«Vigilantes del agua» por Mariela Yevenes

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Columna redactada por Mariela Yevenes, investigadora postdoctoral del (CR)2. Publicada en El Ciudadano.

La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025 publicada por la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas nos recuerda la falta de integración con la sociedad civil al momento de evaluar el recurso agua.

Nos hemos olvidado que somos gente fluvial que a través del tiempo hemos dependido de las fuentes de agua dulce, y que esta dependencia será cada vez mayor debido a la escasez y también al deterioro de la calidad del agua proveniente de ríos, napas subterráneas y vertientes.

Cuando el agua es para consumo humano, se necesitan garantías sobre la ausencia de elementos tóxicos. En Chile, la DGA se encarga de velar por el uso del recurso en el país, generando bases de datos hidrológicos y físico-químicos a través del monitoreo del agua continental. Sin embargo, son innumerables las aguas dulces provenientes de áreas rurales que no alcanzan a ser monitoreadas. Estas aguas son afectadas por diversos cambios en el uso del suelo: deforestación, actividad minera y de celulosas, presencia de represas, entre otras. Dado aquello, resulta una incógnita el contenido del agua para quienes habitan en estas zonas rurales y la utilizan para su consumo diario.

Si invirtiéramos en proyectos participativos del monitoreo de la calidad del agua rural conducidos por la propia comunidad, podríamos tener un mejor panorama para catastrar las aguas dulces implementando metodologías in situ. Para ello se necesita de un presupuesto participativo –una forma de relación directa entre el recurso agua y los habitantes– que permita a la ciudadanía ser parte del desarrollo de planes para monitorear sus propias aguas y sentar bases hidro-químicas donde no hay información de calidad de agua. Considerando lo anterior y también la reciente inversión en programas de Agua Potable Rural (APR), las municipalidades y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas podrían abordar de mejor manera y priorizar las problemáticas que más afectan a las comunidades.

No es sólo un asunto de dinero. Se requiere disposición a trabajar a nivel local, quizá a escala de micro-cuenca, en zonas donde el derecho a beber agua limpia podría verse vulnerado. En Chile tenemos como ejemplo el caso de la comunidad de Boca Itata en Trehuaco, región del Biobío, donde la junta de vecinos se organizó porque el agua disponible en sus pozos no puede beberse. Para ellos, lo primero fue saber qué se entiende por calidad del agua y qué parámetros debían medir para luego analizar muestras periódicamente. Sin embargo, les falta el apoyo del gobierno local que dé continuidad a esa importante base de datos que están generando.

Debemos tomar conciencia que las zonas rurales serán las mas afectadas por el cambio climático debido a las sequías y a las diversas actividades humanas que se desarrollan en una cuenca. Es por eso que se requiere de una atención integrada hacia estas áreas, porque conseguir agua para el consumo humano no es sólo un problema de cantidad sino también de calidad. La contribución de las comunidades es fundamental para la protección de la calidad de agua rural, todo ello con el apoyo de aportes estatales, privados y/o científicos.