El centro de investigación adscrito a la Universidad de Chile congregó a representantes de Naciones Unidas, la academia, el gobierno y la sociedad civil en una mesa de conversación realizada en el marco del Día de la Gobernanza y la Legislación Climática en la COP22.
Por Nicole Tondreau Lira, desde Marrakech.
Con foco en la implementación legal del acuerdo climático de París, este viernes 11 de noviembre se realizó en Marrakech, Marruecos, la segunda versión del Día de la Gobernanza y la Legislación Climática, organizada por el Centro de derecho internacional para el desarrollo sostenible (CISDL, por sus siglas en inglés).
El evento tuvo lugar en la Universidad Privada de Marrakech y convocó a autoridades legislativas, de medio ambiente y miembros de la comunidad del derecho internacional que se encuentran reunidos en la vigésimo segunda Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático COP22.
Junto con organizar el panel «Límites de las políticas de adaptación a nivel regional y local», el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 presentó los resultados preliminares del estudio sobre “Marco Legal e Institucional de la Adaptación a Nivel Regional y Local en Chile”, obtenidas por el equipo legal dirigido por la investigadora principal de DH del (CR)2, Dra. Pilar Moraga. El estudio se encuentra financiado por Euroclima, cuyas contrapartes son el Ministerio de Medio Ambiente y ONU Ambiente y ejecutado junto a Paola Vasconi, en representación de Adapt-Chile.
La presidencia de la mesa estuvo a cargo del jefe del departamento de cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, Fernando Farías y participaron como expositores Gustavo Mañez, coordinador de cambio climático para América Latina y El Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente; José Félix, investigador de la Fundación Alexander Von Humboldt; Paula Ellinger, responsable de cambio climático de Fundación Avina; Sol Meckievi, asistente de investigación del (CR)2.
En la sesión se abordó la necesidad de conocer cómo se implementan medidas de adaptación en ciudades y regiones, detectar barreras, y también compartir experiencias útiles para el diseño y ejecución de políticas públicas.
Entre los resultados preliminares del estudio ejecutado por el equipo legal del (CR)2 antes mencionado, la abogada Sol Meckievi se refirió a las limitaciones de la ley orgánica sobre gobierno y administración regional, donde «incluir el cambio climático depende básicamente de la voluntad política». Además, comentó que las mayores barreras identificadas por el estudio son el financiamiento, el desarrollo de capacidades y el acceso a información sobre riesgos territoriales.
«Tener acceso a información actualizada es fundamental y eso no está ocurriendo, lo que dificulta tener planes pertinentes a la realidad de ciudades y municipios y su vulnerabilidad frente a fenómenos como sequías, olas de calor, deslizamientos, entre otros».
Para concluir, Meckievi hizo hincapié en que la estructura del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PANCC), instrumento legal de mayor jerarquía en la materia en Chile, «no ha sido impedimento para la implementación de medidas para abordar el cambio climático a nivel local, como en las estrategias de desarrollo comunitario de los municipios».
Igualmente son importantes iniciativas como la creación del Comité Regional de Cambio Climático de Valparaíso, presidido por el Intendente y conformado por la SEREMI del Medio Ambiente, representantes del Gobierno Regional, Consejo Regional, la academia y otros servicios públicos con el fin de dar cumplimiento al PANCC, instalando capacidades y desarrollando acciones en la región.
«Se estima que el costo de la adaptación al 2030 será de dos a tres veces más alto de lo esperado en algunas regiones del mundo. Pasar la barrera del financiamiento nacional y obtener recursos a nivel regional y local será fundamental », comentó Gustavo Mañez.
En la misma línea, Paula Ellinger de Fundación Avina recalcó que «un 85% de los desastres naturales son reportados en ciudades» por lo que los planes de adaptación a esta escala «deben diseñarse de manera participativa y atendiendo a los requerimientos y necesidades de sus habitantes».
