De acuerdo con la especialista hay estudios y evidencia científica que demuestran su afirmación. A la vez señala que no conoce análisis empíricos sobre el costo económico de la suscripción de Chile al acuerdo. También dice que ver las leyes ambientales como obstáculos al crecimiento económico no se condice con las exigencias que la protección del Medioambiente y los efectos del cambio climático reclaman para el país.
Por Edgardo Mora
Crecimiento económico y avances en la normativa ambiental no serían opuestos. Al contrario, serían complementarios.
Así lo afirma Verónica Delgado, profesora de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y además investigadora del Centro Crhiam y CR2.
En entrevista con este medio, detalla la importancia de que Chile se suscriba al Acuerdo de Escazú, que precisamente promovió en el ámbito Latinoamerciano y del Caribe.
-¿Existe algún estudio sobre el costo económico de la suscripción de Chile a Escazú?
– No conozco estudios de ese tipo, pero me imagino que quizás se avance en ellos cuando Chile firme el acuerdo y tenga que ser ratificado en el Congreso Nacional. Hay muchas de estas normas que van a significar quizás mayores recursos económicos, si hablamos, por ejemplo, de la asistencia a grupos vulnerables, pero hay muchas otras en que sólo hay que hacer cambios normativos, no van a significar recursos económicos y también cambios en la gestión en cómo se hacen las cosas, que pueden ser mejorables dependiendo de si hay o no políticas públicas serias detrás.
– Otra mirada es la agregación de valor que conlleva ser una empresa sustentable, particularmente en el sector privado, ¿Escazú sería un avance en esta línea?
– Respecto de la sustentabilidad creo que seguimos anclados en algunas discusiones pasadas un poco de moda. El fin de semana salió, por ejemplo, cuestionándose que para la economía iba a ser perjudicial siete u ocho proyectos de ley que se están discutiendo hoy día como la Ley de Biodiversidad, la Ley de Glaciares o la Ley del Borde Costero, es decir, hay una mirada que implica ver estas leyes como impedimentos, como obstáculos para el crecimiento económico del país y ese discurso realmente está atrasado y no se condice con las exigencias que la protección del Medioambiente y los efectos del cambio climático reclaman para Chile. Es posible crecer cuidando el medioambiente. Hay estudios y evidencia científica que demuestra que si se cuidan hoy los recursos naturales para el mañana, se podrá desarrollar perfectamente la economía.
-¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú del cual Chile fue promotor?
– Es un acuerdo regional para América Latina y el Caribe, el primero que tenemos en la región, y es un tratado internacional vinculante que también lo hace diferente a otros acuerdos y que está básicamente destinado a mejorar las normas de todos los países en tres aspectos fundamentales: el acceso a la información pública ambiental, acceso de la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental. Adicionalmente, como cuarto pilar se incorporó, por primera vez, la defensa de algunas personas que, en su diario vivir, defienden el medioambiente.
-¿Qué implica que se trate de un acuerdo vinculante?
– Cuando es vinculante, el país está obligado a reformar su normativa interna en términos de elevarla a los estándares a cuales ha llegado este convenio.
– ¿Cuáles son las razones por las cuales Chile aún no firma este acuerdo?
– Las razones no están claras. Nuestra ministra Smith de Mediaoambiente ha señalado que no fue suscrito por decisión de la Cancillería. En un primer momento se dijo que este tratado ponía en riesgo la soberanía del país, lo cual es bastante cuestionable, porque en realidad hay una norma que habla de cooperación internacional con aquellos países más vulnerables y que no tienen litoral como podría ser Bolivia, pero es una obligación sólo de cooperación para realizar capacitación en los temas del acuerdo. También se ha señalado que la razón estaría en que en realidad la legislación chilena cumple con todo lo que impondría Escazú.
– ¿Hay alguna inquietud relativa a que se trastoquen de alguna manera los Tribunales Ambientales chilenos?
– También se ha argumentado que Chile está repensando todos los acuerdos en que se le da competencias entre conflictos a las partes de cada Estado para solucionar controversias ante la Corte Interamericana de Justicia y , con los problemas que tuvimos con Bolivia, hay una especie de repensar, si seguiremos o no, en todos los acuerdos que le dan esta competencia como lo hace Escazú. Sin embargo, recientemente hemos firmado acuerdos que tienen la misma claúsula y se le ha dado competencia al mismo tribunal internacional.
– ¿Hay alguna contradicción por ser Chile sede de la COP25 y no haber suscrito aún Escazú?
– Lo veo realmente como una contradicción, porque estamos frente a un acuerdo destinado a la protección del Medioambiente y la COP25 justamente es una reunión de la conferencia de las partes para ver el cambio climático y el cambio climático es un fenómeno respecto del cual no tenemos certezas científicas de cómo nos va a afectar. Sabemos que somos vulnerables y que globalmente debemos avanzar adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático.
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