Opinión: Después de las lluvias: el desafío de las negociaciones sobre la desertificación persiste

A partir de este lunes 17 de agosto se celebra en Ulán Bator, Mongolia, la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), bajo el lema “Restaurar la tierra. Restaurar la esperanza”. Durante dos semanas, los Estados buscarán avanzar en respuestas frente a tres desafíos estrechamente vinculados: la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía.
Se trata probablemente de la menos conocida de las tres grandes convenciones ambientales adoptadas en la Cumbre de Río de 1992. Sin embargo, sus objetivos tienen una importancia evidente para Chile, un país que enfrenta una situación estructural de sequía y degradación de sus ecosistemas que las importantes lluvias de este invierno, aunque bienvenidas, no pueden resolver por sí solas.
Esta menor visibilidad tampoco resulta del todo sorprendente. El suelo ha sido históricamente uno de los componentes del medio ambiente menos considerados por el derecho y las políticas públicas. A diferencia del agua, el aire o la biodiversidad, su protección suele encontrarse dispersa entre regulaciones sectoriales y distintos instrumentos de planificación. Sin embargo, su deterioro tiene consecuencias que exceden ampliamente el suelo mismo: compromete la seguridad hídrica y alimentaria, la biodiversidad, la capacidad de adaptación al cambio climático y, en definitiva, las condiciones de vida de las personas. La magnitud del desafío es considerable: hasta un 40 % de las tierras del planeta se encuentran degradadas.
La reunión de Mongolia inaugura, además, una secuencia especialmente significativa para la gobernanza ambiental internacional. En octubre tendrá lugar, en Armenia, la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y, en noviembre, en Turquía, la COP31 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En pocos meses se reunirán así las Conferencias de las Partes de las tres denominadas Convenciones de Río.
Esta coincidencia permite recordar una de las principales debilidades de la arquitectura jurídica ambiental internacional: problemas ecológicos profundamente interdependientes siguen siendo abordados mediante regímenes jurídicos e institucionales que funcionan, en gran medida, de manera separada. Cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación de las tierras tienen causas, impactos y soluciones que se superponen, pero sus convenciones cuentan con objetivos, mecanismos de implementación, sistemas de reporte y procesos de negociación propios.
La especialización es necesaria: la complejidad de cada uno de estos fenómenos exige instituciones y conocimientos específicos. El problema aparece cuando esa especialización se transforma en fragmentación. De allí que uno de los grandes desafíos actuales sea avanzar desde la mera coexistencia de tratados hacia una implementación integrada de sus obligaciones y objetivos. La propia agenda de la COP17 reconoce esta necesidad de fortalecer las relaciones con otras convenciones internacionales y de abordar de manera conjunta la planificación frente a la aridez, la sequía y la adaptación climática.
Para Chile, esta discusión ofrece una oportunidad concreta. La Ley Marco de Cambio Climático puede transformarse en un importante punto de articulación entre compromisos internacionales que hasta ahora suelen implementarse separadamente. Sus instrumentos de gestión permiten incorporar objetivos relacionados con sequía, degradación de tierras y restauración de ecosistemas en decisiones sectoriales y territoriales.
En particular, los planes sectoriales de adaptación en materia de recursos hídricos, biodiversidad, ciudades y otros sectores, así como la incorporación de consideraciones climáticas en los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, ofrecen espacios institucionales para generar esas sinergias. La adaptación al cambio climático no puede limitarse a reaccionar frente a sus impactos: debe también contribuir a recuperar las condiciones ecológicas que hacen posible la resiliencia.
La COP17 de Mongolia recuerda así algo elemental, pero que nuestras instituciones jurídicas todavía no reflejan suficientemente: el clima, el agua, la biodiversidad y el suelo no funcionan en compartimentos separados. El desafío para el derecho es comenzar a tratarlos con la misma interdependencia con que funcionan en la naturaleza.