Toledo aseguró que el Ejecutivo mantiene su compromiso con la carbono neutralidad y la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Sin embargo, académicas y organizaciones advierten señales que ponen en duda esa prioridad.
En las últimas semanas se volvió a instalar el debate sobre la prioridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast respecto de la agenda ambiental y climática. La ausencia de anuncios en esta materia durante la reciente Cuenta Pública, sumada a las controversias generadas por las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, respecto del cambio climático, han despertado cuestionamientos desde la academia y organizaciones de la sociedad civil.
Las críticas se han concentrado tanto en el enfoque que privilegia el crecimiento económico y la inversión como en decisiones concretas adoptadas durante los primeros meses de gestión, entre ellas los cuestionamientos a normativas como la Ley de Humedales Urbanos.
Pese a estas críticas, la ministra Francisca Toledo defendió el trabajo realizado por el Gobierno en materia climática durante una actividad por el Día Mundial del Medio Ambiente. La secretaria de Estado sostuvo que la agenda climática continúa en marcha y destacó la implementación de la institucionalidad creada en los últimos años.
“El país tomó una decisión en base a los antecedentes científicos disponibles y se tomó el acuerdo de decir vamos a trabajar al 2050 para poder tener la carbono neutralidad“, comentó la secretaria de Estado.
Toledo explicó que actualmente el Ejecutivo se encuentra enfocado en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y en la ejecución de los planes sectoriales y territoriales asociados a dicha normativa. “Los planes ya están funcionando, estamos trabajando para que los municipios que faltan puedan contar con esa planificación“, señaló.
La ministra también adelantó que durante junio el Gobierno publicará el borrador de actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo y que hacia fines de año se entregará un informe sobre la trayectoria de emisiones del país.
Cuestionamientos desde la academia y la sociedad civil
Para la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, la omisión de los temas ambientales en la Cuenta Pública no constituye un hecho aislado, sino una señal coherente con la orientación política del actual gobierno.
“Eso confirma la visión programática de este gobierno en cuanto a oponer el crecimiento económico con la protección del medio ambiente. En el fondo, el medio ambiente viene a ser, o su protección, una amenaza contra los objetivos del crecimiento económico que se ha propuesto el gobierno“, sostuvo en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.
En una línea similar, Carolina Palma, coordinadora de incidencia de ONG FIMA, afirmó que la falta de anuncios ambientales responde a una tendencia observada desde el inicio de la administración.
“La ausencia de iniciativas ambientales y climáticas es la tónica que ha mantenido el gobierno en estos primeros meses de instalación. Al contrario, vemos que la política ambiental más grande ha sido el retiro de los 43 decretos ambientales”, cuestionó al ser consultada por nuestro medio.
Palma agregó que las medidas concretas impulsadas por el Ejecutivo no apuntan al cumplimiento de los compromisos climáticos vigentes y citó como ejemplo el retraso en la puesta en marcha del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.
Moraga por su parte advirtió que la falta de prioridad otorgada al medio ambiente también podría tener consecuencias económicas para el país. A su juicio, Chile requiere una estrategia que compatibilice la explotación de recursos naturales con la protección de ecosistemas y comunidades.
“El equilibrio económico del país también depende de su naturaleza y ecosistemas“, afirmó, junto con recalcar que crecimiento económico y protección ambiental “no se oponen necesariamente” cuando existen políticas públicas orientadas a generar equilibrio entre ambos objetivos.
Desde FIMA, Palma coincidió en que el problema no radica únicamente en las omisiones de la Cuenta Pública, sino en una visión más profunda sobre el desarrollo. “Todos los últimos gobiernos han tenido una visión economicista de la naturaleza. El problema es cuando potenciamos narrativas donde el desarrollo es opuesto a la protección ambiental”, planteó.
La coordinadora agregó que históricamente “siempre se ha subordinado el medio ambiente a la agenda de Hacienda y Economía“, lo que, a su juicio, explica la preocupación que generan iniciativas como el plan de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.
Cambio climático
Otro de los puntos que ha generado debate corresponde a las declaraciones de la ministra Toledo respecto de la responsabilidad humana en el cambio climático, tema sobre el cual distintos científicos cuestionaron la postura de la autoridad.
Moraga sostuvo que este tipo de discursos se relacionan con corrientes políticas que han ganado espacio en diversos países, pero consideró que resultan incompatibles con la realidad chilena.
“Chile es un país vulnerable frente a los efectos del cambio climático y además tenemos un gran potencial en energías renovables y en minerales críticos para la transición energética hacia economías bajas en carbono”, afirmó.
La académica agregó que desconocer la vulnerabilidad climática del país podría afectar incluso los objetivos económicos que el Gobierno busca impulsar. “Hoy en día el cambio climático es considerado un riesgo para la actividad productiva, un riesgo para la inversión, un riesgo para el financiamiento”, advirtió.
Por su parte, Palma enfatizó que las obligaciones climáticas de Chile trascienden a los gobiernos de turno. “El Estado de Chile ha estado comprometido con las metas climáticas, más allá de los colores políticos. Por eso, más allá de las declaraciones, esperamos que las obligaciones ya asumidas por nuestro país se cumplan y se mantengan”, señaló.
La representante de ONG FIMA sostuvo que mantener esos compromisos es fundamental para resguardar la credibilidad internacional del país y aseguró que el rol de la sociedad civil será continuar exigiendo la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y el cumplimiento de las metas establecidas.
En tanto, Pilar Moraga concluyó que, aunque el cambio climático pueda haber perdido espacio dentro de las prioridades políticas del Gobierno, el país cuenta con una institucionalidad que obliga a seguir avanzando.
“Puede que deje de ser una prioridad, pero al menos tenemos un marco legal que establece metas cuyo cumplimiento se debe monitorear y reportar y, por lo tanto, pese a que no sea una prioridad, es necesario avanzar“, sentenció.