- Estas agrupaciones cumplen un rol relevante a nivel rural, pues su accionar tiene como base los principios de una economía social y solidaria, y garantizan el acceso equitativo al agua.
- Nuevas normativas buscan regularizar el sector, pero de manera poco adecuada a su realidad, ya que no resguarda los lazos sociales y comunitarios propios de estas organizaciones.
- Tanto en el Código de Aguas como en el borrador de la Nueva Constitución se está proponiendo el agua cómo un bien común, visión que ya poseen estas organizaciones, por lo que se deberían fortalecer e incluir en los procesos de tomas de decisiones.
Por Chloé Nicolas-Artero, Noelia Carrasco Henríquez, Claudio Pareja, Jeannette Calvet Tapia y Gustavo Blanco
En Chile, obtener agua de la llave en domicilios rurales pocas veces depende de una empresa sanitaria privada como en el caso de las ciudades, sino que depende del esfuerzo cotidiano de personas involucradas en asociaciones vecinales, comités o cooperativas de agua potable rural. Así, estas organizaciones comunitarias cumplen un rol fundamental para responder a la demanda de agua para consumo humano de, aproximadamente, el 10 % de los habitantes del país.
El servicio de distribución que realizan parte del lugar de captación del agua hasta la conexión domiciliaria, y para administrarlo implementan una gestión comunitaria basada en principios democráticos que no persigue fines de lucro.
Hasta el momento, la escala de intervención de estas organizaciones son localidades rurales densamente pobladas, pero que no coinciden con los límites territoriales de las cuencas. Debido a esto, y considerando el contexto de cambio climático, es que estas organizaciones deberían ser protagonistas de la denominada gestión integrada de cuencas, un instrumento que podría aplicarse a futuro con la implementación de la Ley de Cambio Climático o el nuevo texto constitucional[1]. ¿Qué se entiende por este tipo de gestión? Es la coordinación del uso y del manejo de las aguas para garantizar el bienestar de la población y las actividades económicas usando como territorio base las cuencas hidrográficas (Dourojeanni et al., 2002; Azócar et al., 2022), que son las superficies terrestres sobre las cuales todos los flujos de agua circulan hacia la misma dirección: un curso de agua o al mar.
La gestión comunitaria del agua: una economía social
Las organizaciones comunitarias del agua potable se forman frente a la necesidad de un grupo de vecinos de tener una conexión domiciliaria al agua, reuniéndose para instalar redes y administrar el servicio de manera autofinanciada. En 1964 se creó, con ayuda internacional, el Programa de Agua Potable Rural, implementado desde el Ministerio de Obras Públicas, que consistía en financiar las infraestructuras básicas y ceder la administración del servicio a los habitantes beneficiarios, agrupados en asociaciones con personalidad jurídica. Así nacieron los comités de agua potable rural y las cooperativas, que se rigieron por la Ley de Junta de Vecinos y por la Ley de Cooperativas, respectivamente, y que, actualmente, se ciñen a la Ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales. Tanto en el pasado como en el presente, cuando las agrupaciones no están regularizadas (por el programa o la ley), solicitan apoyo a las municipalidades, desde donde se gestionan recursos en el Gobierno Regional, o bien desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). El grado de formalización de las organizaciones que no reciben apoyo estatal depende de la voluntad de sus miembros. Al año 2022, se estima que existen 1962 organizaciones asociadas al Programa y 315 no afiliadas (Base de datos CR2[2]).
A pesar de la diversidad técnica en el proceso de captación y entrega de agua (Figura 1), las organizaciones implementan una gestión comunitaria cuyo accionar refleja los principios de una economía social y solidaria (Coraggio, 2012). Esta consiste en implementar una gestión democrática mediante la elección de una directiva y la participación económica de los socios a través de una cuota de incorporación que respeta criterios de igualdad. Además de garantizar un acceso equitativo al agua, el objetivo de muchas organizaciones es apoyar el desarrollo social de la comunidad mediante distintas intervenciones y fomentando también la educación ambiental (Figura 2). Dependiendo de su grado de formalidad, la directiva debe también aprender e implementar las leyes laborales, tributarias, de subsidios, sanitarias, las específicas sobre agua potable rural y el Código de aguas.
Figura 1. Los procesos sociotecnológicos desde la captación hasta las viviendas. Más detalles en Pareja, Fuentes y Arriagada (2022). Imagen utilizada con permiso de los autores y la autora de la investigación citada.
Las organizaciones cuentan con recursos propios generados gracias a la tarifa que recaudan mensualmente. Se suele distinguir un cargo fijo al que se añade el consumo, cuyo precio aumenta por eslabón de forma proporcional a este. Los niveles de ingreso y morosidad varían dependiendo del número de socios, de su capacidad financiera y su nivel de consumo. Si bien el Estado apoya con la asignación de subsidios al consumo de agua, estos se entregan a destiempo, creando dificultades en la gestión y no aplican para las organizaciones no formalizadas. En distintos grados, dependiendo del tamaño y foco de la organización, la tarifa del agua permite financiar la remuneración de trabajadores, los gastos de mantenimiento de la red e incluso su ampliación. Sin embargo, no existen fondos públicos específicos destinados a todas las organizaciones para impulsar su desarrollo o fortalecimiento interno.
Figura 2. Los principios de economía social y solidaria y las actividades de las organizaciones de agua potable rural. Fuente: Elaboración propia, 2022.
Regulaciones que no consideran la dimensión social
La población rural es la primera y principal víctima de la escasez hídrica (Fragkou et al., 2022). Los pozos y las vertientes de donde se extrae agua tienden a secarse debido a factores climáticos y humanos. Por ello, las dirigentas y los dirigentes de las organizaciones cumplen una labor central en buscar soluciones para mantener la continuidad del servicio en contextos complejos.
Pese a lo anterior, tienen que lidiar con normativas cada vez más demandantes. Parte de estas provienen de la Ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales, aprobada en 2017 e implementada desde la Dirección de Obras Hidráulicas, cuyo objetivo principal es regularizar el sector y aumentar la cobertura de saneamiento en localidades rurales. Esta ley propone diversos cambios, como la fijación de tarifas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para que las organizaciones lleguen a una autonomía financiera de acuerdo con criterios establecidos por las entidades estatales. Considera también la inclusión de la SISS como entidad fiscalizadora, incitando a que se ciñan a manuales creados para estos fines y permitiendo a los usuarios realizar reclamos formales. Esta búsqueda de profesionalización y modernización (Nicolas-Artero, 2016) parece poco adecuada a las realidades rurales, puesto que no resguardan los lazos sociales y comunitarios que sostienen este tipo de organizaciones.
Por otra parte, la reforma del Código de Aguas, y el borrador de la nueva Constitución, proponen respetar el derecho humano al agua y reconocer esta última como un bien común inapropiable.
En espacios rurales, la responsabilidad de traducir estos principios en prácticas recae sobre dichas organizaciones. Por lo tanto, el fortalecimiento de la comprensión del agua como un bien común con un uso preferente para consumo humano y no para la generación de beneficios económicos, implica reflexionar sobre el rol de estas organizaciones, su inserción en las cuencas y en el manejo integrado de ellas.
Un actor central en las cuencas
Pese a la autonomía financiera de las organizaciones, se da una relación con actores estatales, privados y otros usuarios. El vínculo con el Estado suele estar asociado al apoyo financiero, ya sea para infraestructura u operaciones a través del subsidio para personas de bajos recursos. En tanto, las empresas sanitarias privadas ofrecen un seguimiento técnico y administrativo a las organizaciones adscritas al Programa[3], apoyo no exento de críticas por su inadaptación a las necesidades y realidades locales. Sin embargo, la insuficiente o limitada presencia del Estado ha llevado a que algunas organizaciones hayan construido redes de ayuda mutua, creando asociaciones gremiales a nivel comunal, regional o nacional. En otros casos, se ha observado cómo empresas privadas de sectores extractivos han ofrecido apoyo puntual a organizaciones como una política de mitigación por las externalidades negativas producidas en sus territorios.
En las últimas décadas, ante la creciente sequía y el mayor uso del agua por otros usuarios, estas organizaciones han tenido que aprender -cuando son convocadas- a ser parte de espacios de gobernanza a nivel de las cuencas hidrográficas, que son asimilables a una gestión integrada de cuencas. En estos nuevos contextos, las organizaciones han comenzado a trabajar colaborativamente con universidades o a ocupar otras formas de articulación frente a la ausencia del Estado o presión de privados. En estos espacios, también se han podido revelar las relaciones de poder que se dan a nivel de las microcuencas abastecedoras de las organizaciones, entendidas como la superficie terrestre sobre la cual los flujos de agua alimentan su punto de captación: los usuarios del agua situados aguas arriba pueden incidir sobre el abastecimiento en agua de la organización. También el vertimiento de aguas servidas de esta incide sobre los usuarios situados aguas abajo en la cuenca.
En suma, las organizaciones son centrales en la gestión de los recursos hídricos en las cuencas debido a la responsabilidad que han asumido de garantizar el acceso al agua potable a la población en el contexto de megasequía, su experiencia en la gestión comunitaria del servicio, su visión del agua como bien común, y su interdependencia con usuarios situados aguas arriba y aguas abajo en la cuenca. Por lo tanto, estas entidades deberían ser protagonistas de los futuros instrumentos de gestión integrada de cuencas.
Recomendaciones
- Reconocer y respetar que las organizaciones de agua rural ven el agua como un bien común, asegurando su inclusión y abordando la crisis hídrica de manera colectiva. Esto incluye entregar espacios de autonomía a cada organización y reconocer en su funcionamiento los principios de la economía social y solidaria.
- Fortalecer la economía social que representan y reconocer la labor no remunerada de las dirigencias, subrayando la necesidad del apoyo estatal y de pago por la tarifa justa del agua.
- Diseñar e implementar programas de apoyo público para las organizaciones que permitan fortalecer sus modos de gestión y funcionamiento.
- Incluir a las organizaciones en las herramientas de gestión integrada de cuencas. Si se desea privilegiar el derecho humano al agua y el principio del agua como bien común es importante reconocer que ello se operacionaliza, principalmente, a través de estas organizaciones. Esto incluye invitarlos, pero también facilitar su participación.
- Proteger las microcuencas que abastecen de agua estas organizaciones. Para esto es crucial comenzar a estudiar los procesos hidrogeológicos en los cuales se insertan estas agrupaciones y abandonar la mirada tecnicista centrada, principalmente, en la extracción cada vez más profunda de agua subterránea.
Referencias
Azócar, G., Billi, M. & Bórquez, R. (22 marzo 2022). Cuencas hidrográficas: el flujo del agua como delimitación territorial. El Mostrador. https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/03/22/cuencas-hidrograficas-el-flujo-del-agua-como-delimitacion-territorial/
Coraggio, J. (2012). Conocimiento y políticas públicas de economía social y solidaria: problemas y propuestas. Editorial IAEN.
Dourojeanni, A., Jouravlev, A.& Chávez, G. (2002). Gestión del agua a nivel de cuencas: teoría y práctica. CEPAL.
Fragkou, M., Monsalve-Tapia, T., Pereira-Roa, V. & Bolados-Arratia, M. (2022). Abastecimiento de agua potable por camiones aljibe durante la megasequía. Un análisis hidrosocial de la provincia de Petorca, Chile. EURE – Revista de Estudios Urbano Regionales, 48(145). 10.7764/EURE.48.145.04
Nicolas-Artero, C. (2016). Las organizaciones comunitarias de agua potable rural en América Latina: un ejemplo de economía substantiva. Polis, 15(45):165-89. 10.4067/S0718-65682016000300009
Pareja, C., Fuentes, N. & Arriagada, A. (2022). Relationships as a Basis for Safe Drinking Water Provision by Cooperatives in Rural Chile. Water, 14(3), 1–15. https://doi.org/10.3390/w14030353
Notas
[1] Nos referimos a los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en cada cuenca y los consejos de cuenca.
[2] Próximamente disponible en la web www.cr2.cl
[3] Esto cambiará con la aplicación de la Ley 20.998.