Entendemos que los ciclos de política internacional son lentos, pero creemos que estas demoras no están a la altura de la emergencia climática que vivimos, ni de la contundente evidencia científica que releva el rol crucial de la agricultura como causa y potencial solución al cambio climático.
Por: Mónica Ortiz, Olga Barbosa y Eugenia Gayó
Durante las últimas dos semanas, muchas y muchos estuvimos siguiendo de cerca los resultados de las negociaciones de la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en Dubái, EAU. Esta cerró con una declaración sobre combustibles fósiles que no deja contentos a todos. Sin embargo, pocos saben que esta COP fue especial también, ya que por primera vez se relevó de manera explícita la importancia de la biodiversidad y el género como elementos transversales a la discusión del cambio climático. En este mismo contexto aparecieron otros temas muy relevantes para la sociedad, como son la agricultura y los sistemas alimentarios.
Sin embargo, las negociaciones realizadas por los representantes de los Estados no llevaron a consensuar actividades concretas para mejorar la resiliencia de la agricultura al cambio climático, que hoy afecta a la población más vulnerable, particularmente en el Sur Global. Así, 154 países, incluyendo Chile, firmaron una tibia declaración para trabajar colectiva y rápidamente en una agenda en torno a 5 objetivos, cuyo avance se revisará durante la próxima COP29 –que se llevará a cabo en Europa del Este–, para así delinear próximos pasos en la COP30 en Brasil, el 2025.
¿Por qué no hubo avances en las negociaciones? Esto ocurrió, principalmente, porque no se logró consensuar una cuestión crítica: qué significa la “implementación” de la acción climática. Los países en desarrollo expresaron la necesidad urgente de contar con un grupo de coordinación para facilitar la implementación, incluyendo talleres interactivos, transferencia tecnológica y recursos para desarrollar acciones en la agricultura y comunidades locales, que se adapten mejor a la nueva normalidad. Pero los países desarrollados, mostrándose frustrados y decepcionados, se negaron a la creación de este nuevo grupo de coordinación, indicando que involucraría más recursos y tiempo, y en su lugar propusieron la realización de talleres.
Frente a esto, enfatizamos que hace falta un plan de acción concreto. Se necesitan urgentemente recursos y gobernanza para transformar la agricultura.
Como investigadoras del Instituto de Ecología y Biodiversidad, que trabajamos en las intersecciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad y el cambio climático, acudimos esperanzadas a las negociaciones que determinarían la hoja de ruta del trabajo conjunto sobre agricultura, que ya había sido definido en el acuerdo de Sharm el-Sheikh. La agricultura lleva mucho tiempo luchando por conseguir un lugar destacado en estas conferencias sobre el clima, a pesar de su importante papel en el bienestar humano, las emisiones de gases de efecto invernadero que genera, y la adaptación urgente que necesitamos para la sobrevivencia de nuestra especie.
Entendemos que los ciclos de política internacional son lentos, pero creemos que estas demoras no están a la altura de la emergencia climática que vivimos, ni de la contundente evidencia científica que releva el rol crucial de la agricultura como causa y potencial solución al cambio climático. Esta evidencia también destaca la ineludible conexión entre biodiversidad, agua, cambio en el uso del suelo y emisiones de gases de efecto invernadero, impactando la resiliencia de las comunidades. Este enfoque ha sido precisamente el que ha tenido la investigación realizada por el Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, en los últimos 15 años.
Dicho trabajo hoy se plasma con una línea de investigación transversal que, asentada en la realidad del cambio climático, tiene por objetivo impulsar el reconocimiento de la biodiversidad como base para la agricultura y desarrollar investigación que permita implementar mejores prácticas agrícolas, e inclusión de soluciones basadas en la naturaleza, como parte del portafolio de acciones para la adaptación del sistema agroalimentario a la realidad de hoy.
Pasar de la intención a la acción es algo que ya han hecho varios sectores de la agricultura. Un número importante de viñas chilenas ha incorporado vegetación nativa dentro de sus predios, obteniendo así beneficios esenciales para la actividad agrícola, tales como: la polinización, mejoramiento de suelos, aumento de aves insectívoras y valor estético. Otro ejemplo es la organización Chile Oliva, un grupo de productores de paltas y arándanos en la Región de Los Ríos, y algunas cooperativas lecheras. Todo esto de la mano de investigación de primer nivel que se transfiere y aplica en estos predios.
Considerando estos aportes, creemos que el trabajo y las iniciativas locales deben continuar, lo que es clave para Chile. Nuestro país se define como potencia agroalimentaria y, sin duda, el cambio climático debe ser considerado en los planes a mediano y largo plazo. Lo más importante es empezar a cambiar hacia prácticas que protegen la biodiversidad, y aumentar la eficiencia del uso del agua y otros recursos. Los avances son lentísimos en las COP, por lo que el trabajo a nivel nacional y local debe compensar estas brechas. | Leer en El Mostrador.