Columna de opinión de Luis Cordero, investigador colaborador del (CR)2 y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Publicada en La Segunda.
Según los expertos, si la situación de sequía se mantiene en la zona centro sur como se proyecta con la información disponible al terminar el mes de julio, este será el décimo segundo año de la megasequía que documentó en su primer informe a la nación el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Una megasequía que coincide con la década más cálida del último siglo, con consecuencias devastadoras que aún no logramos dimensionar en su total magnitud.
Esta situación exige apreciar el conflicto más allá de los derechos de propiedad e implica comprender que el futuro que nos espera requiere de soluciones integradas, un asunto que por cierto tampoco será suficiente, pues la solución a la gravedad del problema actual supera lo que esas reglas pueden establecer.
¿Esto lo pudimos anticipar? Sí, y lo peor es que teníamos plena conciencia de que enfrentaríamos escenarios complejos. En 1992, la administración de Aylwin envió al Congreso una modificación estructural al Código de Aguas de 1981. En el mensaje de ese proyecto, el Ejecutivo advertía que uno de los desafíos que encaraba el país era «la disponibilidad de recursos de agua, en cantidad y calidad apropiados», insinuando que resolver este asunto era determinante para el desarrollo económico, social, ambiental y de calidad de vida de las personas, especialmente porque sufriríamos «condiciones generales críticas de escasez» que requerirían de «normas legales eficaces para solucionar esas dificultades». Este proyecto no se pudo discutir sino hasta 1997, la derecha lo impugnó ante el Tribunal Constitucional ese mismo año y solo fue aprobada una ley corta en 2005, desnaturalizando su propósito inicial y desoyendo por completo las advertencias sobre el futuro que contenía el mensaje de 1992.
Si bien el Senado discute modificaciones al Código de Aguas y está abordando la desalinización, consta un amplio consenso entre los convencionales constituyentes de que necesitamos reglas útiles para la gestión sustentable del recurso hídrico. La Corte Suprema, frente a crónicas situaciones de escasez, ha señalado además que existe un derecho humano al agua. Pero lo cierto es que el Ejecutivo advirtió ya hace treinta años que el arreglo normativo vigente no sería útil para abordar los procesos críticos que se nos presentan hoy.
Cuando los efectos del cambio climático nos acechan, existen comunidades en riesgo vital y tenemos actividades productivas que pueden estar condenadas en su desarrollo, nos damos cuenta que estamos pagando el precio de eludir advertencias oportunas. Esta crisis nos vuelve a mostrar que, cuando los políticos buscan beneficios contingentes, la política pública y la sociedad en el largo plazo pagan los costos de mezquinos intereses personales.