Por Cecilia Ibarra, investigadora asociada del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2
La acción climática como misión orientadora de las políticas CTI
Una política pública orientada por misión es aquella que responde a objetivos nacionales. La política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) puede ponerse al servicio de asuntos prioritarios y, de manera decidida, contribuir al logro de metas en desarrollo sustentable, equidad social, seguridad y protección de la población en caso de catástrofes. En el contexto de la actual discusión en el parlamento del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, hay una meta clara en lograr la carbono neutralidad al año 2050 y mejorar la adaptación al cambio climático[1]. El proyecto de ley propone la elaboración de una Estrategia Climática de Largo Plazo que no involucra directamente a la política CTI, y asigna roles asesores a CORFO y al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Este recado[2] sostiene que, en la actualidad, la política CTI en Chile es neutra en su mayoría, y que hay un enorme potencial de lograr cambios que el país pueda valorar si se enfoca a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) orientada por un énfasis en la acción climática.
La decisión de orientar la acción pública en CTI hacia la sustentabilidad y la equidad es, naturalmente, una propuesta normativa, que podría conciliar voluntades. En el discurso público en Chile hay consenso respecto del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS[3]) y se ha planteado que la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) podría tener un rol en alcanzar estos objetivos (por ejemplo, en CNID, 2017; CNCTCI, 2019), además, la Estrategia Nacional de Cambio Climático que propone el proyecto de Ley Marco, menciona posibles roles de la CTI.
La idea de conectar la política CTI de manera explícita a objetivos de desarrollo integrales, con énfasis en la sustentabilidad y la inclusión, no es nueva. Esta propuesta ha recibido creciente atención internacional desde la crisis financiera de 2008 (Mazzucato, 2013; Edler et al., 2013, 2016) y, probablemente, tome centralidad ante la crisis de salud pública que trajo la pandemia del COVID-19. La orientación de la política pública a una misión es relevante en el contexto de la discusión sobre políticas para la transformación hacia la sustentabilidad, la transición energética, la adaptación al cambio climático y la seguridad de la población (Shot y Steinmueller, 2018). En sus discusiones recientes, la UNESCO propone tomar como misión el logro de los objetivos de desarrollo sustentable (ODS) para orientar políticas y programas CTI (Bortogaray, 2016).
Hay un creciente reconocimiento en el mundo y en Latinoamérica de la necesidad de que la política CTI vaya más allá de aumentar la competitividad en los mercados, ya que el conocimiento, el aprendizaje, la tecnología y la innovación tienen impactos más amplios que se pueden direccionar de manera explícita (Bortagaray & Gras, 2013). Además, se ha constatado que si no hay atención a la distribución de los efectos de la CTI en la sociedad, estos tienden a concentrarse en los sectores más privilegiados (Arocena & Sutz, 2012; Cozzens & Sutz, 2012; Sutz, 2010).
Se ha planteado también la importancia de que la política CTI y su valoración se vinculen a valores públicos (Bozeman, 2002; Bozeman y Sarewitz, 2011), como la equidad, la justicia social, y la seguridad frente a catástrofes. De esta manera, la innovación no se consideraría solo por su potencial económico, sino también por los cambios que puede traer a nivel social y sus consecuencias sobre la sustentabilidad ambiental y social (Smith et al., 2010).
Los ODS podrían ser un punto de partida en esta discusión normativa a la que invita el concepto de sustentabilidad y la acción climática una brújula para la política pública en CTI. Esto siempre que la acción climática considere los impactos en equidad y justicia social y ambiental, desarrollo sustentable y seguridad (por ejemplo, la seguridad alimentaria y la seguridad de la población ante catástrofes). El proyecto de Ley Marco de Cambio Climático incluye entre sus principios la equidad y la transversalidad en la acción del Estado y promueve la incorporación de consideraciones ambientales de desarrollo sustentable en los instrumentos de aplicación de la ley.
En Chile, los programas con más recursos para implementar la política CTI se concentran en dos instituciones, CORFO y ANID (antiguo CONICYT), y el financiamiento se destina principalmente a subsidiar la invención y, en su mayoría, tiene un carácter neutro, es decir, no se priorizan sectores u objetivos de desarrollo. Las pocas evaluaciones de impacto de los programas de fomento a la innovación en Chile concluyen que los logros son escasos y desarticulados entre agencias y programas (por ejemplo, Balbontín et al., 2018 y CNID, 2017). Ambas características, la orientación principal al subsidio de la inversión en investigación y en desarrollo tecnológico y el bajo impacto logrado, se observan también en otras latitudes (Edler y Faberger, 2017; Edler et al., 2013). Además, la comprensión del concepto de innovación ha sido estrecho, centrándose en la inversión en investigación y muy poco en la transferencia.
Si la política CTI toma como foco la acción climática para orientarse al logro de los ODS, puede aprovechar un gran potencial de talento y recursos para servir a objetivos prioritarios. La CTI se convertiría en un medio para aportar al logro de metas valoradas por la sociedad. El actual enfoque hacia la solución de fallas de mercado y de sistema es evaluada de manera pobre y hay importantes recursos involucrados.
El énfasis en la acción climática puede servir de guía para transformaciones profundas hacia un desarrollo sustentable tanto económico como ambiental y social; y a generar ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que apoye el progreso hacia metas de descarbonización, seguridad alimentaria y salud de la población, con justicia ambiental y social. Esto significa cambiar la valoración de la CTI como un objetivo de desarrollo en sí mismo, y promover su valor como un medio para el desarrollo económico, sustentable e inclusivo. Así, la CTI podría ayudar a resolver la histórica tensión entre cuidado del medio ambiente, crecimiento económico y bienestar social.
La discusión aquí presentada no es nueva en el discurso de política CTI en Chile. Este es un llamado a retomar hilos que han quedado discontinuados, evaluaciones que no han llegado a concretarse en cambios significativos y, sobre todo, una invitación a aprovechar la oportunidad de dar sentido a la CTI en Chile. Orientar la política CTI por misión, a los grandes objetivos del país, aprovechando toda la batería de instrumentos que tiene el Estado e involucrando a todos los sectores (agricultura, obras públicas, desarrollo social, energía, minería, etc.), es un proyecto que puede movilizar voluntades. Finalmente, ese es el asunto, lograr alinear a diversos actores hacia la solución de los grandes problemas nacionales, sin descuidar los efectos en equidad, inclusión social y seguridad. Las transformaciones necesitan dirección para que se desarrollen con justicia ambiental y social. La historia muestra que las crisis abren la puerta a lo que se pensaba imposible…
Referencias
Balbontín, R., Roeschmann, J. A., & Zahler, A. (2018). Ciencia, tecnología e innovación en Chile: Un análisis presupuestario. Santiago de Chile: DIPRES.
Bortogaray, I. (2016). Políticas de Ciencia, Tecnología, e Innovación Sustentable e Inclusiva en América Latina. Paris: UNESCO
CNIC, Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad (2007). Hacia una estrategia nacional de innovación para la competitividad, volúmen I. CNIC, Gobierno de Chile. Disponible en: http://www.cnid.cl/portfolio-items/hacia-una-estrategia-nacional-de-innovacion-vol-i/
CNID, Consejo Nacional para la Innovación y el Desarrollo (2017). Ciencias, tecnologías e innovación para un nuevo pacto de desarrollo sostenible e inclusivo. Orientaciones estratégicas de cara a 2030 tras diez años de trayectoria. CNID, Gobierno de Chile. Disponible en: http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2017/05/CTI-para-un-nuevo-pacto-de-desarrollo-CNID-2a-edicion.pdf
CNCTCI, Consejo Nacional de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación (2019). Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación para Chile. CNCTICI, Gobierno de Chile. Disponible en: http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2019/12/CTCI-para-Chile-y-Contexto-para-la-reflexion_web.pdf
CORFO (2018). Informe de Gestión 2014-2017 Programas Estratégicos Transforma. Santiago de Chile: Ministerio de Economía.
Edler, J. and Fagerberg, J. (2017). Innovation Policy: what, why and who. Oxford Review of Economic Policy, 33 (1): 2–23.
Edler, J., Cunningham, P., Gök, A., and Shapira, P. (2013). Impacts of Innovation Policy. Synthesis and Conclusion. Compendium of Evidence on the Effectiveness of Policy Innovation Intervention Project. University of Manchester and NESTA.
Klein Woolthuisa, R., Lankhuizenb, M., & Gilsing, V. (2005). A system failure framework for innovation policy design. Technovation, 25, 609–619.
Mazzucato, M. (2013). The entreprenurial state – debunking public vs. Private sector myths: Anthem Press.
Morales, L. (2011). Gabriela Mistral: Recados de la Aldea. Revista Chilena de Literatura, 1922, 203–222.
Naciones Unidas (2015). Memoria del Secretario General sobre la Labor de la Organización. Asamblea General. Documentos Oficiales, Septuagésimo período de sesiones, Suplemento nº1. Naciones Unidas, Nueva York. Disponible en: https://undocs.org/es/A/70/1
Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. Research Policy, 47(9), 1554–1567. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.08.011
Notas
[1] Proyecto de Ley ingresado al Senado de la República en enero de 2020, Boletín Nº 13.191-12, disponible en: https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13191-12
[2] “Recado” fue la denominación que Gabriela Mistral dio a un tipo de texto que apareció en periódicos latinoamericanos, entre ellos El Mercurio, y cuyo mensaje tiene sentido de urgencia (Morales, 2011). Lleva “encargos duro-tiernos para mis gentes, duros por el ímpetu de hacerse oír y tiernos por el amor de ellas”.
[3] Chile es uno de los países que se comprometieron a tomar acciones en pos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ODS (Naciones Unidas, 2015), para erradicar la pobreza, cuidar el planeta y lograr un desarrollo próspero de la humanidad al año 2030. Más sobre la Agenda 2030 y los ODS en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/