Desde la organización indagan sobre la importancia de generar más y mejor política pública en torno a la creación de instrumentos de gestión y gobernanza del agua, pero también respecto de una mayor protección del ambiente glaciar y periglaciar.
Estos 21 y 22 de marzo el calendario internacional conmemora el Día Mundial de los Glaciares y el Día Mundial del Agua, respectivamente. Fechas fundamentales para reflexionar sobre los múltiples desafíos que enfrentamos en materia de conservación y protección, en el caso de los cuerpos de hielo, y de gestión y gobernanza del agua, en el marco de una crisis climática que exige respuestas urgentes.
Según reportes del World Resources Institute, Chile se sitúa en el puesto 16 de los países con mayor estrés hídrico, siendo el único del continente dentro de esos rangos; este reporte además advierte que el país podría quedarse sin suministro de agua potable para 2050.
Un problema, que según ha reportado la comunidad científica, no se explica sólo por la falta de precipitaciones: el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), en su Informe de Seguridad Hídrica, identificó como factores críticos la deficiente gobernanza, la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de las fuentes de agua; en la misma línea, Fundación Chile estimó que al menos un 44% de los problemas hídricos del país se originan en falencias de gestión institucional antes que en causas climáticas, debido a la falta de coordinación, la baja fiscalización y la presión creciente sobre las cuencas.
Para Silvana Espinosa, experta en Ecosistemas y Clima de Greenpeace, efectivamente el país enfrenta un problema grave de gobernanza del agua, la que no está avanzando al ritmo que la protección de este bien requiere. “Vemos que si bien nuestro país está desafiado por sus condiciones geográficas y climáticas, el mayor riesgo que enfrentamos no radica en esas condiciones, sino en la falta de acción de nuestras autoridades en esta materia”, explica.
A este problema, se suma el retroceso acelerado de los glaciares; sin ir más lejos, un reporte conjunto del Instituto Federal Suizo de Investigación de Bosques, Nieve y Paisaje (WSL) el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA) y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas de Chile, concluyeron que si una sequía como la actual afecta al país en el año 2100, los grandes glaciares en el centro de Chile y Argentina, solo podrán contribuir con la mitad de agua que ahora, ya que habrán perdido entre el 50 y el 80% de su actual volumen.
“A la fecha, en la zona central del país algunos glaciares han disminuido su extensión en más de un 50% en las últimas décadas, junto con la reducción en las precipitaciones y el deterioro de la cobertura vegetal, están afectando la disponibilidad de agua a largo plazo. Este retroceso no sólo impacta el acceso al agua potable de la mayor cantidad de la población del país hoy, sino que también compromete seriamente el acceso al recurso en unos años más, además de su grave impacto en el estado de la biodiversidad”, comenta la experta.
Protección legal
Lamentablemente, la protección de los glaciares en Chile enfrenta un vacío legal significativo. Si bien diversas normativas les otorgan cierto grado de resguardo, no existe una legislación específica que garantice su conservación.
Aunque, en las últimas dos décadas, se han impulsado diversas iniciativas para establecer un estatuto de protección para los glaciares, el ambiente periglacial y el permafrost, estos proyectos de ley han enfrentado trabas legislativas, presiones y prolongados procesos de tramitación, lo que ha llevado a muchos de ellos a ser archivados.
“Esta falta de regulación es alarmante, sobre todo considerando la crisis que enfrentamos y la importancia de los glaciares para los ecosistemas y el bienestar de las comunidades. La ausencia de una ley integral sigue siendo una deuda pendiente en la política ambiental del país”, expresa Espinosa.
En tanto, en materia de eficiencia hídrica, también hay deudas a nivel legislativo: “Ejemplo de este trabajo pendiente, es que el proyecto de ley que regula y fomenta los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales se mantiene sin actividad desde 2023, cuando estamos hablando de una materia fundamental para asegurar el uso sostenible y eficiente del agua, sobre todo en el mundo industrial”, asegura la también geógrafa de Greenpeace.
Un destino similar (el olvido) han tenido las iniciativas que buscan, por ejemplo, aumentar las penas por usurpación de aguas, el proyecto de reforma constitucional que crea las Autoridades Regionales de Gobernanza del Agua y las Cuencas, o la modificación a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para incorporar como tipología del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a aquellos proyectos que usen aguas.
“Es hora que la autoridad entienda cuál es la gravedad del problema que enfrenta el país y actúe acorde a esa urgencia. Cuesta entender que hasta el día de hoy no se priorice la gestión del agua ni la protección glaciar y periglaciar en la política pública, sobre todo por ser un país tan vulnerable en esta materia. Es hora de actuar”, puntualiza la vocera de Greenpeace. | Leer en g5noticias.cl