El reporte, desarrollado por un equipo interdisciplinario perteneciente al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, busca ser un insumo para que Chile alcance un desarrollo más sostenible, impulsado por el Acuerdo de París.
Por Michelle Ferrer Solar
Dar cuenta de los desafíos que tiene Chile en materia legislativa para lograr un desarrollo bajo en carbono es lo que quiso dar cuenta el webinar de presentación del estudio «Identificación de reformas legales para alcanzar la meta de carbono neutralidad en Chile al 2050», realizado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el Centro de Derecho Ambiental U. de Chile, a través del Observatorio Ley de Cambio Climático.
El informe, liderado por las investigadoras del (CR)2 Pilar Moraga, subdirectora del CDA U. de Chile, Dominique Hervé, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y Verónica Delgado, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales U. de Concepción, señala cómo la meta de la carbono neutralidad hacia 2050 se presenta como una cuestión ineludible para la realización de los objetivos planteados en el Acuerdo de París y las recomendaciones de la comunidad científica.
Entre quienes participaron de la actividad se encontraron Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho U. de Chile, el Senador Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado; Pilar Moraga, investigadora Principal (CR)2; Dominique Hervé, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; Marcelo Mena, ex Ministro del Medio Ambiente; José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero; y Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.
Pablo Ruiz-Tagle valoró la instancia, considerando el contexto mundial dado la pandemia por covid-19, así como también el trabajo interdisciplinario de la investigación. “Se inserta en el trabajo de colaboración donde participan académicos y académicas que provienen de diversas universidades y disciplinas”, agregó.
Para el senador Alfonso de Urresti lo esencial es el valor transversal que entrega este tipo de informes para avanzar hacia la meta de la carbono neutralidad al 2050, bajo el Acuerdo de París. “Este compromiso que asume el Estado tiene que estar en el horizonte más corto posible e impactar en nuestra legislación y en el quehacer, no solo normativo, sino que también para quienes desarrollan actividades productivas y quienes tengas responsabilidades políticas, académicas o sociales o dentro de nuestro territorio”.
“Creo que es tremendamente importante entender que los impactos de este informe no solo se deben traducir en reformas legales, que nos corresponde a quienes estamos en el parlamento, sino también en la discusión del marco constitucional que esperamos se abra en octubre del próximo año, donde deberemos tener una visión y un compromiso en esta materia”, agregó de Urresti.
Metodología y alcances
A través de la realización de diversas instancias participativas con expertos y expertas en la materia, y guiadas por un equipo interdisciplinario, se definieron áreas de estudios y preguntas que ayudaron a configurar un primer informe con resultados preliminares. Con este insumo, se elaboró una encuesta abierta al público, donde se recolectaron observaciones y comentarios con respecto a las áreas legales que necesitarían modificaciones, identificadas anteriormente por los expertos.
Durante la presentación de resultados, Pilar Moraga destacó que “en este estudio se logró definir un concepto de mitigación que va mucho más allá de la acción humana, entendida como la mitigación por sectores. Ya que además la meta de carbono neutralidad involucra a diversos cuerpos normativos que es necesario reformar, pero también pudimos identificar la necesidad de dictar nuevas normativas”.
“Así mismo, pudimos descubrir que todas estas reformas legales van a impactar a distintos sectores productivos. Estas modificaciones no solo dicen relación con leyes, sino que con normas de distinta jerarquía normativa: esto es normas constitucionales, normas legales y también normas administrativas”, agregó Pilar Moraga.
Domique Hervé, investigadora (CR)2 y académica de la Facultad de Derecho UDP, agrega que se identificaron los instrumentos normativos y regulatorios, “entendiendo por ellos la adopción de estándares de calidad, de emisiones, de procesos, también el establecimiento de prohibiciones o restricciones”.
“También incluye aquellas reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental y a ciertas autorizaciones que tienen que ver con el uso de recursos naturales. Dentro de los instrumentos económicos los impuestos y subsidios, y no solamente la imposición de impuestos, sino que también la disminución o exención de estos”, destaca Hervé, sumando otros instrumentos normativos asociados a la planificación, de acceso a la información y transparencia de las distintas instituciones involucradas, de cooperación y de fiscalización.
El documento, que ya está disponible para descarga, tuvo como objetivo identificar las reformas legales necesarias que deben acompañar el proceso para alcanzar la neutralidad carbónica al 2050 en el país, en conformidad con los compromisos internacionales asumidos y que no han sido considerados por el actual Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático. De acuerdo con lo que señala el documento, “la relevancia es constituir un insumo para la discusión legislativa y constitucional”.