Columna de opinión de Antonio Lara, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile. Publicada en Ciper Chile.
En el debate actual sobre las plantaciones forestales, desarrollado en diferentes espacios de discusión y medios de comunicación, el agua nos separa y el fuego nos une. ¿Por qué? Porque la opinión sobre ambos temas presenta diferencias contrastantes. Estudios realizados por diversos investigadores e instituciones, basados en evidencias científicas, son concluyentes en demostrar que las plantaciones de pino y eucaliptus consumen más agua que los bosques nativos o los matorrales y praderas y, por lo tanto, disminuyen los caudales, especialmente en verano. Un ejemplo de estos estudios, el cual abarcó 25 cuencas entre las regiones del Maule y Los Lagos, es “Policy brief (CR)2: El impacto del bosque nativo y las plantaciones forestales en el suministro de agua en Chile”.
No obstante, las empresas forestales tienen un diagnóstico diferente. Este se refleja en un documento de su organización gremial Corma (publicado en enero de 2020), el cual plantea que, en términos de uso de agua, pinos y eucaliptus son especies forestales comparables a cualquier otra. Las extensas plantaciones (3 millones en total, concentradas en un 81% entre las regiones del Maule y La Araucanía) dominan por sobre el bosque nativo, matorrales o praderas, en zonas donde hay población rural o pequeños asentamientos urbanos que requieren agua potable. Una parte importante de este abastecimiento es realizado por Comités de Agua Potable Rural (APR), los cuales se alimentan de cuencas que en muchos casos están cubiertas de plantaciones que pertenecen, precisamente, a empresas forestales.
Entre las regiones nombradas, hay 770.000 personas que son provistas de agua gracias a los 945 comités APR existentes, que representan aproximadamente al 40% de usuarios y Comités APR a nivel nacional, lo cual subraya su importancia.
En las últimas dos décadas, las dificultades de abastecimiento de agua potable rural en estas regiones se explican, en parte, por la disminución de caudales y niveles de las napas freáticas que abastecen a los pozos. Esto último se debe a la expansión de las plantaciones, la disminución de las precipitaciones a causa del cambio climático, y el aumento de la demanda de agua. Las plantaciones, además, disminuyen la calidad del agua debido a las talas rasas recurrentes. Lo anterior ha requerido la intervención de los municipios y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del interior (Onemi) en amplios sectores, para abastecer agua potable mediante camiones aljibe. El 51% de este tipo de reparto de agua, que ha abarcado desde las regiones de Coquimbo a Los Lagos, se ha efectuado entre las regiones del Maule y Bío Bío, las que concentran el 60% de las plantaciones, aunque no son las que presentan mayor aridez ni densidad de población (vea el informe “La megasequía 2010-2019: Una lección para el futuro”).
En el caso del agua, los intereses de las empresas son diferentes a los de los comités APR y de la población en general, siendo la producción de madera para las plantas de celulosa y otros productos el principal objetivo de las compañías. Se provoca, entonces, una asimetría en la toma de decisiones respecto del agua, ya que las empresas aparecen como ganadoras, pues su fin es maximizar sus utilidades provenientes de la madera y solo se preocupan por el agua en la medida en que las comunidades locales o los APR reclamen. Pierden, en cambio, todos los usuarios del agua, quienes deben sobrellevar la carga de la escasez de este recurso.
Además, los consumidores locales se benefician limitadamente con esta industria, pues la mano de obra es altamente especializada y generalmente proviene de otras zonas. La tarea y los costos de abastecer de agua a las poblaciones, entonces, se traspasa al gobierno, quien la distribuye en camiones aljibe, una solución que no aborda el fondo del problema.
Por otra parte, tenemos los incendios forestales, los cuales en más de un 99% son de origen antrópico (causados por las personas). Estos eventos representan una pérdida rápida para todos/as, y cuando ocurren, el conjunto de los ciudadanos somos testigos de impactantes imágenes de humo y llamas, incluso cómo el cielo de las ciudades se torna más oscuro y rojizo. Existe un acuerdo total: los incendios son indeseables y traen grandes pérdidas. La más grave es la pérdida de la vida humana, o bien, las personas que resultan heridas, quienes pierden sus viviendas, sus pertenencias, sus medios de producción, las plantaciones, aserraderos, los bosques nativos, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y un largo etc.
Esto ha obligado al Estado a crear un sólido programa de prevención y control de incendios en la CONAF, así como lineamientos de las empresas forestales, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos, la Onemi e, incluso, con comunidades organizadas, para formar un sistema coordinado con una alta capacidad de combatir los incendios y su costo millonario. Al margen de esto, existen estadísticas detalladas a cargo de CONAF –las cuales son ampliamente aceptadas– y productos generados por imágenes satelitales en que los incendios son mapeados casi en tiempo real.
Las cifras de la CONAF evidencian que las plantaciones forestales de pinos y eucaliptus, altamente inflamables, son el tipo de vegetación que porcentualmente ha aumentado más su área quemada cada año. Adicionalmente, representan el 50% del área de los megaincendios, es decir, aquellos que consumen más de 10.000 hectáreas. Entre 1985 y 2018, este tipo de eventos han quemado 444.000 hectáreas en Chile (ver informe “Incendios en Chile: causas, impactos y resiliencia”).
Por lo tanto, en el caso de los incendios forestales (a diferencia de la provisión de agua abordada previamente) no hay intereses contrapuestos, sino un alto grado de acuerdo entre los actores involucrados, lo cual es la base para la existencia de un sistema de detección y combate bien coordinado y sincronizado, capaz de reducir el área quemada y sus efectos negativos.
Por otra parte, ha ido ganando aceptación la evidencia de que la homogeneidad de los paisajes, con plantaciones extensas y continuas, promueve la propagación de los incendios y el área que afectan. Por lo mismo, hay consenso en que se requiere avanzar hacia paisajes más heterogéneos, que mezclen diferentes usos del suelo (por ejemplo, plantaciones forestales, bosques nativos, praderas, matorrales).
Para movernos hacia paisajes más heterogéneos es necesaria la restauración de las áreas cercanas a los cursos de agua (reconocidos por ley como bosques de conservación) o en las cuencas proveedoras de agua a los APR, las cuales pueden considerarse como prioritarias, existiendo investigación y experiencia en Chile desarrollada en los últimos 15 años que así lo indica. Esta restauración requeriría el reemplazo de una parte de las plantaciones por bosque nativo, especialmente en las áreas indicadas, lo que permitiría aumentar la provisión de agua y la regulación de caudales, a la vez que reduciría las áreas potencialmente afectadas por incendios. Claramente todos/as ganaríamos con esta opción.
Una mirada hacia el futuro permite cierto optimismo. Ante la COP25, Chile se comprometió a una meta de restauración a escala de paisaje de 1 millón de hectáreas. Por otra parte, la asunción de los gobernadores electos permite que la Ley de Ordenamiento Territorial de 2005 se haga vinculante y comience a ser aplicada al paisaje y las cuencas que lo integran. El desarrollo de nuevos acuerdos entre algunos comités APR con empresas forestales, y con otros propietarios de las cuencas abastecedoras, también son medidas relevantes.
Por último, el proceso constituyente, que cuenta con un amplio respaldo, ha tomado nota de la preocupación de la ciudadanía frente a la escasez de agua y el aumento de los incendios forestales. Debemos apoyar una Constitución que asegure la protección de la naturaleza por su valor intrínseco y por los servicios que presta a las personas, entre los cuales la provisión de agua es fundamental.
También debemos promover un Estado con más atribuciones y capacidades para ejercer una mayor regulación y una concepción que integre el uso de la tierra y el agua, y el reconocimiento de las cuencas como unidades esenciales para la planificación y la toma de decisiones. Esto no existe en la carta magna ni en la legislación que hoy están vigentes.
El debate y la construcción de las diferentes acciones planteadas permitirán movernos en diferentes escalas de tiempo y magnitud hacia una condición en que tanto el agua como el fuego nos unan.