La falta de agua es el principal problema de la región que este año fue declarada en riesgo sanitario, en tanto, la solución del Gobierno para enfrentar la crisis es la construcción de plantas desaladoras.
Por: Pilar León
Siete son los embalses en la región de Coquimbo que se encuentran con menos de un 20% de su capacidad, siendo el Cogotí, ubicado en la provincia del Limarí, el primero en quedarse sin agua.
Crisis hídrica que implicó que el Gobierno anunciara en enero la construcción de plantas desaladoras para este territorio y que la Seremi de Salud decretara zona de riesgo sanitario, pues falta el recurso más básico para vivir.
De acuerdo al investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y uno de los autores del informe “Seguridad hídrica en Chile: Caracterización y perspectivas de futuro”, Juan Pablo Boisier, la escasez de agua en esta región se debe a que es una zona de muy baja disponibilidad hídrica, ya que llueve poco y la evapotranspiración es muy alta en relación a las precipitaciones.
“Entonces, lo que queda disponible para los ecosistemas y para la actividad humana es muy pequeño en el norte. A eso se suma, también, que esas zonas tienen mucha variabilidad, lo que tiene que ver con la poca precipitación, ya que es muy variable de un año para otro el agua disponible”, añadió.
Boisier explicó que además ha sido una década de mega sequía en la zona centro norte que ha impactado sobre todo a esta región. “El año pasado se rompió un poco la seguidilla de años malos con poca agua porque tuvimos buena acumulación en la cordillera, pero eso fue hasta más o menos la cuenca de Aconcagua (…) de ahí hacia el norte se rompe un poco eso y las cuencas que están hacia allá están en una condición deficitaria”.
Y agregó que “la situación es crítica, de hecho los embalses tienen menos de un 20%. Están prácticamente en cero los embalses grandes: Cogotí, La Paloma y Puclaro. En realidad están entre un 0 y 5%, de acuerdo al último informe de la DGA”.
La diputada del PC, Nathalie Castillo, coincide con el investigador y señala que también “la escasez de agua en la región de Coquimbo se debe a una política de embalses durante los gobiernos de la Concertación que generó la acumulación de recursos y que entregó disposición hídrica a los diversas juntas de vigilancia o de canalistas, que lograron tener riego. Acá tenemos además una situación de otros elementos que están fuera de la ley: hablamos de la extracción ilegal del agua y del uso indiscriminado del recurso”.
Por primera vez la región en riesgo sanitario
Debido a que el agua de los embalses es insuficiente, la Seremi de Salud de Coquimbo a través de una resolución decretó zona de riesgo sanitario en la región.
Según el documento, la escasez hídrica presenta escenarios peligrosos para la salud humana ya que genera situaciones de riesgo por consumo de agua que eventualmente podría no encontrarse apta para ello, circunstancias que demandan una vigilancia continua de los sistemas de provisión de agua potable para proteger a los habitantes de la región.
Asimismo, la resolución indica que las municipalidades junto con otras instituciones del Estado deberán implementar medidas sanitarias de mitigación, para asegurar el abastecimiento del recurso junto con su saneamiento.
“Nuestra resolución permite también fortalecer los sistemas de promoción de la salud y del cuidado del agua en la región. Por ejemplo, los niños están aprendiendo que cuando se cepillan los dientes hay que cerrar la llave, se les está enseñando a las madres que ocupen potes para lavar la loza, etc (…) la resolución fue dirigida, no sólo a grandes cosas como es la provisión de agua, sino que también va dirigida a la promoción de la salud, de cuidar este vital elemento como región porque nosotros no tenemos una cantidad de agua ilimitada”, detalló la Seremi de Salud de Coquimbo, Paola Salas.
La solución del Estado: Desaladoras para Coquimbo
Para combatir el déficit hídrico, el Gobierno anunció la construcción de plantas desaladoras para la IV Región a partir del 2024. De esta forma, el Ministerio de Obras Públicas tiene por objetivo proporcionar una fuente de agua segura para consumo humano en sus tres provincias.
No obstante, la diputada Nathalie Castillo comentó que esta inversión de 209 millones de dólares no ha estado exenta de conflictos y problemas, principalmente, desde el punto de vista ambiental y de los habitantes de la zona.
“El secano de nuestra región está hoy con problemas graves de sequía, entonces, se ha llegado a través de la ley corta que tramitamos en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputadas y Diputados a un acuerdo de que ningún tipo de obra hidráulica, ni ninguna obra de inversión del Estado, ya sea, una desaladora, un microembalse o lo que sea para captar nuevas fuentes hídricas, no prescinda de la Ley 19.300, que es la ley base de Medio Ambiente, es decir, tienen que ser sometidos al SEIA”.
Sobre la repercusiones medioambientales de las desaladoras, el académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, James Mc Phee, afirmó que “no hay ninguna acción que el ser humano emprenda que no tenga impacto ambiental, por lo tanto, lo que corresponde después es decidir cuáles son los impactos aceptables en pos de un objetivo que tiene que ver con abastecer de agua a una comunidad, a un sistema productivo”.
Para Mc Phee las desaladoras pueden ser parte de la solución en la medida que se instalen de manera inteligente.
Y explicó que en este tipo de decisiones también deben ser consideradas las comunidades. “Las cuencas tienen que tener un mecanismo de coordinación, un mecanismo de gobernanza colaborativa que dentro del marco legal existente permita que se logren acuerdos que identifiquen las oportunidades de soluciones sinérgicas y que permita entonces que los actores con menos posibilidades puedan ver subsanadas sus necesidades, y que los actores con más posibilidades puedan asumir la responsabilidad que conlleva el tener mayores recursos o mayor poderío capital”. | Leer en Diario Uchile.