Columna de opinión de Carlos Zamorano-Elgueta, Alejandro Miranda, Antonio Lara y René Garreaud publicada en El Mostrador.
Recientemente el Gobierno renunció a organizar la COP25 en Chile como consecuencia de la crisis social que irrumpió con fuerza en nuestra cotidianidad a mediados de octubre. Las legítimas demandas sociales derivaron en masivas manifestaciones, algunas de las cuales fueron severamente reprimidas.
En este contexto, el término “Chile en llamas” ha sido recurrente para describir en todo el mundo la actual situación política y social, en la cual han sido comunes los incendios en infraestructura pública y privada.
En paralelo, los incendios forestales, 99% de los cuales se originan por acción humana, han tenido un dramático incremento, debido a diversos factores que favorecen su ocurrencia y potencial impacto, como la prolongada megasequía que afecta a gran parte del país desde hace varios años (1), y un homogéneo paisaje dominado por tres millones de hectáreas de plantaciones altamente inflamables de pino y eucaliptos (2).
Los incendios en Chile se circunscriben principalmente a las regiones de Valparaíso y Los Lagos, dentro de una de las áreas que han sido definidas como prioritarias para la conservación de la diversidad mundial (3), dada su excepcional tasa de especies de flora y fauna endémicas (es decir, que solo habitan en esta parte del mundo), las cuales aún subsisten en fragmentos de bosques y de vegetación nativa que se distribuyen en medio de estas plantaciones.
Las precipitaciones fueron extremadamente escasas durante el reciente invierno, mientras que la estación seca ya ha comenzado y las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas. Estas condiciones climáticas extremas, sumadas a la actual crisis y sus múltiples dimensiones sociales, políticas e institucionales, derivan en una conjugación perfecta para incendios de proporciones catastróficas.
A la fecha, la superficie afectada por incendios en Chile central ya supera casi en cuatro veces el área quemada en comparación al año anterior, los cuales solo en Valparaíso han destruido más de 200 casas.
Dos semanas antes del estallido social, el Gobierno anunció un plan de “prevención y combate de incendios forestales”, con una inversión público-privada que supera los 180 millones de dólares, principalmente para la compra de tecnología y equipamiento.
Sin embargo, la efectividad de este plan en la prevención de incendios es incierta bajo el actual contexto climático y social. Las pocas o nulas restricciones territoriales a la expansión de usos del suelo propensos a la generación de grandes incendios acentúan el problema, ya que por el contrario se promueven. La planificación territorial orientada a disminuir el riesgo de incendios puede ayudar a prever escenarios de incapacidad institucional o condiciones climáticas extremas en donde el combate es ineficaz.
El actual escenario podría derivar en un ciclo de desastres socioecológicos, con un incremento de la desigualdad y conflictos sociales, con enormes daños a la economía del país, y en la pérdida de gran parte de nuestro aún extraordinario patrimonio natural. Ello además sería acentuado por la falta de una planificación adecuada para la restauración postincendio de los ecosistemas afectados, la cual necesariamente se debe basar en la heterogeneidad y la diversidad tan propias de nuestros territorios.
(1) R. Urrutia-Jalabert, M. González, A. González-Reyes, A. Lara, R. Garreaud 2018. Climate variability and forest fires in central and south-central Chile. Ecosphere. Doi: https://doi.org/10.1002/ecs2.2171
(2) A. Lara, R. Urrutia-Jalabert, R. Reyes, M. González, A. Miranda, A. Altamirano, C. Zamorano-Elgueta, en Informe País. Estado del medioambiente en Chile. Centro de Análisis de Políticas Públicas, Ed. (Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. Santiago, Chile, ed. 1, 2019), cap. 3
(3) Myers, N., Mittermeler, R. A., Mittermeler, C. G., da Fonseca, G. A. B., Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403, 853–858