Dificultades para el futuro régimen climático mundial

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    (El Mostrador, 23 de noviembre de 2013) Columna de Opinión de Por Pilar Moraga, Investigadora del (CR)2 y del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

    Durante esta semana, se desarrolla en Varsovia la fase política de la 19 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas  sobre el Cambio Climático (COP19), con la asistencia de 134 Ministros del Medio Ambiente. Esta reunión tiene por objeto sentar las bases del futuro  régimen climático mundial que deberá adoptarse en 2015. Esto es, por una parte, determinar qué forma adoptará el instrumento internacional del cambio climático: ¿nuevo protocolo, otro instrumento o un nuevo acuerdo con fuerza legal?; y, por otra, definir el contenido de tal instrumento internacional.

     

    Tal proceso se realiza –según lo decidido en la COP17– bajo el marco de la Convención y, por ende, en el respeto de los principios fundantes del régimen climático actual. Entre ellos el “principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades”, según el cual el calentamiento global  es responsabilidad de todos los Estados, pero de manera diferenciada en razón de la contribución histórica y las capacidades para asumir obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de cada uno de ellos. En esta lógica es que se crearon dos categorías de Estados: Anexo 1 y No Anexo 1, de las cuales la primera es la que asume obligaciones en materia de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI).

     

    La mirada optimista y de liderazgo la sigue llevando la Unión Europea, que aún no renuncia a la meta de alcanzar un acuerdo multilateral en 2015, contexto en el cual Chile no declina su posición, en el sentido de trabajar por un mayor nivel de ambición, en coherencia con su compromiso de reducción de 20% de emisiones de GEI para 2020 y el desarrollo de políticas internas cada vez más profundas en materia de mitigación y adaptación.

     

    Considerando que la contribución al problema global de parte de las economías emergentes ha evolucionado, buen número de los países desarrollados y algunos países en desarrollo, como Chile, han propuesto reinterpretar dicho principio, en el sentido de establecer obligaciones de reducción de emisiones de GEI para todos. Con ello se rompería la frontera entre “países Anexo 1” y “países No Anexo 1”, en cuyo reemplazo se crearían distintos tipos de categorías de Estado en función del nivel de responsabilidad (histórica y futura), a la vulnerabilidad, capacidad y circunstancias especiales, entre otros.

     

    En este marco, el borrador de decisión de la COP 19 enfatiza en la necesidad de adoptar medidas a nivel doméstico en miras a los compromisos que se asumirán en 2015, en mitigación, adaptación, desarrollo y transferencia tecnológica, así como en el fortalecimiento de capacidades.

     

    Sin embargo, los objetivos propuestos en dicho texto político distan de la realidad interna de algunos países, cuya participación activa en la reducción de GEI es relevante para alcanzar el objetivo último de la Convención, cual es la estabilización de gases de efecto invernadero a nivel global. Por ejemplo, para países como Japón, su compromiso inicial de reducir sus emisiones de GEI en 25% en 2020 respecto de la línea de base de 1990, se altera sustancialmente luego del desastre de Fukushima, contexto en el cual se prevé más bien un aumento del 3%.

     

    Brasil, por su parte, da cuenta del aumento del nivel de deforestación, incentivado además por la nueva ley forestal. Asimismo, Australia justifica la ausencia de su Ministro de Medio Ambiente, en razón de la necesidad de asistir al parlamento australiano a defender la primera ley del nuevo gobierno de Tony Abbott, sobre la abolición de instrumentos de lucha contra el calentamiento global, entre los cuales se encuentra el impuesto al carbono. Paralelamente el gobierno australiano prevé rebajar los recursos destinados al desarrollo de las energías renovables y aumentar los subsidios destinados apoyar a las industrias contaminantes con el objeto de que éstas inviertan en tecnologías limpias. Tales medidas permitirían alcanzar una disminución del 5% de sus emisiones de CO2 al 2020, a pesar de las recomendaciones efectuadas por Climate Change Authority de ese país, que alcanzaban porcentajes del 15 o 25% al 2020. Sin embargo, el ejemplo Australiano demuestra que la sola definición y compromiso de un porcentaje no son suficientes, pues las proyecciones de GEI en ese país, pese a las políticas hasta ahora adoptadas y en elaboración, prevén un aumento entre el 8% y el 12%.

     

    La mirada optimista y de liderazgo la sigue llevando la Unión Europea, que aún no renuncia a la meta de alcanzar un acuerdo multilateral en 2015, contexto en el cual Chile no declina su posición, en el sentido de trabajar por un mayor nivel de ambición, en coherencia con su compromiso de reducción de 20% de emisiones de GEI para 2020 y el desarrollo de políticas internas cada vez más profundas en materia de mitigación y adaptación.