Sin duda, aceptar o rechazar la visión de mundo de la propuesta votada el domingo 17 de diciembre no era inocuo en lo que respectaba al futuro de los glaciares en Chile.
Por: Cristián Simonetti
En una breve pero incisiva columna de este medio, publicada el 12 de diciembre, las investigadoras del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Pilar Moraga y Roxana Bórquez, llamaron la atención sobre un aspecto crítico de la propuesta constitucional recientemente rechazada, liderada por el Partido Republicano. Aun cuando la propuesta no hacía mención directa a glaciares, dejaba implícitamente la puerta abierta para la otorgación de derechos de uso de agua contenida en ellos. De aprobarse el texto, el agua, en cualquiera de sus estados y fuentes naturales (incluyendo aquella en estado sólido, como nieve, glaciares y permafrost), sería reconocida como bien de uso público, sobre los cuales “podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de estas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos”.
Esta propuesta no solo atentaba, como bien señalan Moraga y Bórquez, con el actual Código de Aguas que prohíbe la constitución de derechos sobre glaciares y cuya reciente modificación ha sido el resultado de décadas de esfuerzos por parte de movimientos sociales, organizaciones científicas y actores políticos por proteger a los glaciares a nivel legislativo. Al mismo tiempo, el texto contrastaba radicalmente con la anterior propuesta constitucional rechazada en 2022, la cual habría hecho mención al menos 5 veces a los glaciares, garantizando su protección. De acuerdo con lo señalado en sus artículos 137 y 146: “El Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas”, quedando, por tanto, “excluidos de toda actividad minera”.
Estos artículos habrían estado informados no solo por las consignas ambientalistas del estallido social, las que reclamaban enfáticamente el cuidado de los glaciares y pedían garantías sobre el acceso humano al agua. Los artículos habrían estado informados, a su vez, por el proyecto de Ley de Protección de Glaciares aprobado en su primer trámite en la Cámara de Diputados, a solo días de rechazada la propuesta constitucional. La propuesta de ley, que reconoce a los glaciares como “ecosistemas complejos”, habría estado informada técnicamente, por su parte, por científicos expertos en el estudio de glaciares, incluyendo por quienes conforman el Panel Independiente de Investigadores en Ciencias de la Criósfera –del griego κρύος [cryos] y σφαῖρα [esfera], el primero en referencia a “frío”, “escarcha” o “hielo”–.
¿Cómo es posible que, en el transcurso de solo unos meses, dos propuestas hayan podido contrastar tan diametralmente con relación a un elemento tan definitorio del paisaje y el carácter nacional, considerando que Chile es el país del hemisferio sur con la mayor superficie glaciar del planeta, lo cual se refleja distintivamente en sus símbolos patrios? ¿Cómo es posible que estos dos pactos de convivencia hayan pasado tan rápidamente de reconocer a los glaciares como ecosistemas complejos, a reducirlos a un recurso de agua en estado sólido? Hablar de que estamos ante la coexistencia de mundos paralelos puede parecer de perogrullo. Sin embargo, pareciera ser precisamente esto a lo que las electoras y los electores se habrían enfrentado el domingo 17 de diciembre en las urnas, a saber, la necesidad de optar por formas contrastantes de ver la relación entre lo humano, los glaciares y la naturaleza en su conjunto.
La primera pareciera partir del presupuesto de que la naturaleza es pasiva y está para el aprovechamiento de lo humano, dada su supremacía en el orden de las especies. La segunda, por el contrario, partiría del presupuesto de que lo humano sería el producto de un equilibrio precario con el resto de la naturaleza, el cual estaría al borde de un posible colapso producto de la crisis ecológica.
A la hora de elegir un mundo u otro, es importante no perder de vista aspectos que brillan por su ausencia en la idea de los glaciares como bienes privatizables, omisiones que, hasta cierto punto, serían compartidas por esfuerzos que buscan proteger a los glaciares declarándolos “reservas estratégicas de agua”. Sin duda, los glaciares juegan un rol crítico en la seguridad hídrica del país. Esto considerando cómo hoy el grueso de la población, emplazada en el centro, depende de agua proveniente de su derretimiento para consumo humano y riego de cultivos en períodos secos; una situación destinada a empeorar, considerando la progresiva desertificación proyectada para la zona central por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático.
Sin embargo, los glaciares son mucho más que agua en estado sólido. Desde un punto de vista ecológico, los glaciares y su entorno cumplirían numerosas funciones ecosistémicas, como controlar el clima global, además de formar parte integral de paisajes que comunidades locales y sociedades indígenas veneran y respetan. Más aún, sin embargo, los glaciares estarían lejos de ser considerados como entidades homogéneas, es decir, como mera agua en estado sólido, a ojos de la ciencia actual. Como señalan estudios recientes en biología de la criósfera, los glaciares constituirían hoy espacios habitables, en tanto que en ellos y su entorno conviven diversas especies, incluyendo microorganismos, gusanos, algas y aves, en arreglos ecológicos heterogéneos e irrepetibles.
Sin duda, aceptar o rechazar la visión de mundo de la propuesta votada el domingo 17 no era inocuo en lo que respectaba al futuro de los glaciares en Chile. Lo importante es no olvidar que dicho mundo no es estático y acabado, sino que está en continua regeneración, lo que, independientemente del resultado, es una invitación a no bajar los brazos y a continuar abriendo caminos para el cuidado y respeto de los glaciares. Ojalá que la propuesta de Ley de Protección de Glaciares vuelva a avanzar, ahora que se cierra un nuevo proceso constitucional y con ello su debate, al menos para el Gobierno. Su aprobación permitiría avanzar en el reconocimiento de la complejidad ecológica de los glaciares, superando la protección garantizada hoy por el Código de Aguas. | Leer en El Mostrador.