Columna de opinión por Rodolfo Sapiains, Eugenia Gayo y Martín Jacques
En la misma semana en que se anuncia una reducción de 59% en el presupuesto de la Subsecretaría del Medio Ambiente, con recortes que comprometen el logro de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático del país, la Región Metropolitana sufrió lluvias históricas y un aluvión con dramáticas consecuencias en San Carlos de Apoquindo. Una semana después, ocurre un nuevo fenómeno meteorológico con inundaciones y granizadas de gran magnitud en diversas zonas del país. No se trata de hechos aislados: se suman a un año marcado por eventos extremos en diversas regiones de Chile. Tal como la ciencia nacional ha establecido de forma contundente, los eventos extremos en un amplio espectro de ámbitos tienden a ser más frecuentes e intensos en condiciones de El Niño, y este escenario se exacerba con la superposición de la señal indiscutible del cambio climático de origen humano.
Coincidentemente, en estos mismos días, la duodécima versión del Termómetro de la Salud Mental ACHS-UC reveló un deterioro severo del bienestar psicológico de la población y sitúa al cambio climático entre sus principales causantes: el 54% de las personas declara sentir estrés asociado a sus efectos, 14 puntos porcentuales más que en la medición anterior.
Esta cifra no es una anomalía, sino la confirmación de una tendencia de muchos años: la crisis climática inquieta a la ciudadanía y plantea crecientes dudas sobre la capacidad de respuesta de nuestras instituciones. Por ejemplo, un estudio del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) en 2021 evidenció que el cambio climático generaba altos niveles de preocupación, tristeza, miedo y culpa en la población. El año pasado, la Encuesta PAIS 2025 (DESUC), mostró que el 69% de los chilenos proyecta que el cambio climático tendrá un impacto negativo en su calidad de vida. Otra señal aún más elocuente viene de los jóvenes: de acuerdo con el Sondeo Crisis Climática y Salud Mental del INJUV (2024), un tercio de las personas entre 15 y 29 años declaró que su preocupación por el cambio climático influencia su decisión de no querer tener hijos. Cuando una generación empieza a tomar decisiones de vida a partir de esa incertidumbre, el problema deja de ser solo ambiental. Se convierte también en un problema de confianza en las instituciones, en un horizonte de futuro desalentador.
Frente a este escenario, la política climática chilena reciente ha mostrado una persistente brecha entre compromisos asumidos y los recursos destinados a cumplirlos. Declaramos metas ambiciosas y elaboramos cientos de planes, pero no les asignamos el financiamiento necesario para implementarlos y para que así el país esté y se sienta preparado para enfrentar lo que ya está ocurriendo. Una política sin financiamiento no pasa de ser una declaración de intenciones. Mientras el debate público se concentra en identificar responsabilidades, seguimos postergando las decisiones y los recursos necesarios para enfrentar los aluviones, las sequías y las olas de calor que se multiplican, con consecuencias cada vez más graves.
Tampoco es un problema de un solo gobierno. Durante la administración anterior también se produjeron recortes al financiamiento de la investigación especializada en cambio climático, pese al reconocimiento de su importancia estratégica para el país. Esa contradicción sigue sin resolverse, y no es menor, porque la ciencia no es un lujo en esta ecuación. Es la base para anticipar riesgos, priorizar inversiones y diseñar respuestas que funcionen en nuestros territorios. Sin datos ni capacidades propias, cada peso invertido se gasta a ciegas.
La discusión presupuestaria ofrece al gobierno actual una oportunidad concreta para fortalecer la respuesta del país frente a la crisis climática, reconsiderando el recorte de 59% a la Subsecretaría del Medio Ambiente y asegurar un financiamiento estable para la investigación sobre cambio climático. Los compromisos creíbles se miden en recursos. Es hora de que las cifras estén a la altura del discurso.