La investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 comenta que los pilares del anteproyecto de ley marco del Ejecutivo tienen una “estructura muy formal y académica”. Como piso mínimo, destaca la experta, la futura normativa debería alinearse con el Acuerdo de París, establecer metas específicas y discutir qué tipo de actividades productivas se desarrollarán en el país.
Por Cristian González Farfán
Cuando el Salón de Honor del ex Congreso se empieza a vaciar, Pilar Moraga escucha, cerca de la testera, a los asistentes que se acercan a felicitarla. Acaba de concluir el seminario “Ley de Cambio Climático, camino a la COP25”, organizado por el Centro del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la U. de Chile. Moraga trabaja en ambas instituciones, como investigadora y académica, respectivamente.
“El seminario cumplió completamente las expectativas. Se levantó el tema del marco institucional desde dos perspectivas: el de la necesaria coordinación del aparato del Estado y cuál es la mejor forma de coordinarse. Se concluyó que no son las comisiones, sino que otras figuras, y hay un contraste con la propuesta del Ejecutivo, porque aún no hay anteproyecto”, comentó Moraga, además integrante del Observatorio de la Ley de Cambio Climático para Chile, iniciativa que reúne a un grupo de especialistas provenientes de diversas disciplinas, cuyo objetivo es establecer puentes entre el conocimiento científico y quienes toman las decisiones.
-¿Con qué otras ideas del seminario quedó conforme?
-En el tema de incendios quedó claro el tratamiento legislativo a nivel comparado. También tuvimos a todos los sectores representados. Vimos como el cambio climático se incorpora en la agenda política, la necesidad de incorporar al mundo indígena en la discusión. Desde el punto de vista del sector privado, están pidiendo una perspectiva a largo plazo, una relación con el Estado a largo plazo. Eso me parece novedoso. Siempre decimos que el sector privado no quiere reglas y al final vemos que no es así. Quieren una certeza de lo que va a suceder y eso con un camino bien trazado.
-¿Cuál es su visión respecto de los pilares que estableció el Ejecutivo para la ley marco?
-Esos pilares tienen una estructura muy formal, muy académica, y necesitamos ir a una cuestión más concreta, más de acción. Fijar un objetivo y después decir cómo vamos a alcanzar ese objetivo.
-¿Qué esperaría usted como piso mínimo que debería tener la redacción de esta ley?
-Como piso mínimo que el objetivo de la ley se alinee con el Acuerdo de París. Luego, que se establezcan mecanismos e instrumentos concretos de acción climática; es decir, que establezcamos cómo vamos a llegar a esa meta en términos de matriz energética, transporte. Cuál va a ser la gobernanza en materia del involucramiento de los actores en la toma de decisiones.
-¿Cuáles de las leyes de otros países que se citaron en el seminario servirían para la futura ley chilena?
-Yo rescataría el derecho comparado. Tocar el presupuesto: cómo el presupuesto de la nación participará de la acción climática. Luego, rescataría el hecho de comenzar a discutir qué actividades productivas queremos tener en el país. Y esto se relaciona con los recursos naturales, y exploración y explotación de actividades que quizás van en contra de los objetivos de la acción climática. También sacaría en limpio el ordenamiento territorial, los instrumentos de planificación territorial en el borde costero como es en la ley española y la creación de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se asemejaría a una especie de Contraloría, que saca un informe anual, sobre el cual se deben basar las decisiones del Ejecutivo y del Congreso.
-¿Qué experiencias de la región latinoamericana rescataría?
-Bueno, México está avanzando sustancialmente, tiene una ley muy completa en términos de mitigación y adaptación. Ahora, es una ley más antigua y ha sufrido algunos cambios últimamente, entre los cuales se incorporan las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Eso lo rescato, porque incorporar el NDC como instrumento nos permite una cierta flexibilidad y adaptación en el tiempo, porque el NDC, según el Acuerdo de París, debe ser revisado cada cinco años.
-¿Considera al igual que buena parte del panel que la eventual aprobación del TPP-11 entraría en contradicción con la ley marco de cambio climático?
-Ni el TPP ni ningún otro acuerdo internacional podría poner en cuestionamiento la definición soberana de instrumentos para avanzar en la acción climática. Y eso tiene que ser un resguardo que entregue el Congreso Nacional cuando apruebe este tratado para no generar barreras a la acción climática en los próximos años. Y eso sí debería ser revisado.
-¿Le preocupa que las transnacionales pudieran demandar al Estado chileno si realiza acción climática?
-Eso es algo muy complejo y muy debatida en los acuerdos de comercio internacional más antiguos, en los que siempre se resguardaba la soberanía del país para avanzar en materia ambiental, y nunca retroceder. El comercio internacional nunca podría hacer retroceder la normativa nacional.
-¿Cree que el TPP es un retroceso?
-Totalmente. Es imposible que se establezcan límites por compromisos internacionales para avanzar en materia ambiental. Es inaceptable.
-Si se aprueba, ¿obligaría a redactar de otra manera la ley de cambio climático?
-No, eso obligaría a adaptar el TPP a resguardar este interés nacional que es de avanzar en las políticas ambientales en un sentido de ambición, y no en un sentido regresivo.
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