«5 años del Acuerdo de París y un llamado desperado» por José Illánes

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    Columna de opinión de José Illánes, abogado en Fernandez Barros y asistente de investigación del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. Publicada en País Circular.

    Con ocasión de la conmemoración de los 5 años de la celebración del Acuerdo de París, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a todos los líderes mundiales presentes a “declarar la emergencia climática hasta que se alcance la neutralidad de las emisiones de carbono”.

    Sin duda un llamado desesperado por parte de la máxima autoridad de Naciones Unidas, pero que sin embargo, tiene como fundamento una preocupación; esta es, que los esfuerzos comprometidos y suscritos en el Acuerdo de París no sean suficientes para alcanzar la carbono neutralidad, considerando el escaso tiempo que se tiene para tomar medidas efectivas que vayan en la senda correcta para alcanzar dicha meta al 2050.

    El objetivo, de alcanzar emisiones netas iguales a cero al año 2050, requiere de grandes esfuerzos y compromisos por parte de los Estados, pero también deben hacer un esfuerzo importante las empresas y las personas, considerando primero lo que ya se ha dicho por parte del Panel Intergubentamental de Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés), que los costos asociados a no tomar acción frente al cambio climático son mayores a los que suponen invertir en enfrentar el cambio climático de una forma efectiva.

    En el plano nacional, actualmente está en tramitación el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, ingresado por el gobierno al Senado a través del Boletín N°13191-12. En particular, se están discutiendo las indicaciones presentadas por los senadores, las cuales en total sumaron 847. Dentro de estas indicaciones, los temas que abarcaron una mayor preocupación fueron los relativos a los principios (artículo 2°) y las definiciones (artículo 3°), así como también la Estrategia Climática de Largo Plazo (artículo 5°).

    Sin perjuicio de las mayores preocupaciones existente en el Senado, y considerando la realidad de nuestro país ante el avance del cambio climático, me parece esencial avanzar en adaptación, ya que, como es expresado en los fundamentos del Proyecto de Ley Marco presentado por el gobierno, Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad establecidos por la CMNUCC, de manera que el porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero por parte de nuestro país es muy bajo en comparación a los países más desarrollados, lo cual no obsta a avanzar en la constante y progresiva reducción de los gases de efecto invernadero, a través de políticas efectivas como por ejemplo el compromiso de cierre de las termoeléctricas para el año 2030.

    Sin embargo, y en relación con lo que se ha venido comentando, surgen ciertas dudas y preocupaciones sobre cómo se implementará la futura ley de cambio climático. Si bien caeríamos en los supuestos, considerando que aún no está aprobada la ley, y que posteriormente requiere de reglamentos para efectos de su implementación, cabe decir que ya la Contraloría General de la República emitió el Informe Final N°1.048-2019 en noviembre de este año, encontrando graves falencias en la implementación del Plan de Adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario, el cual había sido suscrito en un convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente.

    De esta manera las dudas que surgen son completamente válidas, y toman una mayor significación considerando el llamado de urgencia realizado por el Secretario General de Naciones Unidas, en términos que no existe, en los actuales tiempos, margen para “errores” en la futura implementación de los planes de adaptación y mitigación al cambio climático. Para esto hay que avanzar en considerar a la ciencia como un pilar fundamental para la toma de decisiones en materia de cambio climático, instrumentos de gestión climática flexibles para poder enfrentar los cambiantes problemas, y a la vez poder desarrollar instituciones robustas permitiendo que estas funcionen, y que se ejerza un control efectivo sobre los organismos estatales encargados del desarrollo de los mencionados planes, considerando a su vez una participación transversal en la elaboración de estos.