En una semana marcada por la alerta de incendios en diversas regiones del país, la
reciente adjudicación de fondos para Centros de Interés Nacional, dada a conocer por la
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), genera preocupación en amplios
sectores de la comunidad científica chilena.
Entre los proyectos que no resultaron beneficiados se encuentra el Centro de Ciencia
del Clima y la Resiliencia (CR2), uno de los principales referentes nacionales en
investigación interdisciplinaria sobre cambio climático, pese a contar con más de una
década de evaluaciones positivas por parte de paneles científicos internacionales. Este
centro fue dirigido en su oportunidad por la actual ministra del Medioambiente,
Maisa Rojas.
Según explica Pilar Moraga, académica de la Universidad de Chile y directora del CR2, el
resultado se enmarca en un cambio estructural de la política científica impulsado por el
actual gobierno. A diferencia de años anteriores -cuando existían “áreas prioritarias” definidas por un consejo científico, como cambio climático o cáncer-, el nuevo modelo
eliminó esa lógica y la reemplazó por un sistema de financiamiento basado en “tipologías
de proyectos”, agrupados según su vocación, como ciencia aplicada o apoyo a políticas
públicas.
Esto viene de la última actualización a la Política Nacional de Centros, realizado en
2023 por el Ministerio de Ciencia, el cual establece cambios en la tipología de
repostulación. Entre estas modificaciones se pone fin a los Centros en Áreas Prioritarias
(Fondap), cuya misión era generar conocimiento en respuesta a un problema público de
relevancia, y donde existan brechas en el desarrollo de capacidades nacionales o en
políticas públicas en el ámbito priorizado.
Los Fondap, como el CR2, para asegurar su continuidad debieron postular a los aportes
estatales para los nuevos Centros de Investigación y Desarrollo de Excelencia de
Interés del Estado, cuyo objetivo es contribuir con conocimiento generado desde la
investigación científica interdisciplinaria para el desarrollo y bienestar del país en ámbitos
de interés del Estado y las políticas públicas propuestas por los postulantes. La
pertinencia de la investigación de este tipo de centros es definida por comités de
evaluadores expertos, donde todas las propuestas compiten entre ellas de igual a igual.
“El efecto concreto de este cambio es que hoy Chile se queda sin aporte estatal para
la ciencia del clima y la resiliencia”, advierte Moraga. A su juicio, el problema no es
solo que el CR2 no haya sido adjudicado, sino que no existe un mecanismo que asegure
la continuidad de capacidades estratégicas para el país. “Antes, al menos, se
garantizaba que algún centro desarrollara investigación en áreas consideradas
prioritarias. Hoy eso ya no ocurre”, señala.
Uno de los aspectos que más desconcierto han generado es la diferencia entre las
evaluaciones obtenidas por el CR2 en las distintas etapas del proceso. De acuerdo con
Moraga, el proyecto recibió calificaciones “excelentes” por parte del panel internacional
de expertos científicos -consistente con las evaluaciones anuales que el centro ha
obtenido durante sus 13 años de existencia-, pero su puntaje final no fue suficiente tras la
revisión de un panel nacional no científico. Hasta ahora, dice, no se ha entregado
información detallada sobre los puntajes finales, el cohorte ni la brecha entre proyectos
adjudicados y no adjudicados.
Ante este escenario, el centro evalúa recurrir a un recurso de reposición, mecanismo
contemplado en las bases del concurso. “Estamos reuniendo antecedentes para definir si
corresponde impugnar el resultado”, explica la académica.
Más allá del proceso administrativo, la exclusión del CR2 abre un escenario complejo
para su continuidad. El financiamiento de un Centro de Interés Nacional alcanza los
$1.200 millones anuales, comprometidos inicialmente por cinco años y prorrogables por
otros cinco tras una evaluación positiva. Sin esos recursos, la operación del centro se
vuelve inviable en su forma actual.
“Podemos seguir trabajando en red como investigadores, pero no es posible mantener el
equipo de gestión, las plataformas tecnológicas ni los servicios climáticos sin un
financiamiento de esa magnitud”, afirma Moraga. A ello se suma la situación financiera de
las universidades que integran el CR2 —de Chile, Austral y de Concepción—, lo que
hace improbable que puedan suplir esos recursos.
El impacto, advierte, trasciende al propio centro. El CR2 ha desarrollado plataformas de
riesgo y vulnerabilidad climática a nivel local, ha apoyado la elaboración de planes
comunales y ha contribuido directamente a políticas públicas. “La pregunta de fondo es
cómo se van a reemplazar esas capacidades. El gobierno podría haber creado el
Instituto de Cambio Climático, que estuvo en carpeta, y no se hizo”, remarca
Moraga.
En ese sentido, Moraga cuestiona la coherencia de la política pública actual con la Ley
Marco de Cambio Climático, que establece que las decisiones deben basarse en la mejor
ciencia disponible. “Las autoridades debieran explicar cómo se va a cumplir ese
mandato si se desmantelan las principales capacidades científicas del país en esta
materia”, sostiene.
Mientras se define si habrá una impugnación formal, el caso reabre el debate sobre el
rumbo de la política científica en Chile y el lugar que ocupa la investigación climática
en un contexto marcado por incendios forestales, olas de calor y crecientes riesgos
ambientales.
Otras de las iniciativas que quedaron en lista de espera fueron el Centro Chileno para la
Sustentabilidad del Océano; el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Humedales y
Agua, y el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, entre otros. También el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), poniendo fin a 12
años de trabajo asociativo e interdisciplinario en ciencias sociales. En un comunicado,
COES destacó que su producción -incluyendo el Estudio Longitudinal Social de Chile
(ELSOC), observatorios, programas de formación y bases de datos- “permanecerá
disponible como bien público para el país”, subrayando que el conocimiento generado
“trasciende al propio centro” y constituye una comunidad científica madura. La no
adjudicación, señalaron, abre “un momento de reflexión institucional y colectiva”,
en el que las universidades del consorcio evaluarán cómo resguardar y proyectar el
legado del centro, reafirmando su compromiso con “una ciencia al servicio del bien
común”.
A su vez, de los centros de investigación que sí se adjudicaron fondos para su desarrollo
durante los siguiente años destacan algunos como el Centro de Investigación de Suelos
y Funciones Ecosistémicas de Chile; el Centro para el Bienestar y el Desarrollo de
Adolescentes y Niños en la Era Digital; el Centro Nacional de Investigación en Ríos,
Invasiones y Sistemas (IRIS); el Centro para el Transporte, la Logística y la
Competitividad Económica Avanzadas, y el Centro de Vigilancia, Epidemiología y Nuevas
Tecnologías para Amenazas Emergentes de Enfermedades Infecciosas.
Otro de los centros que se adjudicaron fondos es el Centro para el Avance de la
Transformación del Sistema Agroalimentario, comandado por las universidades Andrés
Bello y de Talca. El rector de esta última, Carlos Torres, reconoce que esto “cumple uno
de los anhelos institucionales de participación en proyectos de gran envergadura, que
dotan de un financiamiento de largo plazo”.
También lograron renovar su financiamiento el Centro de Investigación Interdisciplinaria
sobre Riesgo de Desastres, Resiliencia y Recuperación (CIGIDEN R+); el Centro de
Investigación en Energía Solar (SERC Chile) y el Centro de Desarrollo Urbano
Sustentable (Cedeus).
Esta, además, no es la primera vez en el año que ANID está bajo la lupa. En junio, una
reevaluación de fondos para Institutos Milenio golpeó a dos grandes centros científicos
del país -Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería y el Instituto Chileno de
Astrofísica (MAS)-, dejándolos sin recursos, y puso el foco en la entonces ministra de
Ciencia, Aisén Etcheverry. | Leer en La Tercera.