“Los glaciares no son cubitos de hielo aislados del paisaje”: la cuestionada tramitación de la ley de glaciares y el otro proyecto que podría reflotar (Ladera Sur)

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Diversas han sido las reacciones por la sesión sobre el proyecto de ley de protección de glaciares en la Comisión de Minería y Energía del Senado. La principal controversia se originó por los artículos que admiten actividades en ambientes periglaciares y permafrost, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Para los expertos, no se ha considerado la real complejidad de los glaciares y sus entornos. Paralelo a ello, existe otro proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir los derechos de aprovechamiento sobre los glaciares. Dado que esta iniciativa está más avanzada en su tramitación, se cree que podría reflotar pronto.

Por Paula Diaz Levi

Durante 15 años se ha intentado incluir a los glaciares en la agenda legislativa, mientras un proyecto de ley presentado en 2018 durmió cerca de dos años y medio en la tabla de la Comisión de Minería y Energía del Senado, pese a que inicialmente debía revisarse en un plazo de 30 días.

Por ello no son de extrañar las expectativas y diversas reacciones que han surgido estos días, luego de que se realizara el pasado 26 de mayo la última sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado sobre la Ley de Protección de Glaciares (boletín 11876-12), presentada en 2018 por el senador Guido Girardi. La iniciativa pasará próximamente a la comisión de Medio Ambiente del Senado, aunque sin librarse de cuestionamientos por parte de la ciudadanía y expertos.

“Todo indica que la tramitación del proyecto ha sido excesivamente demorada para poder encontrar más artilugios mediáticos o legales. Asimismo, esta dilación ha permitido una peligrosa presión corporativa que ha torcido el brazo de los políticos, que pareciese no oyen a la ciencia ni al pueblo. Sería bueno que recuerden que una buena parte del reclamo del estallido social, y que luego quedó demostrado en las urnas, tiene base socio-ambiental”, sostiene Sebastián Crespo, investigador y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), quien ha sido asesor científico en este proceso.

La principal controversia surgió por la aprobación de los artículos sexto y séptimo, que establecen que los proyectos o actividades que se ejecuten en el ambiente periglaciar (entorno próximo a los glaciares) y en el permafrost (capa de suelo con o sin hielo que permanece por debajo de los 0°C) deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que en definitiva permitiría la intervención en una parte del complejo ecosistema glaciar.

“La polémica radica con los artículos 6 y 7 sobre las actividades que se pueden realizar en el ambiente periglaciar y permafrost, en donde la propuesta de la mesa técnica permite su intervención, colocando condiciones a la industria minera, a través del sistema de estudio de impacto ambiental, lo que es más débil que una protección total”, explica Pamela Poo, politóloga y encargada de Políticas Públicas e Incidencia de la organización Chile Sustentable.

Crespo, quien también es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y del Centro de Acción Climática CAC-PUCV, agrega que “hasta ahora el proyecto ha conseguido proteger a las crioformas de una manera muy limitada, no ha conseguido proteger verdaderamente al entorno glacial que permite su sustentación y equilibrio. Los glaciares no son cubitos de hielo aislados del resto del paisaje. Los glaciares, el permafrost y otros componentes de la criosfera constituyen sistemas complejos que interactúan con la hidrósfera, la atmósfera, la biósfera, así influenciando la experiencia humana de una forma multifacética”.

La relevancia de lo anterior radica – en términos muy generales – en que las faenas en el entorno glaciar y permafrost podrían desencadenar diversas alteraciones en las condiciones (micro)climáticas, hídricas y en el albedo de los glaciares por la contaminación con material particulado, impactando de distintas maneras este complejo y sensible sistema.

La cordillera de los Andes, por ejemplo, presenta un alto grado de fracturación de rocas que convierte a los suelos de los ambientes adyacentes en verdaderas “esponjas” que captan agua. En ese sentido, el agua de los glaciares se infiltra y recarga las aguas subterráneas a través de acuíferos fracturados, por lo que la intervención del entorno glacial podría afectar irreparablemente la dinámica de dichas fuentes hídricas, al igual que el grado de insolación, el equilibrio térmico y las laderas que abastecen a un glaciar de avalanchas de nieve y rocas.

Un ejemplo se ve en localidades como San Felipe (Región de Valparaíso), donde gran parte del agua subterránea se recarga, precisamente, en las zonas periglaciares que están en altura.

Dicho en términos simples, todo lo que ocurra en el entorno glacial influirá directa e ineludiblemente en los glaciares, y esto afectará a la población “aguas abajo”.

Por otro lado, entre los demás artículos aprobados por la comisión del Senado, destaca el artículo tercero que establece la naturaleza jurídica de los glaciares como bien nacional de uso público, y como inapropiables y no concesionables. “Hoy en día tú tienes que, si los glaciares están dentro de un predio, yo perfectamente podría destruirlo, o incluso te podrían dar un derecho de aprovechamiento de agua sobre un glaciar”, ejemplifica Poo.

Se suma el artículo cuarto donde se establece un inventario de glaciares; y el quinto que instaura la prohibición de todas las actividades en glaciares, salvo aquellas destinadas a la investigación científica, turismo, actividades deportivas sustentables, y a la prevención de riesgos a la población.

No obstante, la discusión sobre este tema a nivel nacional también se ha centrado en las acciones corporativas y comunicacionales de la industria minera, como la carta que envió Codelco a la comisión de Minería y Energía del Senado, señalando que de aprobarse la ley vería afectada el 40% de su producción.

Crespo y Poo coinciden en que esto constituye una “campaña del terror”.

Para la politóloga, “la política del terror que ocupan las mineras es lo que han hecho siempre durante estos 15 años, periodo en el cual todavía no logramos tener una legislación al respecto. Creo que seguir en esa política de que ‘nos vamos a ir’ y que ‘no vamos a poder seguir haciendo esta actividad’, es bien deplorable, porque no hay planeta B. Imagínate que hay mineras que actualmente dejan descartes sobre glaciares. Si tú me dices que eso no lo puedes modificar, porque te sale un poco más caro, me parece impresentable”.

Por su parte, el científico de la PUCV cuestiona la falta de preparación y adaptación de la industria minera.

“La industria minera en Australia, Sudáfrica, Canadá, etc. se desarrolla en cotas altitudinales mucho menores que la minería chilena, entonces las faenas mineras pueden migrar a zonas más bajas. Pueden desarrollarse en algún lugar del 99% del territorio que no afecte a ese 1% de la superficie regional que representan los glaciares y su entorno, esa mínima superficie que se halla en las alturas y que llega a contribuir con más del 60% del agua en años secos. Igualmente me pregunto por qué, si hace quince años que se debate esta ley, no proyectaron sus operaciones en zonas donde no los afecten y, peor aún, los siguieron contaminando y destruyendo conociendo perfectamente su importancia hídrica”, precisa Crespo.

Incluso, el investigador argumenta que se podría relevar el “ahorro económico” que implica la protección de estos ecosistemas, considerando que “el equivalente en agua contenido por los glaciares de Atacama al Maule, donde no hay ninguno protegido, es como mínimo de 28.5 km3, esto representa un ahorro de costo sólo por concepto de construcción de embalses de al menos 57 mil millones de dólares, más del 20% del PIB de Chile y más del doble de lo que pidió el país como préstamo al FMI en 2020 para hacer frente a la peor crisis económica de la historia global desatada por el COVID19”.

Los intentos “fallidos” y el otro proyecto que podría reflotar

Recordemos que, actualmente, los glaciares no cuentan con una ley especial. Solo tienen algún grado de resguardo en contados casos, como ocurre con la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medioambiente, que estableció que los proyectos requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental si se desarrolla en áreas de glaciares; la Convención de Washington que aplica en los parques nacionales, protegiendo de paso a los glaciares que estén dentro de los límites del área protegida; y la Ley de Bosque Nativo que prohíbe la corta, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos en una distancia de 500 metros de los glaciares.

Sin embargo, lo anterior deja a la deriva a un sinnúmero de glaciares que no reciben ningún tipo de protección, mientras continúa el desarrollo y expansión de actividades como la minería en la alta montaña, en medio de un contexto de cambio global y crisis climática.

La evidencia disponible es categórica. Por un lado, hay numerosas localidades sufriendo de la crisis hídrica y que están incluidas en los planes de la minería, tal como ocurre con Putaendo en la zona central del país. Mientras tanto, se difundió recientemente un estudio – de investigadores de la Universidad de Chile – que constató que los glaciares de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins están cada vez más vulnerables a procesos de pérdida de masa, producto del oscurecimiento del hielo y su efecto en la absorción de radiación solar, conocido como efecto albedo.

Por este y otros motivos, se han propuesto distintos proyectos de ley relativos a los glaciares, que han sido archivados y que no han logrado superar el primer trámite, tal como ocurrió con iniciativas presentadas en los años 2005, 2006, 2008 y 2014.

No obstante, existe otro proyecto de ley (boletín 11597-12), que también fue presentado en 2018 y que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. La iniciativa fue aprobada en general en julio de 2018 y fue remitida a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, con algunas indicaciones.

Su tramitación, por lo tanto, está más avanzada que la Ley de Protección de Glaciares.

Poo explica que esta iniciativa obedece a otra técnica legislativa. “Ese proyecto fue votado en la sala de la Cámara, aprobado por una amplia mayoría, se le hicieron indicaciones y volvió a la comisión. Solo le quedaría votar las indicaciones en la comisión, porque no son muchas, y despacharlo a la sala. Si la sala lo aprueba, pasaría al Senado. Sería el primer proyecto que pasaría de una sala a otra”, señala.

En concreto, el documento legal indica que el mercado del agua en Chile ya está empezando a afectar los glaciares, de la mano de empresas privadas, y establece que no podrán realizarse actividades que generen impacto significativo o daño ambiental en glaciares, zonas de glaciares y periglaciares. Además, advierte que tampoco se podrá liberar, vaciar o depositar basuras, productos químicos, material particulado, entre otros tipos de desechos.

Los autores del proyecto manifestaron en su momento que, si bien existen propuestas legislativas que buscan proteger los glaciares de forma íntegra y más completa, sumado al consenso sobre la necesidad de prohibir el otorgamiento de derecho de aprovechamiento de aguas sobre glaciares, “no ha existido la voluntad política para convertir dichas iniciativas en leyes de la República”.

Una carrera contra el tiempo

Los “gigantes congelados”, en palabras de Crespo, contribuyen con importantes beneficios y funciones ecosistémicas, como la mantención de humedales altoandinos, la recarga de acuíferos, la regulación de caudales en épocas de sequía, y reservas hídricas estratégicas para la población. Eso solo por enumerar algunos.

La protección de los glaciares se torna así en un asunto de suma urgencia, en especial considerando que Chile central se ha visto afectado desde el año 2010 por la megasequía, siendo la más extensa, prolongada y cálida desde 1900, a lo que se suma la sobreexplotación de ecosistemas que acentúa la crisis socioambiental.

Por ello, el investigador del (CR)2 subraya que debería asegurarse la protección de la cuenca glacial y del permafrost continuo, discontinuo e insular rico en hielo.

“El cambio climático es una realidad y Chile es uno de los países más afectados. El tema hídrico es central en este escenario para la subsistencia y los glaciares forman parte central del ciclo hidrológico en los ríos de Chile. No proteger a los glaciares debidamente implica no estar entendiendo la magnitud de los efectos que el cambio climático impondrá ni la fortuna que se tiene de poder mitigar esos efectos con estas magníficas esculturas de hielo que entregan más agua cuando más se necesita”, remata.

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