Qué componentes debiera tener la nueva ley que regulará las emergencias y desastres en Chile (Noticias UChile)

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    (26 de junio) En diciembre del 2014, la Presidenta Bachelet envío una indicación sustitutiva al proyecto del gobierno anterior dedicado al enfrentamiento de los desastres y sus consecuencias. Académicos destacan que si bien Chile ha enriquecido su visión respecto a las etapas que implica este tipo de eventos, el cuerpo legal que está en el Congreso podría resultar insuficiente, ya que hay algunos elementos que todavía no han sido considerados.

    Por Francisca Palma

    “Estar pensando en un proyecto de ley de gestión de riesgo y emergencia es un avance sustantivo”, afirma Paulina Aldunce, investigadora del Centro de Resiliencia del Clima (CR2) de la Universidad de Chile. Para ella es importante la indicación sustitutiva que envío la Presidenta Michelle Bachelet para modificar el proyecto que crea la “Agencia Nacional de Protección Civil”, desarrollado por la Administración Piñera.

    Este primer cuerpo legal, “estaba basado en un concepto bastante obsoleto que es la protección civil, que se usó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial”, añade Julián Cortés, asesor jurídico del Departamento de Geofísica y del Programa de Riesgo Sísmico.

    Por eso, es que el gobierno de Michelle Bachelet creó una Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, presentada el mismo día en que la Presidenta envío la indicación sustitutiva. Iniciativa que se suma a los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito, como el Marco de Acción de Hyogo (MAH) y el Acuerdo de Sedai, los que han entregado lineamientos respecto a la gestión de riesgo que involucra un fenómeno natural, además de los múltiples factores y dimensiones que lo configuran. Otro aspecto que evidencia este cambio de perspectiva es la conformación de la Plataforma Nacional para la reducción del riesgo de desastre el año 2012, encabezada por la ONEMI e integrada por investigadores y autoridades.

    Sin embargo, pese a todos estos avances, desde varios sectores han señalado que la nueva normativa del gobierno Bachelet tampoco satisface a cabalidad todas las necesidades en casos de emergencias. La profesora Aldunce advierte que si bien este cuerpo legal se denomina “Ley de gestión de riesgos y emergencias”, posee poco énfasis en la “preparación, las etapas previas al desastre y la posterior reconstrucción”. La ley habla de esto, pero “debe haber un mayor énfasis”, plantea, situación que para Julián Cortés se traduce sólo en una “nomenclatura nueva, pero que en el fondo es una especie de auto con un chasis nuevo pero con un motor antiguo”.

    Para Daniela Ejsmentewicz, integrante de la Comisión de Gestión de Riesgos Socionaturales de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), “este proyecto de ley no está centrado en el proceso total, sino que está centrado en la reacción ante la emergencia y que lo que busca hacer es asegurar la seguridad pública, lo cual está bien, es uno de los elementos, pero es incompleto”.

    “Cuando tú hablas de gestión, hablas de una probabilidad futura y ya te estás posicionando en todas las etapas del desastre, las previas y las posteriores. Entonces es importante hablar de gestión de desastres y no centrarse sólo en la respuesta”, aclara la profesora Aldunce respecto a la diferencia entre una actitud reactiva y una preventiva. Esta última implica la reducción y el control del riesgo.

    Es bajo esta lógica donde todos los actores, públicos y privados, deben hacerse parte de la gestión del riesgo, el que comprende procesos previos como son las consecuencias de los modelos económicos sobre la población, la expansión urbana, la poca regulación, el estudio de la geografía del lugar, entre otros factores.

    Por esto resulta fundamental, explican los académicos, incluir la fiscalización dentro del esquema ya que, por ejemplo, “un volcán solo no es un riesgo, va a ser un problema mientras esté cerca de un asentamiento humano y ese asentamiento humano no esté preparado”. Es acá donde las potestades de fiscalizar resultan cruciales para prevenir la emergencia de escenarios vulnerables, como son la localización de asentamientos en lugares equivocados.

    Julián Cortés plantea que otro aspecto central es la gestión del riesgo desde el punto de vista local. “Proponemos, por un lado, que debe haber una política nacional, pero esta debe reconocer la identidad local, que debe ser la base del sistema”, explica aludiendo a las autoridades municipales como a la sociedad en general.

    Otro aspecto que debería ser considerado en este cuerpo legal, enfatiza la investigadora del CR2, es el factor del cambio climático. Según el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), “hay una alta probabilidad de que se aumenten la frecuencia y la magnitud y los eventos extremos, por lo tanto hay que empezar a compatibilizar programas, planes, normativas de cambio climático con gestión de riesgos y desastres”.

    Es por esto que los académicos de la Universidad proponen que esta normativa debe dar sentido a una institucionalidad adecuada. “Hay que distinguir entre una institución que gestione la emergencia, otra institución que lo que haga es reducir el riesgo y otra institución que se dedique a hacer reconstrucción”, explica Ejsmentewicz.

    Las propuestas de la Universidad

    Es en esta discusión que la Universidad de Chile, a partir del trabajo de la Comisión de Gestión de Riesgos Socionaturales, una de las iniciativas de la Unidad de Proyectos Transdisciplinarios de la VID, está tratando de incidir. Así fue como el lunes 15 de junio, representantes de esta instancia, presentaron observaciones al proyecto ante el vicepresidente del Senado, senador Alejandro Navarro.

    Este grupo de trabajo plantea crear una cátedra dedicada al estudio, incidencia e investigación respecto a los desastres socionaturales, marco que permitirá, entre otras cosas, que se imparta un Curso de Formación General (CFG) a los estudiantes de la Universidad. La Comisión está organizando además, en la lógica de contribuir a este debate, dos seminarios, uno para agosto de orden nacional, y otro para noviembre, en conjunto a la Comisión Desafíos del Futuro del Senado.

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