«Una Constitución para la crisis climática» por Maisa Rojas

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Columna de opinión de Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académica del Departamento de Geofísica FCFM U. de Chile. Publicada en El Mercurio.

Durante agosto, se publicó el sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas sobre las bases físicas del cambio climático. Este es el informe de mayor autoridad respecto al tema y llega a la conclusión inequívoca de que el calentamiento global actual es atribuible totalmente a la acción de los seres humanos.

En el caso de Chile, el incremento de la temperatura global producido cambios como sequías, olas de calor y condiciones meteorológicas que nos hacen propensos a incendios como los del verano de 2017. Para el futuro se proyecta que dichos eventos se hagan más frecuentes e intensos, sumándose también el peligro de incendios. Es decir, se confirma lo que hemos vivido, por ejemplo, en más de una década de megasequía en la zona centro y sur de Chile.

Muchos de los cambios experimentados son irreversibles. Irreversibles a nuestra escala de tiempo humana, en este siglo e incluso por cientos de años. El informe también indica que muchos de los efectos negativos del cambio climático pueden limitarse si se toman medidas agresivas ahora. Esta es una idea poderosa, pues significa que aún hay espacio para la acción, especialmente si consideramos que tenemos la oportunidad de plasmarla en la nueva Constitución.

El contexto del covid-19 revela innumerables coincidencias entre la crisis sanitaria y climática, que son síntomas de un problema estructural basado en la forma en que nos relacionamos como seres humanos con el medio ambiente. Podemos aprender mucho de ambas situaciones límite y también de la crisis social que nos está llevando a escribir un nuevo texto constitucional que debiese incluir al cambio climático como telón de fondo de los acontecimientos del siglo 21.

La constitución podría reconocer esta relación indisoluble entre la vida humana y la naturaleza como uno de sus principios rectores, y así asegurar que la toma de decisiones considere la preservación de este equilibrio en todo ámbito, desde lo social a lo económico. Una acción tomada al respecto por la Convención Constitucional fue declarar que la nueva Carta Magna del país deberá redactarse bajo estado de emergencia climática y ecológica, por lo que todas las discusiones del órgano deben considerar dicha situación. Ante esto, las labores de la Convención deberán desarrollarse bajo el reconocimiento de una crisis medioambiental en curso.

En dicho sentido, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 acaba de lanzar un informe sobre la gobernanza climática de los elementos (aire, agua, tierra y fuego). Una de sus conclusiones es que la gobernanza existente en Chile no es apta para hacer frente al desafío del cambio climático, por lo que propone incorporar algunos principios rectores hacia una gobernanza efectiva: acción climática justa, principio anticipatorio, enfoque territorial y socio-ecológico y, por último, el principio de buena administración.

Ad portas de unas lecciones presidenciales, también será importante que el futuro Presidente o la futura Presidenta consideren una intensificación de la acción climática. Recientemente el Senado aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático que estipula la obligación de carbono neutralidad de Chile, y que además contiene metas concretas de mitigación y adaptación. El proyecto de ley pasó a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y Diputadas y sería recomendable su aprobación a la brevedad para abordar la urgencia de la crisis climática.

El cambio climático es un factor que multiplica riesgos y amenazas. Conflictos como las migraciones y las guerras se ven intensificados con el cambio climático, e impactan desproporcionadamente a los pobres, los niños, las mujeres y los adultos mayores, es decir, a quienes se ven más afectados por situaciones de vulnerabilidad de todo tipo. También vemos que una sociedad con altos niveles de desigualdad es menos capaz de enfrentar los riesgos de múltiple crisis, incluida la climática, por lo que enfrentar la desigualdad estructural es una condición de base para crear resiliencia.

En resumen, al leer el último informe del IPCC y a la luz de la realidad nacional, debemos entender que nos encontramos en una situación de crisis. El futuro está en nuestras manos, y dependerá de las decisiones que tomemos ahora.