Santiago va por su cuarto plan para limpiar el aire sin haber logrado las metas en los tres anteriores

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Si bien las medidas contribuyeron a reducir hasta en 60% las concentraciones de material particulado en dos décadas, expertos advierten que en adelante las soluciones serán cada vez más costosas. Y, además, con la norma MP 2,5, que se aplica desde 2015, habrá más episodios críticos que antes.

Por Nieves Aravena E .

Este invierno, de pocas lluvias y vientos, se encargó de recordar a los 7 millones de santiaguinos que el aire que respiran todos los días carece de una calidad adecuada para la salud humana.

El viernes último, con la preemergencia número 13 del año, se acentuó el manto gris sobre la ciudad: un reflejo de que las normas primarias de calidad del aire están sobrepasadas por los contaminantes que se emiten y los que se forman en la atmósfera por reacciones químicas.

Son más de 5 mil toneladas de material particulado cada año, que quedan atrapadas en una cuenca enmontañada y con escasa ventilación. Todos los sectores contribuyen como fuentes emisoras: el transporte (autos, buses y camiones), la industria, las casas que se calefaccionan con leña y la maquinaria de construcción y agrícola fuera de ruta, según el último inventario del Ministerio del Medio Ambiente, que ha variado desde 2005 (ver infografía).

Dos décadas en “zona saturada”

Declarada “zona saturada” en 1996 por material particulado, Santiago lleva dos décadas de intentos por salir de esta situación, con tres planes formales de descontaminación, entre 1997 y 2010. El último, aún vigente, se propuso entre sus metas reducir el material particulado MP 10, que bajó, pero no al nivel de alcanzar la norma (ver gráfico).

Ahora, el Ministerio del Medio Ambiente va por el cuarto, denominado “Santiago Respira”, con plazo hasta 2026 y exigencias mayores, porque los episodios críticos se determinan con el material particulado más fino, de 2,5 micrones (MP 2,5). “Es un plan más focalizado en el contaminante más dañino para la salud”, enfatiza el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, aunque advierte que habrá dificultades para reducirlo, porque ya se ha hecho gran parte de lo que ofrecía mayor factibilidad técnica y económica.

Además, dice, habrá más alertas, preemergencias y emergencias que antes.

Es un desafío complejo a estas alturas, reconoce Ricardo Katz, investigador asociado del Centro de Estudios Públicos (CEP), porque “ninguno de los tres planes a la fecha ha logrado cumplir sus metas, ni alcanzar la norma de calidad MP 10 ni MP 2,5”.

No obstante, destaca que entre 1989 (sin planes formales) y 2014, según datos de Medio Ambiente, los promedios anuales de MP 2,5 bajaron de 69 microgramos por metro cúbico (ug/m {+3} ) a 23,5 ug/m {+3} , más de 60%.

Pero no ha sido suficiente para alcanzar la norma y salir de la condición de “zona saturada” por contaminantes peligrosos, como el MP 10 y MP 2,5, ni atenuar altas concentraciones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre.

Ciudad que crece y “se come los avances”

El crecimiento de la ciudad y su desarrollo conllevan más emisiones “que se comen la ganancia y los avances de cada plan”, observa Katz. En 1997, por ejemplo, Santiago tenía una población de 5,8 millones y su parque automotor era de 865 mil unidades; hoy, los habitantes suman 7,1 millones y los vehículos cerca a 1,9 millones. El ingreso per cápita se elevó de US$ 5.200 a US$ 20 mil (2015).

Pero, además, el experto del CEP plantea que los planes no se cumplen porque no fijan un límite “de masa”, de niveles máximos de emisión por sectores, sino que definen normas de concentración que luego son superadas con el aumento de las actividades y el ingreso de nuevas fuentes.

Según Héctor Jorquera, de Ingeniería y Bioprocesos de la U. Católica, los planes fallan en sus metas “porque algunas medidas no son lo suficientemente intensas y otras son complejas de evaluar”. Observa que se producen distorsiones con criterios como medir emisiones en las chimeneas o ductos, con lo cual puede ocurrir que una panadería que emite poco material particulado esté en el listado que paraliza en episodios críticos, mientras una industria grande que usó tecnologías no sea afectada aunque por flujo emita grandes volúmenes de gases a la atmósfera, “mucho más que la panadería”.

Entre las medidas del plan vigente, destaca que algunas, como “cambia tu camión” -que apuntaba a bajar emisiones de MP 10-, tuvieron escasa adhesión.

El peso de la geografía y la meteorología

Otro factor que conspira contra la limpieza del aire es la condición geográfica y meteorológica, clave en los meses de invierno. “La contaminación está pegada al suelo y no se mezcla en altura. No hay vientos ni remolinos que mezclen lo que está cerca de la superficie con el aire en altura”, explica Roberto Rondanelli, investigador del Departamento del Geofísica de la U. de Chile.

Se forma una capa estable a 100 o 200 metros del suelo, que impide la salida de los contaminantes, dice. Es la “inversión térmica”, que solo en verano se rompe con las temperaturas más altas y logra elevar las partículas a alturas de 600 a 800 metros.

Esta condición de la ciudad no va a cambiar: “Aquí las emisiones tienen que ser mínimas, porque los contaminantes no se dispersan y los respiramos”, afirma Rondanelli.

Pero, además, observa Jorquera, es una situación que con el cambio climático “solo puede empeorar porque Santiago tendrá menos lluvias. Habrá que profundizar las medidas, porque se corre el riesgo de no cumplir las metas en 2026, otra vez”.

Solo 7% de estufas a leña están en el sector oriente

El nuevo plan Santiago Respira, que debutará en 2017, será exigente con emisiones del sector transporte: los buses tendrán que cumplir con tecnología Euro VI y habrá restricción permanente de dos dígitos para autos catalíticos más antiguos (hasta 2011). Las normas para industrias serán más estrictas y también para maquinarias de construcción y del agro.

Pero además debuta una de las medidas más drásticas en las viviendas: la prohibición total de uso de leña en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Patricio Pérez, investigador del Centro Meteorológico y Ambiental de la U. de Santiago, duda del efecto, porque, a diferencia de lo que plantean la autoridades, estas estufas -que suman casi 120 mil en la R.M. -no están concentradas en las comunas del sector oriente (Las Condes, Vitacura, La Reina). Un estudio reciente de la Comisión de Energía en 2014 revela que en esa área no hay más de 8 mil (el 7%), dice, “por lo tanto la mayor parte de los artefactos estaría en el sector poniente y en zonas rurales, donde no es muy realista pensar que se va a suprimir su uso si es el único medio de calefacción”.

Pérez, al igual que Katz, no cree relevante la restricción a catalíticos, que equivale a 2-3% de los viajes.

Según Héctor Jorquera, de la UC, la única forma de avanzar en cambiar conductas es imitar a los países desarrollados: “Aumentar la fiscalización y elevar las multas considerablemente”. Además, dice, se debe fiscalizar las emisiones de vehículos en la calle, no en las plantas de revisión técnica.

Para los especialistas, no se puede prohibir el uso de leña sin apoyar con subsidios la aislación térmica de las viviendas y el recambio de calefactores en zonas rurales. Además, sugieren que a los camiones también se les exija la norma Euro VI para entrar al anillo de Vespucio.

Todos los expertos coinciden en que, si se quiere alcanzar la norma de calidad del aire, las medidas serán cada vez más caras: habrá que pensar en emitir menos, con buses eléctricos, autos híbridos, uso de energías renovables (solar, geotérmica) y más tecnologías de mayor costo en las industrias.

Solo dos alertas y una preemergencia habrían sido decretadas a la fecha si se usara la norma de MP 10.El ministro Badenier dice que desde 2015 se usa la norma MP 2,5, material particulado respirable, declarado en “saturación” en 2014.

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