Mientras Chile enfrenta uno de los veranos más complejos de los últimos años —marcado por olas de calor prolongadas, sequía estructural y un riesgo creciente de incendios forestales—, una decisión administrativa amenaza con debilitar la capacidad del país para comprender y anticipar estos fenómenos. La reciente resolución de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que dejó fuera de financiamiento al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), abrió un amplio debate sobre el rumbo de la política científica nacional y el lugar que ocupa el conocimiento climático en la toma de decisiones públicas.
El CR2, con más de una década de trayectoria, se consolidó como uno de los principales espacios de investigación interdisciplinaria sobre cambio climático en Chile. Su trabajo no solo ha sido reconocido por la comunidad científica internacional, sino que ha tenido un impacto directo en políticas públicas, planificación territorial, gestión del riesgo y comunicación de la ciencia hacia la ciudadanía.
Una decisión que tensiona el vínculo entre ciencia y Estado
La exclusión del CR2 se produjo en el marco del concurso de Centros de Investigación de Interés Nacional, instancia que reemplazó a los antiguos Centros en Áreas Prioritarias (Fondap). Este cambio, introducido tras la actualización de la Política Nacional de Centros en 2023, modificó de forma sustantiva el modelo de financiamiento: se abandonó la definición explícita de áreas estratégicas —como cambio climático o salud— y se optó por una competencia transversal entre proyectos de distintas vocaciones.
En la práctica, este nuevo esquema dejó sin respaldo estatal a uno de los pocos centros dedicados de manera específica a la ciencia del clima y la resiliencia. Para su directora, Pilar Moraga, académica de la Universidad de Chile, el problema trasciende al propio CR2. “Hoy no existe ningún mecanismo que asegure la continuidad de capacidades científicas estratégicas para el país en materia climática”, advierte.
Excelencia científica sin continuidad asegurada
Durante sus 13 años de funcionamiento, el CR2 fue evaluado de manera sistemática por paneles internacionales, recibiendo calificaciones sobresalientes por su producción científica, formación de capital humano y aporte a la discusión pública. Sin embargo, en esta última convocatoria, las evaluaciones positivas del panel internacional no se tradujeron en la adjudicación final, luego de la revisión de un panel nacional cuyos criterios y ponderaciones no han sido plenamente transparentados.
Este desfase ha generado inquietud en la comunidad científica, especialmente considerando que el centro ha sido responsable del desarrollo de plataformas de servicios climáticos, bases de datos abiertas, sistemas de observación avanzada y reportes utilizados por instituciones públicas y privadas.
“Más allá del resultado del concurso, lo preocupante es la señal que se envía respecto del valor que se asigna a la evidencia científica en un contexto de crisis climática”, señalan investigadores vinculados al centro.
Impactos que van más allá de un centro de investigación
El eventual cierre operativo del CR2 —ante la ausencia de un financiamiento basal que alcanza los $1.200 millones anuales— no solo afecta a su equipo de investigadores. También pone en riesgo la continuidad de servicios climáticos, observatorios legales, plataformas de riesgo y herramientas de apoyo a municipios y gobiernos regionales, muchas de las cuales han sido claves para la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático.
Paradójicamente, dicha ley establece que las decisiones del Estado deben basarse en la mejor evidencia científica disponible. En ese sentido, diversas voces del mundo académico cuestionan cómo se espera cumplir este mandato si se debilitan las principales capacidades nacionales para generar ese conocimiento.
Un debate abierto sobre el modelo de desarrollo científico
El caso del CR2 se suma a otros episodios recientes que han puesto bajo escrutinio el sistema de financiamiento científico en Chile, incluyendo la reevaluación de recursos para institutos milenio y la exclusión de centros en áreas como océanos, humedales, recursos hídricos y cohesión social.
Para muchos investigadores, estas decisiones reflejan una tensión no resuelta entre la lógica de competencia de corto plazo y la necesidad de sostener capacidades científicas de largo aliento, especialmente en áreas críticas para el bienestar social, ambiental y económico del país.
En un escenario marcado por la intensificación de los efectos del cambio climático, la pregunta ya no es solo qué centros se financian, sino qué tipo de país se construye cuando el conocimiento deja de ser un pilar estratégico para enfrentar sus mayores desafíos. | Leer en revistaecociencias.cl