Por Eugenia Gayo
Subdirectora CR2
Departamento de Geografía – Universidad de Chile
Cada cierto tiempo vuelve la misma pregunta: ¿para qué sirve financiar investigación? Esta semana reapareció a propósito de las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien cuestionó recursos destinados a estudios que —según dijo— terminan “en un libro precioso en la biblioteca”. Más allá de la frase, la discusión que abre sí es relevante: cómo evaluamos el aporte de la investigación y qué entendemos realmente por desarrollo para el país.
Por supuesto, es legítimo exigir transparencia y buenos resultados en el uso de recursos públicos. Nadie podría estar en desacuerdo con eso. El problema aparece cuando la investigación se mide únicamente desde la lógica del retorno inmediato, como si su valor pudiera reducirse a la cantidad de empleos directos que genera o a un balance económico de corto plazo.
Porque la investigación no produce solo libros, artículos o informes. Produce capacidades. Forma especialistas, fortalece instituciones, desarrolla tecnologías y genera evidencia para tomar mejores decisiones. En Chile, eso significa contar con capacidades instaladas para enfrentar desafíos estratégicos como el cambio climático, el envejecimiento de la población, la transformación digital o la fragilidad de nuestras democracias.
Muchas veces, los impactos más importantes de la ciencia no son inmediatos ni fácilmente traducibles a una lógica de mercado. Y probablemente ahí radica precisamente su valor. Si las decisiones sobre conocimiento se hubiesen tomado históricamente bajo criterios estrictos de rentabilidad de corto plazo, es probable que hoy no contáramos con muchos de los avances que damos por obvios. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si durante el Año Geofísico Internacional -un momento decisivo para el desarrollo científico y tecnológico del siglo XX- los liderazgos de la época hubiesen pensado que investigar debía justificarse solo por su rentabilidad inmediata? Probablemente hoy tendríamos menos capacidad para comprender el planeta, anticipar riesgos o desarrollar tecnologías estratégicas. Muchas de las herramientas que hoy sostienen la seguridad, la soberanía tecnológica y la capacidad de adaptación de los países nacieron precisamente de investigaciones cuyo impacto no era evidente en el corto plazo.
Gracias a décadas de investigación acumulativa entendemos, por ejemplo, que los humedales no son terrenos “vacíos”, sino infraestructuras naturales fundamentales para regular inundaciones, proteger ciudades y mitigar los efectos del cambio climático. Sabemos también que el ciclo del agua es mucho más complejo que la idea simplificada de que “el agua se pierde en el mar”. Y entendemos que tecnologías que hoy aparecen como emblemas de innovación -como la inteligencia artificial- existen gracias a investigaciones básicas financiadas hace décadas, cuando todavía no tenían aplicaciones económicas evidentes.
La ciencia no funciona como una línea de producción industrial donde cada peso invertido retorna inmediatamente convertido en utilidades. Avanza acumulando conocimiento, formando personas y desarrollando capacidades que muchas veces muestran toda su relevancia años después. Eso no significa que no deba evaluarse. Significa, más bien, que debe evaluarse entendiendo su naturaleza y su aporte estratégico al desarrollo del país.
En un contexto donde Chile enfrenta transformaciones profundas -ambientales, sociales y tecnológicas- vale la pena preguntarse qué tipo de país queremos construir. Uno que solo financie aquello que entrega resultados inmediatos o uno capaz de invertir también en comprender sus propios desafíos antes de que se conviertan en crisis. Porque cuando un país deja de apostar por el conocimiento, no solo pierde competitividad. También pierde capacidad de anticiparse, de adaptarse y, finalmente, de imaginar futuro.