Mauricio Zambrano-Bigiarini, Hidrólogo, Académico Ingeniería Civil, Universidad de La Frontera e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)
Entre el 15 y el 20 de julio, mientras las regiones de Atacama y Coquimbo enfrentaban un gran evento hidrometeorológico, intenté responder una simple pregunta: ¿qué tan buenos fueron los pronósticos de lluvia utilizados para anticipar la emergencia?
Desde mi computador pude descargar para Chile, sin mayores dificultades, complejos pronósticos meteorológicos producidos en Europa. Copernicus permite acceder a millones de datos mediante su Climate Data Store. También obtuve estimaciones de precipitación elaboradas en Estados Unidos por la NASA, a partir de satélites y modelos que cubren todo el planeta.
Los archivos eran enormes. Contenían millones de valores distribuidos sobre una grilla, una especie de malla que cubre el territorio. A pesar de su complejidad, estos archivos estaban disponibles en servidores públicos, bien documentados y listos para ser descargados y procesados.
El problema apareció cuando intenté conseguir algo mucho más sencillo: los datos de lluvia medidos por pluviómetros instalados en Chile.
Ahí comenzó otra historia.
En lugar de una descarga rápida y completa, encontré distintos portales y visores web, archivos separados por estación y restricciones para obtener series de datos para un largo período de tiempo. Después de avanzar por varias páginas, mi análisis quedó detenido por una barrera que, en pleno 2026, es difícil de justificar.
La paradoja es evidente: hoy puede ser más fácil descargar desde Europa o Estados Unidos millones de datos estimados para todo Chile, y financiados por contribuyentes de otros países, que obtener las mediciones realizadas dentro de nuestro propio territorio por instituciones nacionales.
No se trata de un inconveniente menor para científicos impacientes. Es una debilidad del país frente a inundaciones, aluviones, sequías, incendios y otros eventos que afectan a nuestras comunidades.
Cada medición es una pequeña pieza de la memoria de nuestras cuencas.
Una hora de lluvia registrada en la cordillera puede ayudar a explicar por qué aumentó el caudal de un río. Una serie de datos de varias décadas puede mostrar si las lluvias intensas están cambiando en el tiempo. Miles de observaciones, analizadas en conjunto, pueden ayudar a mejorar un sistema de alerta temprana, el diseño de un puente o la protección de una ciudad.
La Dirección General de Aguas, la Dirección Meteorológica de Chile, la red Agromet y otras instituciones mantienen redes financiadas total o parcialmente con recursos públicos. Sus estaciones registran precipitaciones, temperatura, caudales, viento y otras variables esenciales. Estas instituciones hacen un gran trabajo recolectando datos, manteniendo las redes de medición y dando soporte a la toma de decisiones del gobierno durante la ocurrencia de eventos extremos hidrometeorológicos.
Sin embargo, para que la información recolectada sea útil de forma oportuna no basta con que exista. Debe poder encontrarse, descargarse y entenderse.
Un visor de un portal web permite mirar un gráfico. Una base de datos bien estructurada permite hacer y responder preguntas. Permite comparar estaciones, reconstruir tormentas y analizar su distribución en el tiempo y el espacio, evaluar pronósticos, estimar riesgos y comprobar si los resultados un estudio pueden ser verificados de manera independiente.
Para diseñar un puente no basta con saber cuánto llovió ayer. Se necesitan registros diarios y horarios de muchos años, junto con información sobre la ubicación de las estaciones, los instrumentos utilizados, y los controles de calidad aplicados.
Sin esos antecedentes, estimar una crecida extrema se vuelve más incierto. Una obra puede quedar subdimensionada y fallar durante una tormenta, inundando viviendas o aislando comunidades. También puede quedar sobredimensionada y consumir recursos que podrían haberse destinado a salud, educación u otras necesidades urgentes de nuestro país.
En ambos casos, es nuestra sociedad en su conjunto quien termina pagando el costo.
La dificultad de acceso también crea desigualdad. Una universidad o gran consultora con personal especializado puede desarrollar software para extraer información desde distintos sitios, unir archivos y corregir formatos. Un municipio pequeño, una oficina regional o una organización vecinal difícilmente dispone de los mismos recursos.
De esta forma, datos financiados por todos terminan siendo utilizables solo por quienes tienen tiempo, conocimientos y capacidad suficiente para superar las barreras.
Nuestra legislación establece que la información elaborada con presupuesto público es, por regla general, pública. Sin embargo, existe una gran distancia entre verla en una pantalla y recibirla en un formato rápidamente utilizable.
Una solicitud de transparencia puede resolver un caso particular, pero no reemplaza un servicio permanente. Es una fotografía de un momento: no garantiza actualizaciones, formatos estables ni la posibilidad de repetir el análisis meses después.
¿Qué debería cambiar?
En mi opinión, primero Chile necesita un estándar nacional obligatorio para registrar, almacenar y distribuir los datos hidrometeorológicos públicos. Las instituciones deberían utilizar formatos abiertos (no propietarios), metadatos claros, identificadores permanentes para las estaciones, unidades de medida comunes, zonas horarias claramente identificadas, y reglas conocidas de actualización.
Segundo, debe reconocerse que un visor web no reemplaza la descarga de los datos que lo alimentan. Si una institución puede producir un mapa o un gráfico, la base subyacente también debería estar disponible y fácilmente accesible, salvo que exista una razón legal específica para restringirla.
Tercero, se necesita poder implementar la descarga masiva de datos y servicios automáticos que permitan acceder a muchas estaciones simultáneamente y con un largo período temporal, sin repetir cientos de operaciones manuales. La tecnología existe desde hace décadas, y es utilizada diariamente por organismos internacionales.
Cuarto, los datos crudos, provisionales y validados pueden publicarse por separado. Que una medición todavía no haya pasado por una revisión definitiva no significa que no deba estar disponible. Basta con indicar su estado para que cada usuario decida cómo utilizarla.
Quinto, debemos conectar los datos con la planificación del clima y del territorio. Los planes ambientales y de infraestructura deben transparentar la información que utilizan y hacerla accesible y auditable por el público interesado.
Abrir estos datos no beneficia solamente a investigadores. Fortalece la seguridad pública, mejora la inversión estatal y reduce desigualdades entre territorios.
Cada registro de lluvia, cada serie de caudal y cada medición de temperatura puede contribuir a anticipar una inundación, mejorar un diseño, evaluar una inversión o evitar una pérdida. No facilitar su acceso no los protege, sino que solo reduce su utilidad para la sociedad.
Abrir estos datos también permitiría evaluar de mejor forma los productos que descargamos desde Copernicus, la NASA o un sin número de otras fuentes internacionales. Los satélites y modelos globales son herramientas extraordinarias, pero necesitan evaluarse contra mediciones locales. Sin observaciones accesibles y de calidad, corremos el riesgo de depender de estimaciones externas sin saber qué tan bien representan la precipitación que realmente cae sobre nuestras cuencas.
Actualmente, Chile exige que sus decisiones de adaptación al cambio climático se basen en la mejor evidencia disponible. Sin embargo, todavía no garantiza un acceso sencillo a una parte esencial de esa evidencia.
Esa contradicción debe terminar.
En un país expuesto a inundaciones, aluviones, maremotos, sequías e incendios, la información hidrometeorológica también debe entenderse como infraestructura crítica ante eventos extremos. Su valor no depende solamente de medir bien, sino también de estar disponible cuando se necesita.
Chile ya pagó por gran parte de estas estaciones, por su operación y por los datos que producen. Ahora debe asegurar que esa información pueda utilizarse de forma oportuna para proteger a quienes la financiaron.
Después de cada gran tormenta solemos preguntarnos qué falló o cómo debiésemos diseñar las nuevas obras de infraestructura. La próxima vez, antes de que comiencen las lluvias, deberíamos ser capaces de responder una pregunta todavía más básica: ¿cómo vamos a aprender, anticiparnos y tomar mejores decisiones si no tenemos disponibles todos los datos necesarios para analizar estos eventos?
Nota del editor:
Para una mejor y completa comprensión, esta columna fue modificada mediante la integración de nuevos párrafos