Las cifras son alarmantes, los científicos señalan que de hace 20 años no se veían lluvias de este tipo en estas zonas de Chile, esto mientras las lluvias no cesan y las familias damnificadas siguen aumentando.
Por: Ricardo Rebolledo.
Los últimos datos entregados por el SENAPRED ayer miércoles por la tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el organismo que vino a reemplazar a la cuestionada ONEMI, revelan en números la catástrofe que hoy vive la zona centro sur de Chile entre las zonas de Valparaíso al Bio-Bio.
Según lo informado ayer por el propio director de SENAPRED, ya se cuentan 25.094 damnificadas/os, de los cuales apenas 1.448 se encuentran en albergues. Se encuentran 41.998 personas aisladas y 33.041 han evacuado.
https://twitter.com/i/status/1694512748523135284
Cifras que reflejan la catástrofe que hoy sufren miles de familias trabajadoras que ven los esfuerzos de su vida siendo arrasados por el agua, muchas de ellas que se comenzaban a levantar nuevamente de las lluvias de junio de este año que también fueron destructoras. En el mismo informe se señalaban que 24 viviendas han sido destruidas, 2.834 con daño mayor, 19.496 casas con daños menores y 1.970 en evaluación, aunque desde ya podemos dudar sobre la cantidad de casas destruidas que, ha vista de las últimas imágenes, estás podrían llegar a varios cientos, sino miles.
En entrevista a Pablo Sarricolea, académico de la U. de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, para la radio de la misma Universidad señalaba que: “En el sur hace más o menos 10 años aproximadamente, no teníamos lluvias de esta envergadura en las partes del Valle Central y la zona más baja, en cambio en Santiago, algunos señalan que lo que podría caer en estas 24 horas podría ser de hace 20 años, hace 20 años que no teníamos lluvia similares, estamos pensando en el año 2002″.
La también académica de la Chile y parte del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres (CITRID), María Victoria Soto, advirtió que “pareciera que se había olvidado que llovía, con esta situación de sequía, habíamos olvidado que los ríos, hasta los años 80 y antes de los años 80, cada invierno retomaban sus causes y esto lo vimos ahora este invierno”.
Y no será algo de los próximos años, sino como ya lo hemos estado viviendo estos últimos 10, que el cambio climático nos lleva a zig zags cada vez más violentos, como son las sequías extremas, como las que vemos en la cuarta región u ahora mismo. Para que decir internacionalmente donde cada clima de cada país se bambolea entre temperaturas extremas que terminan quemando todo e inviernos que terminan siendo verdaderas catástrofes sociales. Esto por supuesto negado por la extrema derecha que niega el cambio climático.
Extremos que también revelan el estado del resto de servicios sociales como la salud y la educación, que en estas situaciones muestran toda la precariedad en la que son mantenidos, las imágenes en internet de anegamiento de instalaciones se multiplican, servicios apenas sostenidos por sus trabajadores para poder ofrecer a la población una salud y una educación constantemente amenazada, no solo por quienes buscan seguir debilitando, sino ahora por el mismo tiempo.
Y esto mientras el gobierno que venía a ser ecologista, que se vendría ubicar contra la destrucción del medioambiente, ahora vuelve a todos los viejos postulados de los 30 años en términos de depredación, una señal clara en ese sentido fue el nombramiento de Aurora Williams en la cartera de minería, que viene a destrabar todos los proyectos de las grandes mineras, o sea todo lo contrario a proteger el medioambiente.
El gobierno prometió llegar con ayudas a los damnificados, con bonos de hasta 1,5 millones para compra de enseres de los hogares, y aportes por 1,8 millones para compra de materiales de construcción y reconstrucción, así como la construcción inmediata de 600 viviendas de emergencia. Pero la emergencia va a durar años.
Esta catástrofe deja expuesta la gran desigualdad y crisis habitacional en zonas periféricas y rurales, donde la población se asienta en los peores lugares que les dejan los grandes especuladores y terratenientes de las zonas.
Lo que se necesita es un plan de viviendas y de estructura pública financiado a través del impuesto a las grandes fortunas y organizado y gestionado por los sindicatos de trabajadores y comités de vivienda. Ante la especulación y convenios con empresas privadas y fundaciones, urge una empresa estatal de la construcción administrada por sus trabajadores y que priorice las necesidades humanas y ambientales, no por las ganancias millonarias de los empresarios. | Leer en La Izquierda Diario.