1,68 %.
La eficacia de la meta, sin embargo, es algo que ha sido puesto en duda por científicos. El ecólogo Piero Visconti, investigador del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados en Viena y autor principal de un artículo publicado en abril de 2019 en la revista Science, advierte que la meta, al centrarse en porcentajes, lleva a “resultados perversos”.
Ulloa señala que “no basta con decir yo tengo un 10 %” puesto que “es sumamente importante dónde va a estar ese 10 %”. El científico explica que “mucho del deterioro del océano está asociado a los mares interiores, a la zonas costeras, y esa ahí donde se echa de menos más protección porque es donde se reproducen los peces. Finalmente, las comunidades humanas dependen del océano. “El 10 % suena bien, pero a mí me preocupa más el dónde”, dice el experto. “¿Estamos realmente protegiendo áreas críticas para los ecosistemas?”, se pregunta.
Por otra parte, Farías agrega que “no sirve solo aumentar las áreas marinas protegidas, sino que hay que generar planes de manejo y fiscalizar, de lo contrario la medida no es efectiva”. Sin embargo, la realidad de los países latinoamericanos es que “no tenemos la infraestructura ni los recursos por lo que claramente tenemos una debilidad”, señala Ulloa.
Un tratado global de los océanos en alta mar
Este 2020 se espera que se lleve a cabo la firma del Tratado Global de los Océanos. Su objetivo es crear un marco jurídico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de los océanos en alta mar, es decir, en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales (AFJN). Este tratado podría, entre otras cosas, contribuir a detener la sobrepesca y proteger la seguridad alimentaria de la humanidad.
Las aguas internacionales representan dos tercios del total del área ocupada por los océanos en el planeta y cubren más de 230 millones de kilómetros cuadrados. Un área mayor que la que ocupan todos los continentes juntos. Diferentes stocks pesqueros dependen, en determinadas etapas de sus ciclos biológicos, de ecosistemas que se ubican en alta mar. La conectividad existente entre estos lugares del océano, los ecosistemas costeros y las economías de los diversos países es hoy innegable. Sin embargo, la contaminación provocada por sustancias químicas, el ruido y los plásticos, la sobrepesca y las prácticas pesqueras destructivas, todas ellas agravadas por los efectos del cambio climático y la acidificación del océano, amenazan la biodiversidad marina de alta mar.
Es por ello que hoy resulta esencial la conservación de los ecosistemas marinos que se encuentran en aguas internacionales, asegura High Seas Alliance, una alianza entre 27 organizaciones no gubernamentales y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que promueve la cooperación internacional para fortalecer la gobernanza de alta mar.
Actualmente solo el 1 % de los océanos globales están protegidos, a pesar de que la UICN estableció que lo mínimo necesario es un 30 %. Este tratado sería el primero específicamente dirigido a la protección de la biodiversidad marina en AFJN.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) es la “constitución” en materia de gobernanza global de los océanos. Sin embargo, ciertos vacíos y debilidades permiten que alta mar se encuentre desprotegida, asegura Mariamalia Rodríguez, experta en asuntos Latinoamericanos del High Seas Alliance. En la actualidad no existe ningún mecanismo general que permita el establecimiento de áreas marinas protegidas o reservas totalmente protegidas en alta mar.
Tampoco existen requisitos uniformes que rijan la realización de evaluaciones de impacto ambientales y evaluaciones ambientales estratégicas que permitan evaluar de forma completa las actividades humanas y sus efectos individuales y acumulativos. “Todas las organizaciones que tenemos ahora tienen un mandato sectorial” señala Rodríguez. “Son como diferentes cajas que regulan o solo la pesca, o solo la navegación, o solo la minería. Se trata entonces de un marco fragmentado y sectorial que no apoya el tema de conservación puesto que cada quien se preocupa de su actividad, pero nadie está haciendo la tarea de coordinar. Este tratado busca ser una sombrilla que cubra los diferentes sectores que actualmente hay”, explica.
Acuerdos para controlar la pesca ilegal
Cerca de 26 millones de toneladas del pescado capturado anualmente, o uno de cada cinco pescados vendidos, son pescados de manera ilegal o no declarada, con un valor de hasta 23 000 millones de dólares, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En alta mar, “las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) son las que, en principio, deberían establecer cuotas de pesca según información científica. Sin embargo, hay pesca no regulada y no reglamentada que se está llevando a cabo, sin ningún control. Se trata de una actividad ilegal que se da por fuera de los controles de estas regiones”, explica Rodríguez. Dicha actividad opera a través de barcos que no se reportan o que pescan más de lo que deben y que, muchas veces, hacen trasbordos, entre buques, de la mercancía para desembarcarla en diferentes países.
El tratado global de los océanos busca generar mayor cooperación y coordinación entre países y organizaciones. “Ese fortalecimientos entre las estructuras que ya tenemos, podría marcar una diferencia en el combate de estos problemas”, asegura Rodríguez.
Pero también existe otro acuerdo en el combate de la pesca ilegal. Se trata de las medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP, por sus siglas en inglés) y en 2020 se darán a conocer los primeros resultados de una encuesta que busca evaluar si es que está siendo efectivamente aplicada y si ha dado resultados.
Este tratado, que entró en vigor en 2016, es el primero destinado exclusivamente a frenar la pesca ilegal y establece medidas para que los países suscriptores, 87 hasta ahora, las apliquen cuando los barcos extranjeros estén en sus puertos o busquen ingresar a ellos. En concreto, el acuerdo pide a los buques extranjeros someterse a inspecciones en cualquier puerto donde realicen escala si es que los Estados, donde se produce ese paro, lo consideran necesario.
A los barcos sospechosos de estar involucrados en la pesca ilegal se les puede denegar la entrada a los puertos o autorizarla únicamente para su inspección. En caso de denegar el acceso a un puerto, o de detectar problemas durante la inspección, se debe informar a las partes y a las autoridades portuarias en los países vecinos.
En 2019, las naciones firmantes acordaron la implementación de un cuestionario para determinar cómo se está implementando el acuerdo en cada país y cuáles son las brechas entre los miembros. Alicia Gallardo, directora del Servicio Nacional de Pesca en Chile, el organismo público encargado de fiscalizar las actividades de pesca, aseguró entonces que es una herramienta que “será fundamental para determinar cómo está funcionando el acuerdo”.
Se espera que los primeros resultados de ese cuestionario estén listos para la próximo reunión del AMERP en 2020.
Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, asegura que aunque han pasado tres años desde que el Perú ratificó el acuerdo, “todavía no lo implementa y aún no hay fecha para ello”. En el Perú, naves extranjeras, sobretodo de Asia pero también europeas, pescan en el límite de las 200 millas marinas, explica el experto. Algunas de estas naves ingresan al mar peruano para pescar sin autorización y muchas de ellas emplean los puertos peruanos para aprovisionarse o desembarcar sin pasar ningún control. Si AMERP se aplicara efectivamente, “el país avanzaría de manera importante en el control de la pesca ilegal”, asegura Riveros.
Ulloa advierte que si bien es necesario que estos acuerdos se firmen y se apliquen, la pesca ilegal también ocurre al interior de los territorios marítimos de los países por lo que también es necesario generar medidas que permitan controlar la demanda interna de esos productos ilegales. “Una sola medida no va a arreglar el problema. Tiene que haber múltiples esfuerzos”, dice.
Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
En septiembre de 2015, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron un conjunto de objetivos globales, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para “erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible”.
El ODS número 14 es conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Para avanzar en su cumplimiento, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió realizar, en Lisboa, una conferencia entre los días 2 y 6 de junio de 2020, donde las discusiones rondarán en torno a cómo ampliar la acción oceánica basada en la ciencia y la innovación para la implementación de este objetivo.
La conferencia busca, entre otras cosas, invitar a los Estados miembros a proporcionar una actualización sobre la implementación de los compromisos voluntarios asumidos para apoyar la implementación del ODS 14 y dar así seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
También espera estimular nuevas alianzas innovadoras y concretas, apoyar acciones adicionales para conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, identificar otras formas y medios para apoyar la implementación del objetivo 14, compartir las experiencias adquiridas a nivel nacional, regional e internacional, identificar posibles desafíos y obstáculos así como oportunidades y medios innovadores para apoyar la implementación del objetivo 14.
Para ello, el encuentro espera involucrar a todas las partes interesadas: gobiernos, organizaciones intergubernamentales, instituciones financieras internacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, comunidad científica, sector privado y filantrópico.
Algunas de las metas propuestas en el objetivo 14 tienen como fecha de cumplimiento el 2020. Una de ellas es “gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos”.
También este año se cumple el plazo para “reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas”.
A esto se suma que se tienen que haber prohibido ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole.
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