«Rebaja del impuesto a los combustibles: ¿Cómo creamos un consenso social en torno al desarrollo sostenible?» por Maisa Rojas y Daniela Benavente

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    Columna de opinión de Maisa Rojas, directora del (CR)2 y académica del Departamento de Geofísica FCFM U. de Chile, y Daniela Benavente, economista. Publicada en La Tercera.

    Un grupo de parlamentarios propuso una rebaja en 50% del impuesto específico a los combustibles durante estados de excepción constitucional, como el actual debido a la pandemia. A pesar de importantes voces expertas en contra, la iniciativa ha sido votada admisible por amplia mayoría.

    Son cuatro los argumentos principales que se han planteado en contra de esta iniciativa.

    En primer lugar, en momentos de crisis económica el Estado necesita recaudar para apoyar a la población. Por el contrario, de aprobarse esta medida, el director del SII estima en $890 mil millones (US$ 1.271 millones) la menor recaudación, un monto equivalente a 463 mil pensiones básicas solidarias, ocho veces los montos entregados por Ingreso Mínimo Garantizado desde mayo 2020, y que supera el costo de la Línea 6 de Metro.

    Segundo, esta rebaja es regresiva; asumiendo un discutible traspaso al precio, beneficiaría al 10% más rico de los hogares, el que consume 24 veces más gasolina que el 10% más pobre, según el académico de la Universidad de Chile Alejandro Tirachini.

    Un tercer argumento es que los impuestos a los combustibles permiten internalizar las externalidades negativas, como las emisiones de CO2, la contaminación atmosférica y acústica, la congestión, los tiempos de traslado, los accidentes de tránsito o incluso el daño a las calles. Ya el año 2010, el FMI sugería que el impuesto óptimo para ello en Chile debía ser un 60% más alto.

    Cuarto, para hacer frente al cambio climático, Chile se ha comprometido, en el marco del Acuerdo de París, a disminuir gradualmente sus emisiones hasta llegar a ser carbono neutral el 2050, quemando una cantidad finita de combustibles en esta década. Para ser coherente con este objetivo, se han planteado medidas en la dirección opuesta a este proyecto, como equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina (es apenas un cuarto) e incluso eliminar la devolución a camioneros.

    Con todo esto, y atendiendo a que la argumentación de este proyecto es apoyar a parte de la ciudadanía en un momento tan complejo como el actual, aparecen preguntas de fondo, por ejemplo: ¿Cómo lograr un consenso social para las necesarias transformaciones que nos permitan abordar la crisis climática y llegar a la carbono neutralidad? ¿Cómo enfrentamos problemas urgentes del presente sin hipotecar el futuro? ¿Quién se beneficia primero de los cambios tecnológicos y otras transformaciones?

    Un aspecto crucial para responderlas es tener una visión de largo plazo como Estado. Como se mencionó, esta medida se intenta justificar por la delicada situación que están viviendo transportistas y pequeños empresarios afectados por la pandemia. Sin embargo, si pensamos a largo plazo, consideramos que el Estado debería comenzar desde ahora a generar planes y políticas que fomenten la compra de autos y camiones de reparto eléctricos, puesto que tienen costos de uso y mantenimiento menores que los tradicionales a diésel. Junto con esto, debería invertir en ciclovías, ferrocarriles y el mejoramiento del transporte público, así como una rebaja de sus tarifas para incentivar su uso.

    De esta manera, Chile contribuiría al esfuerzo global de mitigación de las causas del calentamiento global mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio nacional. Las consecuencias de no actuar son la sequía crónica que ya hemos visto en los últimos 12 años, el deshielo de la cordillera, los 687 incendios del verano del año 2017 que consumieron 587 mil hectáreas de bosque o el aumento de las marejadas, por nombrar algunas.

    Recordemos: cada tonelada de CO2 que quemamos contribuye al calentamiento global y nos aleja de la posibilidad de lograr el objetivo del Acuerdo de París.